Varios relatores especiales de Naciones Unidas enviaron al gobierno de México un documento en el que exponen su “grave preocupación” por los eventuales efectos negativos de la construcción del Tren Maya en las comunidades indígenas. Señalan, entre otros aspectos, que los estudios de impacto ambiental son inadecuados, que la consulta a los pobladores no cumplió con los estándares internacionales y que los activistas que se oponen al megaproyecto son objeto de ataques. Cuestionan además la participación de las Fuerzas Armadas en la realización de esta obra en territorios indígenas, lo que, advierten, puede derivar en violaciones a los derechos humanos.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Relatores especiales de la ONU expresan su “grave preocupación por los posibles impactos del llamado Proyecto de Desarrollo Tren Maya para las comunidades indígenas, que podrían verse afectadas en sus derechos territoriales, su derecho a no ser desalojadas y su derecho a la salud, entre otros, en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo’’. 

En un documento enviado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al que este semanario tuvo acceso, señalan: “Nos preocupa además la información que indica que el estudio de impacto ambiental haya sido inadecuado, conllevando riesgos de daños ambientales por las actividades del Proyecto de Desarrollo Tren Maya causados por la contaminación e impactos negativos a la biodiversidad y el agua”. 

Y recalcan: “Se recuerda que los procesos de consulta indígena deben asegurar la debida representatividad de los pueblos y comunidades indígenas”. 

Si no se cumplió el requisito de obtener el consentimiento previo, libre e informado de pueblos indígenas de la región para el proyecto, además de violar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el gobierno puede haber incurrido en violación de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros tratados signados por México. 

Firman el documento los relatores especiales José Francisco Cali Tzay, en materia   de derechos de los pueblos indígenas; David R. Boyd, sobre el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible; Balakrishnan Rajagopal, para una vivienda adecuada; y Mary Lawlor, sobre la situación de los defensores de derechos humanos. 

También lo suscriben Cecilia Jimenez-Damary, relatora especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos, y Clement Nyaletsossi Voule, sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación. 

En su documento, los expertos de la ONU cuestionan:

“El 17 de abril de 2020, el presidente de la República anunció que los tramos del proyecto ferrocarril del Tren Maya que van de Tulum, Quintana Roo, a Escárcega, Campeche, cruzando la Reserva de la Biosfera de Calakmul serán construídos por la Secretaría de la Defensa Nacional. Al respecto habría preocupación y dudas sobre la pertinencia de la participación de las Fuerzas Armadas en una obra pública que no es de emergencia.” 

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2299 del semanario Proceso cuya versión digital puedes adquirir aquí.