A finales del año pasado Fonatur trató de licitar un contrato para “generar inteligencia estratégica” y protocolos para la coordinación de las dependencias de seguridad pública a fin de proteger la construcción y la operación del Tren Maya. El intento fracasó, pero quedó claro que la dependencia identifica como un riesgo a los grupos criminales y el flujo migratorio en la frontera sur, pero también al “movimiento subversivo” encarnado por el EZLN y el Congreso Nacional Indígena.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A la par de que presenta el Tren Maya como un proyecto “social”, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) busca estrechar su colaboración con instituciones militares para reaccionar ante actores que pudieran “representar un riesgo para el desarrollo de la obra”, principalmente el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Entre el 30 de noviembre y el 5 de enero pasados, la dependencia a cargo del megaproyecto más emblemático del sexenio de Andrés Manuel López Obrador intentó otorgar un contrato por un servicio de “consultoría para la generación de inteligencia estratégica en la construcción del Tren Maya”.

El primer objetivo de este contrato consistía en elaborar “protocolos de colaboración entre dependencias de seguridad pública y el Tren Maya (…) procurando principalmente que dependencias como la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar) y cuerpos de seguridad estatales y municipales atiendan los llamados de apoyo o auxilio ante cualquier eventualidad súbita que se registre en los diversos tramos de construcción del Tren Maya”.

El segundo objetivo preveía la realización de “protocolos de actuación para la atención, prevención y mitigación de incidentes en la construcción del Tren Maya”, los cuales incluían un “análisis del movimiento subversivo con presencia en la Región, particularmente del EZLN y el Comité Nacional Indígena” (sic) –en realidad se llama Congreso Nacional Indígena (CNI)–, así como un “análisis del fenómeno migratorio que existe en el sureste del país”.

Aparte, el servicio incluía la recolección de inteligencia en “investigación de campo” para identificar en cada tramo los “medios locales, particularmente impresos y radiofónicos”, los “actores político-sociales”, las “organizaciones campesinas, indígenas, sindicales, etcétera”, pero también “los grupos criminales que predominan” en la zona, para “detectar posibles riesgos”.

Para ello el Fonatur realizó un proceso de invitación restringida a cuando menos tres personas, en el cual alentó a la UNAM, al IPN, al Tecnológico de Monterrey y a cuatro empresas privadas para que presentaran sus ofertas.

Según la convocatoria, el ente ganador formaría un grupo de personas con grado académico –egresadas de ciencias de la comunicación, periodismo, ciencias políticas y sociales, trabajo social o derecho– y llevaría a cabo las tareas mencionadas entre el 5 de enero y el 5 de junio de 2021.

Las tres universidades no tuvieron interés en el proyecto. Dos empresas (Inteligencia en Instituciones, Administración y Sistemas, SA de CV y Servicios Informáticos Cler, SA de CV) mandaron propuestas por 10 millones 440 mil pesos y 11 millones 832 mil pesos, respectivamente, que el Fonatur descartó por ser técnicamente insolventes. El pasado martes 5 la dependencia declaró desierta la licitación.

Si bien el contrato no fue adjudicado, el contenido de la licitación arroja luz sobre los temores que tiene el Fonatur ante la posibilidad de que actores demoren la construcción del tren turístico y de carga que recorrerá mil 550 kilómetros en los cinco estados de la Península de Yucatán y para el cual se erigirán 18 ciudades nuevas (“polos de desarrollo”) alrededor de sus estaciones.

Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2306 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 10 de enero de 2021.