CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario Herrera afirman que los recursos de los 109 fideicomisos extintos –68 mil 478 millones de pesos– se darán directamente a los que eran sus beneficiarios, en los hechos no existe una hoja de ruta y el gobierno “no ofrece una certidumbre, una seguridad, de que los recursos se van a destinar para los fines planteados originalmente”, sostiene Ana Laura Barrón Olivera, investigadora de Ethos, Laboratorio de Políticas Públicas.
En ese sentido le preocupa que queden desamparados los sectores beneficiados por dichos fideicomisos.
Reconoce sin embargo que, “al tener un manejo a nivel presupuesto de estos fondos, es mucho más fácil recanalizar los recursos a cualquier prioridad que al gobierno le parezca relevante. Se señaló que los recursos serían para atender el tema de la pandemia, pero también para financiar programas sociales”, comenta.
En efecto, hasta el momento el gobierno federal no ha dado una hoja de ruta respecto del ejercicio del dinero contenido en los fondos y fideicomisos eliminados.
En un principio, cuando se publicó el pasado 2 de abril el Decreto que ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos, sin estructura orgánica, el presidente López Obrador manifestó que los recursos irían a la reactivación económica tras las afectaciones que dejó la pandemia, y recientemente el mandatario dijo que el “ahorro” que se obtenga de la extinción se emplearía para la adquisición de las vacunas contra el covid-19.
“Dicen los que no nos ven con buenos ojos: ‘Al Tren Maya’. No necesariamente. Es recurso que se requiere para comprar las vacunas de Covid, para que se tenga el derecho a la vacuna de manera universal, que todos podamos ser vacunados. Se va a emplear bien, va a ser para la gente el apoyo”, lanzó en su habitual conferencia matutina del pasado martes 6.
También aseguró que será entregado a los mismos beneficiarios, pero a través de la
SHCP y no a través de los “intermediarios”. De hecho, nombró a un grupo de funcionarios que revisarán los beneficiarios de los fideicomisos, encabezados por la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez Buylla.
Mientras que, en materia de los recursos, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio informó que entrarán a la cuenta pública por concepto de “aprovechamientos”, una vez que se canalicen a la Tesorería de la Federación (Tesofe). Eso sí, no se reflejarán en la Ley de Ingresos de la Federación 2021 (LIF).
“Cada fideicomiso que sea depositado en la Tesofe será dado de alta como ‘aprovechamientos’, lo que se verá reflejado del lado del gasto; va a ser un destino específico, porque todos esos fideicomisos fueron creados con un destino específico, pero por el lado de ingresos no lo estamos incluyendo”, señaló Yorio en una reunión virtual con diputados, el pasado 7 de octubre.
Aunque López Obrador ya está conformando una comisión para revisar el padrón de beneficiarios de los fideicomisos extintos, su gobierno ya había firmado a través de la secretaria de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, el compromiso de revisar los fideicomisos en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), la cual es una iniciativa internacional integrada por 79 gobiernos de todo el mundo y cientos de organizaciones de la sociedad civil, fundada en 2011.
En nuestro país se creó la figura del Comité Coordinador de la AGA para liderar el proceso de construcción, implementación y evaluación de los Planes de Acción Nacionales. El gobierno elaboró con organizaciones civiles y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) el Cuarto Plan de Acción 2019-2021, que contenía el siguiente compromiso en materia de fideicomisos:
“Diseñar e implementar una estrategia de transparencia proactiva, monitoreo y vigilancia ciudadana que fortalezca la rendición de cuentas y fiscalización de los recursos públicos operados a través de fideicomisos públicos con o sin estructura, así como fideicomisos privados con recursos públicos, fondos públicos, mandatos o cualquier contrato análogo para combatir la corrupción y la impunidad.”
Ya se tenía un itinerario con fechas y objetivos para 2021, sin embargo, los fideicomisos ya están a nada de extinguirse, salvo la votación en la Cámara de Senadores.
Barrón, quien participó en los trabajos iniciales, dice a este semanario que “la orden viene muy clara desde el Ejecutivo. Vemos el discurso basado en el combate a la corrupción, pero a la vez la necesidad de hacerse de recursos extraordinarios para atender el tema relacionado con la pandemia”.
Añade que “se maneja un discurso donde dicen que no se van a quitar los apoyos a los sectores beneficiados, sino que se van a otorgar de manera directa y esto implica una centralización del gasto público”.
Uno de los fideicomisos que está en la lista para eliminar es el Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera, mejor conocido como Fondo Minero, el cual cuenta actualmente con 7 mil 463 millones de pesos, pero desde su creación, en 2014, ha recibido un total acumulado de 22 mil millones derivados de los derechos que pagan las compañías por la explotación del recurso en más de 690 comunidades ubicadas en 212 municipios de 24 estados.
Fernando Alanís Ortega, presidente de la Cámara Minera de México (Camimex), expone en entrevista con
Proceso la incertidumbre que hay en el sector por la desaparición del Fondo Minero.
“Nuestra preocupación principal es qué va a pasar con estos municipios ¿Qué va a pasar con ese dinero que estaban recibiendo y una cantidad importante que sin duda estaba trayendo un bienestar adicional para esas comunidades? Hay varios proyectos que ya se terminaron, pero hay otros que están en fase de construcción.”
El director general de Industria Peñoles ahonda sobre el manejo del Fondo.
“Cuando entró el nuevo gobierno ya hubo un cambio. El fondo lo administraba la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Luego se cambió. La verdad no tenía nada que hacer en Sedatu. Se manejó directamente en la (ya extinta) subsecretaría de Minas, perteneciente a la Secretaría de Economía. Esa subsecretaría le dio mucha agilidad, le dio quizás mayor transparencia, y venía funcionando bastante bien.”
Y hay que recordar algo, acota, que es un fideicomiso diferente a los otros: “Este no es dinero del gobierno, es el dinero de las empresas que están aportando para un objetivo”.
–¿La SHCP o Economía no les han entregado ni dicho cómo será la ruta de los recursos? ¿Sobre cómo se van a ejercer? –se le pregunta al empresario minero.
–No hay nada al respecto. Esperamos que tengan reglas claras, que sean transparentes, para que de esa manera ese beneficio no se pierda. Estamos hablando de que cada año más o menos estamos pagando alrededor de 3 mil 904 mil millones de pesos entre todo el sector minero, que es la aportación de este fondo. Es una cantidad que puede ser muy importante a nivel municipal, significa luego hasta 10 o 15 veces el presupuesto de algunos municipios. Es un golpe muy fuerte para los municipios el no recibir este beneficio.
La inconformidad no sólo es a nivel local, también la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reprobaron la desaparición del Fideicomiso del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) previsto en la Ley General de Víctimas (LGV).
Aún así, la pelota ahora está en el Senado de la República, aunque se espera que no haya mayores modificaciones, en un contexto donde el gobierno de López Obrador recurre a los “fetiches” para hacerse de mayores recursos, utilizando como discurso la lucha contra “la discrecionalidad” y “la corrupción”.
