La orden del presidente López Obrador de apresurar las obras del Tren Maya ignora ostensiblemente las suspensiones precautorias ordenadas por juzgados federales a solicitud de asociaciones civiles y comunidades mayas, urbanas y rurales de Campeche y Chiapas. Los representantes legales de éstas se quejan de que, mientras el Poder Judicial le da largas a decenas de demandas contra el megaproyecto, las obras avanzan aun sin contar con todos los permisos necesarios ni respetar el derecho de los pobladores.

CAMPECHE, CAM. (proceso).- Las demandas de amparo contra el Tren Maya se agolpan en los juzgados ante la indiferencia del gobierno federal, que en abierto desafío al Poder Judicial desacató las primeras órdenes de suspender precautoriamente los trabajos en tramos de Campeche y Chiapas, mientras se desahogan los juicios.

Con reclamos por actos inconstitucionales y daños sociales, culturales, ambientales, sanitarios y patrimoniales, entre otros, la polémica megaobra acumula en su contra por lo menos una decena de demandas de amparo colectivas promovidas en juzgados federales de Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas.

Una de ellas ya fue turnada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde el expediente aún espera ser admitido o rechazado.

La demanda más reciente la promovió el pasado 14 de diciembre, en los juzgados de distrito de Campeche, la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (Azcarm), que preside Ernesto Zazueta Zazueta, por el incumplimiento a las leyes ambientales y la violación al derecho “de todos los mexicanos a un ambiente sano”.

“Con esa acción legal la Azcarm busca la suspensión de las obras para la construcción del Tren Maya hasta que no se cuente de manera integral con las autorizaciones de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA); de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales y el Informe Preventivo para las Especies de Vida Silvestre para todo el proyecto, pues estas obras implican una violación directa a nuestro derecho fundamental a un medio ambiente sano, hecho que provocará daños irreversibles y de imposible reparación en nuestro medioambiente, biodiversidad y salud”, denuncia Zazueta.

Destaca que por carecer de las referidas autorizaciones, la obra infringe el artículo 4 de la Constitución, el artículo 3 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el artículo 11 del Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el artículo 9 del Convenio sobre Diversidad Biológica.

Aunque Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional al Turismo (Fonatur), que está a cargo del proyecto, afirma que la primera fase de los trabajos de la ruta que recorrerá cinco estados sólo consiste en “rehabilitación y mantenimiento de la vía ferroviaria”, Zazueta señala:

“Es falso, porque de los aproximadamente mil 500 kilómetros que se pretenden desarrollar, sólo en 18% hay vías existentes. El resto se debe construir desde cero.”

Además, el proyecto incluye 19 estaciones y 12 paraderos, lo que requiere “de amplias extensiones de terrenos para la infraestructura de zonas para pasajeros, comercios y demás servicios turísticos”.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2306 del semanario Proceso, cuya versión digital puedes adquirir aquí.