Este lunes 4 se decidirá en Londres si Julian Assange, fundador de Wikileaks, es extraditado o no a Estados Unidos, país que lo acusa de espionaje e intrusión informática. En entrevista con Proceso, Baltasar Garzón y Aitor Martínez, defensores del acusado, advierten que si se concreta la extradición del australiano, “se habría producido un daño irreparable a la libertad de prensa del mundo y, sobre todo, al derecho de acceso a la información de los ciudadanos (..) dos derechos fundamentales en democracia”.

MADRID (Proceso).- Este lunes 4 la juez británica Vanessa Baraitser dictaminará si autoriza la extradición de Julian Assange a Estados Unidos, que lo reclama por 18 delitos de espionaje e intrusión informática, lo que sentaría las bases para amordazar los principios de la libertad de prensa que sustenta derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a acceder a la información.

“Es curioso que décadas atrás se premiara a periodistas por la publicación del caso Watergate y actualmente se persiga a periodistas por publicar crímenes de guerra. La involución es evidente. Y el gravísimo precedente que podría suponer la extradición del señor Assange también lo es”, advierten los abogados Baltasar Garzón y Aitor Martínez, coordinadores de la defensa del fundador de Wikileaks, al responder a las preguntas de Proceso.

“Si finalmente se acordara esa extradición, los periodistas del mundo no se atreverían a publicar información que pudiera afectar a los intereses de los gobiernos norteamericanos, generándose un apagón informativo y por ende perdiéndose el control ciudadano.”

Los entrevistados se muestran convencidos, tal y como ha sido el hilo rector de la defensa jurídica de Assange, que el caso del australiano pone en un riesgo irreparable los derechos a la libertad de prensa en el mundo.

Explican por escrito a este semanario: Julian Assange creó Wikileaks, “cuyo valor añadido era garantizar, desde el punto de vista tecnológico, el anonimato de las fuentes (los conocidos como whistleblowers) mediante un sistema de cortafuegos de IP”.

Lo que permitía que las personas que conocen de graves violaciones a derechos humanos o casos de corrupción podían “denunciar los hechos garantizándose su anonimato y evitando represalias contra ellos. Por lo tanto, Wikileaks, como medio de comunicación, simplemente recibe información veraz de interés público. Eso jamás puede ser considerado delito, por lo que atacar esa actividad es atacar, directamente, el núcleo de la actividad periodística”.

Garzón, fundador y director de la International Legal Office for Cooperation and Development, y Martínez, miembro del despacho, consideran que si este lunes 4 se concede la extradición de Assange, “se habría producido un daño irreparable a la libertad de prensa del mundo y, sobre todo, al derecho de acceso a la información de los ciudadanos”. Se trata de “dos derechos fundamentales en democracia”, porque suponen la posibilidad de que “los medios de comunicación controlen el ejercicio del poder e informen a los ciudadanos sobre la actividad de nuestros gobernantes”.

Sin el derecho a la libertad de prensa y el derecho de acceso a la información, argumentan, “los ciudadanos dejarían de controlar a sus mandatarios y la democracia quedaría desprovista de todo control, deslizándose peligrosamente hacia un sistema autoritario fuera del control ciudadano”.

Recuerdan que la plataforma de Wikileaks publicó información veraz que exhibía gravísimos crímenes internacionales cometidos en Irak y Afganistán. En abril de 2010 Wikileaks publicó el video del 14 de julio de 2007, en el que se ve a militares de Estados Unidos disparando desde un helicóptero al reportero de Reuters, Namir Noor-Eldeen, a un ayudante y otras nueve personas, siendo que ninguno de ellos hizo amago alguno contra las tropas ­estadunidenses.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2305 de la revista Proceso, ya en circulación.