MÉRIDA, Yuc. (apro).- Asociaciones civiles acusaron al Poder Judicial de la Federación de discriminar a las comunidades indígenas de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Chiapas, al denegarles su legítimo derecho de acceso a la justicia y privilegiar el proyecto del Tren Maya. En conferencia de prensa virtual, representantes de diversas organizaciones explicaron que comunidades indígenas de esos cuatro estados, que se verán afectadas por el emblemático proyecto del gobierno lopezobradorista, promovieron diversos juicios de amparo, reclamando múltiples violaciones a sus derechos humanos. Aunque algunos de esos juicios están en trámite, varios más fueron rechazados “sin que los juzgadores pasen a su análisis a fondo”, precisaron.

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Amparo contra Tren Maya “tiene tintes políticos”, pero se acatará suspensión: AMLO En una carta, más de un centenar de organizaciones civiles y colectivos exigieron al Poder Judicial de la Federación que se erija “como un verdadero órgano protector de los derechos humanos que garantice el acceso a la justicia y la generación de condiciones que permitan a los pueblos, comunidades y a cualquier ciudadano impugnar las violaciones que se derivan de este proyecto”. Asimismo, que asuma su papel de garante de la constitucionalidad y de la legalidad frente a las frecuentes acciones ilegales del gobierno que afectan a los pueblos, a los sectores más vulnerables, a la naturaleza y al medio ambiente. Añade la misiva: “Cuando por temor o por consigna los integrantes de los órganos jurisdiccionales abdican de sus deberes jurídicos y éticos, contribuyen a quebrantar la legalidad, la seguridad jurídica, el orden constitucional y el equilibrio entre las instituciones y la sociedad. “Al abdicar a su función como garantes de la legalidad, garantes del orden constitucional, dejan a la sociedad vacía de justicia y espacios reales para que nuestro México pueda fortalecer y velar no sólo por los derechos humanos sino crear un orden social donde la justicia prevalezca y no la impunidad e indefensión en la que ahora quedamos como ciudadanos”. De acuerdo con las organizaciones firmantes, ya informaron de la situación al Consejo de la Judicatura Federal y al Relator de Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados. Antes, en conferencia de prensa virtual --encabezada por abogados y representantes de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíimbal, colectivo maya Chuun t’aan, Equipo Indignación y Tres Barrios de Campeche--, denunciaron que los jueces han exhibido sumisión al Ejecutivo en varias soluciones de amparo promovidas contra el Tren Maya. El proyecto del Tren Maya, subrayaron, ha sido rechazado por “amplios sectores de la sociedad, desde comunidades y pueblos originarios que coinciden en que viola derechos de la naturaleza, el derecho al territorio, a la libre determinación, a la consulta y al consentimiento”. Y destacaron que a ese rechazo se han sumado numerosos académicos y académicas que han alertado sobre los diversos impactos ambientales, sociales, económicos y patrimoniales que el Tren Maya acarreará para las comunidades y población en general. De igual manera, manifestaron que, de la serie de demandas de amparo tramitadas, dos fueron admitidas y obtuvieron suspensión definitiva del acto reclamado: una la emitió el Juzgado Primero de Distrito con sede en Campeche y otra el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en Chiapas. “Esas dos resoluciones han sido la excepción frente a la regla generalizada de jueces y magistrados de denegación de acceso a la justicia para las comunidades y en general para quienes deciden argumentar la inconstitucionalidad del proyecto denominado Tren Maya”. Añadieron que cuatro demandas de amparo fueron desechadas por los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito en el estado de Yucatán. Y ahora el Juzgado Tercero de Distrito, también del circuito correspondiente a Yucatán, bajo el mismo argumento de falta de interés legítimo de quienes presentaron el amparo, desechó la demanda. En Campeche, el Juzgado Segundo de Distrito se ha negado a otorgar suspensiones a diversos colectivos, como el de Tres Barrios, que han presentado amparos “frente al riesgo real de ser desalojados como consecuencia de las obras del tren”. Las organizaciones y colectivos indicaron que, aunque en el caso de Calakmul --proceso acompañado por el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil y Diálogo y Movimiento (Cripx)-- el Juzgado Primero de Distrito otorgó la suspensión definitiva, solo lo hizo para el área de Xpujil, la cabecera. En dicha deliberación la titular del Juzgado asumió “el criterio del Tribunal Colegiado de Circuito, lo cual pone en duda su independencia como juzgadora, ya que en un principio otorgó suspensión provisional con un criterio amplio y garantista”. Detallaron que al momento que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) alegó interés general sin argumentar y mucho menos demostrarlo ante el trigésimo Tribunal Colegiado de Circuito, éste emitió el criterio de reducción de la suspensión provisional amplísima, influyendo indebidamente en el criterio de la jueza de la causa. En cuanto al caso de Chiapas, los activistas reprocharon que los magistrados del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa con sede en Tuxtla Gutiérrez revocaron la suspensión provisional de las labores de construcción del Tren Maya en el tramo Palenque-Escárcega, otorgada para dar cumplimiento a la declaración de pandemia y, por tanto, salvaguardar la salud de indígenas Ch’ol ante el riesgo de contagios por el covid-19. “El criterio fue revocar tal suspensión bajo el absurdo e increíble argumento de que ese riesgo para la comunidad Maya Ch’ol constituía un acto futuro de realización incierta; es decir, que para los magistrados la población tendría que estar contagiada para que la suspensión de los trabajos debiera otorgarse”, explicaron. Lo anterior, apuntaron, contraviene el espíritu del juicio de amparo, que es justamente hacer cumplir condiciones de salvaguarda de derechos y evitar mayores daños. “Tal criterio promueve la violación de derechos porque promueve el argumento absurdo de que las medidas sanitarias preventivas, como es la suspensión provisional a cargo del Poder Judicial de la Federación, no tienen sentido”. Añadieron que en Quintana Roo el Juzgado Primero de Distrito con residencia en Chetumal se declaró incompetente para conocer un amparo presentado por comunidades mayas de Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, y turnó el expediente al Juzgado de Distrito de Cancún, “generando una situación de facto de denegación de justicia”. “Todo lo anterior configura un panorama en donde el Poder Judicial Federal pareciera declinar su independencia y se apega a los dictados del Poder Ejecutivo para legitimar un proyecto que es a todas luces inconstitucional”. En ese sentido, recalcaron que tal postura violenta el bloque de constitucionalidad de derechos humanos, dejando sin la posibilidad de ejercer su derecho de acceso a la justicia a muchas comunidades, pueblos y colectivos que consideran, con razones sólidas, que el proyecto denominado Tren Maya es contrario a los derechos humanos. “Negar el impacto a derechos humanos individuales y colectivos del proyecto de reordenamiento territorial Tren Maya significa no sólo legitimar desde el Poder Judicial un proyecto que ha sido severamente cuestionado, sino omitir el cumplimiento de los tratados internacionales que México ha ratificado y que representan un daño inminente, tanto ecológico como a la naturaleza, así como a la propiedad y a la cultura indígenas, ya que no solo se trata de vías de tren, y de ‘pequeños impactos’”, advirtieron.