CAMPECHE, Camp. (apro).- El Juzgado Primero de Distrito con sede en Campeche concedió a comunidades mayas, urbanas y costeras, la suspensión definitiva de obras nuevas relativas al Tren Maya en el tramo 2, que corre de Escárcega a Calkiní, en esta entidad. 

Escárcega es punto clave en el proyecto cumbre del régimen lopezobradorista, pues además de que conectará a los tramos Palenque, Chetumal y Calkiní, se instalarán ahí los talleres de reparación y mantenimiento de los trenes. 

Este nuevo obstáculo judicial se suma a la suspensión definitiva concedida al pueblo maya peninsular y ch’ol en el tramo Bacalar-Escárcega, en marzo pasado, y a la que con motivo de la pandemia se otorgó en mayo a un grupo de adultos mayores en esta ciudad capital, para evitar ser desalojados de sus predios. 

Hoy, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) informó que al resolver la nueva demanda de amparo, admitida el pasado jueves 3, el Juzgado Primero de Distrito en Campeche concedió la suspensión definitiva de nuevas obras del tramo 2 del Tren Maya. 

Dichas obras están a cargo de Operadora Cicsa, filial de Carso, de Carlos Slim, y la empresa española FCC Construcción, en la que el magnate mexicano figura también como accionista mayoritario. 

El tramo abarca 235 kilómetros, que atraviesan seis municipios, y el tiempo de construcción estaba previsto en 28 meses. 

Paralelamente, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Sedatu) y la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) prevé invertir 126 millones de pesos en obras de mejoramiento urbano en Escárcega, como drenaje y calles.  

En conferencia de prensa remota, el Cemda y representantes de comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras de Campeche y Yucatán que intervinieron en la demanda colectiva de amparo contra el proyecto, informaron que el recurso se presentó en el juzgado en julio pasado. 

Destacaron que la suspensión concedida a los demandantes, entre los que además figuran agrupaciones ambientalistas, implica que “no se podrán ejecutar obras nuevas con relación al proyecto Tren Maya en el tramo 2, que abarca de Escárcega a Calkiní, en el estado de Campeche”. 

No obstante, aclararon que la suspensión no es definitoria, pues únicamente paraliza las “obras nuevas” durante el tiempo que demore en resolverse el juicio. 

“Con esta resolución, la autoridad judicial permite a las personas que interpusieron el amparo poder celebrar un proceso judicial sin que se realicen obras que podrían generar daños irreparables, lo cual constituye un beneficio para la sociedad en general”, explicó Javier Martínez Esponda, abogado y director operativo del Cemda. 

Y confió en que, “ante los argumentos presentados, el Estado mexicano pueda aplicar el principio de precaución que ya es vigente en México para todas las autoridades y decida suspender todo el proyecto”. 

Los entes obligados a acatar la instrucción judicial son la presidencia de la República, el Fonatur, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Comunicacioes y Transportes (SC) y Fonatur Tren Maya. 

En un comunicado colectivo que emitieron posteriormente, advirtieron: “con relación a reciente autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental de la Fase 1 del Tren Maya que la Semarnat otorgó a Fonatur Tren Maya, tampoco podrán realizar obras para dicha fase”. 

Lo anterior porque “dentro de ésta se incluyen obras nuevas en el trampo 2 de Escárcega a Calkiní, el cual se encuentra suspendido conforme a la decisión del Poder Judicial”. 

De igual manera, llamaron al Poder Judicial a “mantener y ejecutar la suspensión definitiva, pues sólo de esta forma se garantiza el respeto” a sus derechos humanos fundamentales, como el acceso a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 

Además, le reprocharon la dilación procesal en los diferentes procesos de defensa que se han interpuesto contra el proyecto en la península de Yucatán, por lo que solicitaron actuar “con mayor diligencia en este caso”. 

En ese sentido, expusieron que hay una tardanza generalizada en la admisión de demandas de entre cuatro a seis meses, suspensiones insuficientes, desacato de las suspensiones y falta de sanción a las autoridades responsables.  

Asimismo, insistieron en la necesidad de que el Poder Judicial de la Federación “se erija como verdadero órgano protector de los derechos humanos” y garantice el acceso a la justicia. 

Finalmente, demandaron a las autoridades garantizar los derechos y la integridad de los defensores ambientales, pues por oponerse a este proyecto han sido blanco de amenazas, calumnias y criminalización.