CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de conocerse la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU para que se esclarezca la desaparición de Jesús Israel Moreno Pérez, sus familiares y representantes legales exigieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que acate las observaciones --cuyo carácter es vinculatorio-- en apego a las obligaciones internacionales contraídas por México. En conferencia de prensa, Carlos Moreno, padre del joven desaparecido en Chacahua, Oaxaca, hace ocho años, criticó que el cambio de discurso del Ejecutivo federal respecto de las víctimas no se ha traducido en acciones que lleven a la localización de los miles de desaparecidos en el país. Tras detallar el caso y las contradicciones en la investigación por parte de las autoridades de Oaxaca, que consideran que Jesús Israel fue víctima de homicidio calificado --sin mostrar un cadáver que compruebe tal situación--, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) lo clasifica como desaparecido, sin llevar a cabo acciones concretas para su localización, Moreno señaló que si bien hay “mayor voluntad” en el gobierno de López Obrador para atender el problema de los desaparecidos, su discurso pareciera una continuidad a su campaña política. “Me preocupa la postura de López Obrador, que se ha concentrado, como otros gobiernos, en los 43 (desaparecidos de Ayotzinapa). Volvemos a caer en la simulación. (El presidente) Habla de perdonar, que dice que es su filosofía, pero no puedo perdonar, no le corresponde a él solicitarnos que perdonemos”, soltó Moreno en nombre de su familia, a quien pidió “perdón por no haber podido encontrar a Jesús Israel”. Juan Carlos Gutiérrez, director de I(DH)EAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos --organización que representó a la familia ante el Comité de la ONU--, emplazó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a pronunciarse respecto del cumplimiento cabal de la sentencia, dado que se ha mantenido en silencio y no respondió a la petición para que algún representante asistiera a la conferencia de prensa. De acuerdo con Gutiérrez, en el ámbito internacional corresponde a la SRE litigar ante los órganos de tratados, y en este caso, apuntó, la reacción del gobierno federal ha sido la misma que con Enrique Peña Nieto, solicitando la inadmisibilidad del caso en sus respuestas al Comité --el 19 de diciembre de 2018 y el 13 de marzo de este año--, bajo el argumento de que hay tres personas procesadas por el homicidio de Jesús Israel, quienes aceptaron su responsabilidad en “confesiones arrancadas con tortura”, pero hasta el momento no se ha podido demostrar el crimen. “No hay un mecanismo de cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas. Hemos insistido que la subsecretaria (de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos) Martha Delgado y el señor (Christopher) Ballinas (director general de Derechos Humanos) nos reciban, pero el Estado no ha querido sentarse con nosotros a crear un mecanismo de seguimiento real, serio, por lo que hacemos un llamado para que la Cancillería asuma que la resolución es obligatoria”, apuntó. Según Gutiérrez, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, se ha comunicado para aceptar la obligatoriedad de la resolución, sin embargo, agregó, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, hasta ahora no se ha pronunciado sobre los fallos del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que con el caso de Jesús Israel suman dos sobre desaparición de personas. En agosto pasado el Comité emitió otra resolución relacionada con la desaparición forzada del joven Christian Téllez, de Veracruz, y se espera que la próxima semana se dé a conocer el resolutivo sobre la desaparición forzada de Víctor Manuel Guajardo Rivas, caso atribuido al Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATES) de Coahuila, ocurrido en julio de 2013. El director de I(DH)EAS rechazó que al litigar casos en organismos internacionales “se esté mancillando la imagen de este gobierno”. Si bien no fue el que cometió las violaciones a derechos humanos denunciadas, dijo, tiene responsabilidad de Estado en atenderlas. En ese sentido, urgió al gobierno de López Obrador a crear un mecanismo de seguimiento a las comunicaciones de organismos internacionales. De igual manera, resaltó que I(DH)EAS ha tramitado 145 acciones urgentes ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED), sin que hasta ahora se haya dado respuesta a las comunicaciones. Finalmente, llamó a cumplir “la instrucción de aceptar la competencia del CED para casos individuales, como se comprometió el presidente el 30 de agosto”. El representante adjunto de la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas (ONU-DH), Jesús Peña, se sumó al llamado para aceptar que el CED analice casos individuales. “Desde la ONU-DH esperamos que se reconozca finalmente esa competencia, como se ha comprometido el gobierno, tanto en la aceptación de las recomendaciones del Examen Periódico Universal (EPU) como con ocasión del 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Esperamos que a la mayor brevedad se concrete”, puntualizó.