CAMPECHE (apro).- Representantes de comunidades mayas solicitaron formalmente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negar la autorización de Impacto Ambiental al primer tramo del Tren Maya puesto que el proyecto se presentó en forma fragmentada, lo que impide evaluar en su conjunto las afectaciones que provocará.

Dicho tramo abarcará 237 kilómetros que correrán de Palenque, Chiapas, a Escárcega, Campeche. La obra costará 13 mil 394 millones 942 mil 290 pesos con 34 centavos y fue adjudicada al consorcio integrado por Mota-Engil México, China Communications Construction Company, Gavil Ingeniería, EYASA y Grupo COSH.

Los peticionarios, integrantes del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx), entregaron en la delegación de la Semarnat en Campeche su demanda respaldada con más de 268 mil firmas que recabaron a través de la plataforma internacional Salva la Selva.

Básicamente solicitaron la denegación de la autorización de impacto ambiental al Proyecto Regional Fase 1 Tren Maya, que actualmente se encuentra en etapa de evaluación ante la Dirección General de Riesgo e Impacto Ambiental (DGIRA) de la Semarnat.

Argumentan que “el proyecto Tren Maya no fue decidido por el pueblo maya, ni por otro pueblo indígena mexicano, sino que el nombre busca apropiarse de la denominación cultural indígena del pueblo maya, con el propósito de hacerlo más amigable”. 

Señalan que aunque el polémico proyecto insignia del gobierno lopezobradorista está incluido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) es poca la información oficial de la que se dispone dado que no se ha público el proyecto ejecutivo integral.

Sin embargo, advierten: “Por lo poco que conocemos, el proyecto Tren Maya y las obras conexas implican numerosos riesgos e impactos ambientales a todo el sureste mexicano, zona donde vivimos, de alta riqueza biológica e importancia para la conservación y protección de la selva maya, del acuífero y de la biodiversidad.”

Asimismo refieren que “el propio Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) –dependencia del gobierno mexicano– ha advertido que el proyecto impactará en diversos municipios de Chiapas y Tabasco, las selvas altas, los pantanos y sabanas; en la Península de Yucatán impactará los macizos de selva más grandes y en mejor estado de conservación de México y Mesoamérica, áreas con manglar y otros humedales”. ´

“Estos ecosistemas sufrirán alteraciones (degradación, fragmentación y deforestación) asociadas con la construcción, circulación y desarrollo propuesto por el proyecto del Tren Maya”, recalcan.

Al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), promovente del proyecto, lo acusan de haber presentado hasta ahora un proyecto integral, que exponga todos los elementos que abarca, tal como lo ordena Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), en su artículo 28.

En cambio, lo ha hecho de forma fragmentada. 

“Así, por ejemplo, se desconocen las ubicaciones, dimensiones, impactos y medidas de mitigación propuestas frente a la creación de los polos de desarrollo contemplados, y el estado del procedimiento de las autorizaciones y medidas de salvaguardia respecto de sitios arqueológicos ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)”, exponen.

Los inconformes sostienen que tales omisiones “sesgan la dimensión y aumentan los riesgos de los impactos, particularmente los acumulativos y sinérgicos que el proyecto generará” y que la Semarnat “está obligada a evaluar de conformidad con los estándares más altos de protección del derecho humano a un medio ambiente sano”.

En su oficio, denuncian además que la disposición de información y el acceso a la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales relacionadas con el proyecto referido ha carecido de garantías efectivas durante el desarrollo de la evaluación de impacto ambiental.

En ese sentido citan a modo de ejemplo “el hecho de que únicamente se celebró una reunión pública de información, la cual tuvo lugar en Campeche, siendo que el proyecto atravesará cinco estados de la república”.

Dadas las circunstancias, exigieron a la Semarnat dar “efectivo cumplimiento a sus obligaciones constitucionales”, garantizarles sus derechos humanos ambientales y, “con fundamento en un exhaustivo y diligente análisis de la manifestación de impacto ambiental, anexos y demás información adicional, niegue la autorización en materia de impacto ambiental” al proyecto.

De igual manera demandaron a la dependencia que, conforme a sus facultades, “garantice el cumplimiento de la normatividad ambiental mexicana suspendiendo las actividades de construcción del proyecto Tren Maya, por no contar con los elementos indispensables para la obtención de la autorización pretendida.”