De no resolverse los diferendos que en las últimas semanas enfrentan al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con el INE acerca de los tiempos y procedimientos en los cuales se darán a conocer los resultados de los comicios presidenciales del próximo 1 de julio, existe el riesgo de que se repita un conflicto poselectoral como los de 1988 y 2016. El instituto propuso un conteo alternativo para que el electorado conozca cifras que dibujen las tendencias el mismo día de la jornada, pero el Partido Verde impugnó la propuesta y el problema regresó al tribunal. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El riesgo de que se repitan las desastrosas experiencias poselectorales de 1988 y de 2006 sigue latente. En su sesión del 28 de febrero pasado el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), después de haber acatado la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) –que le vetaba cambios en el Reglamento de Elecciones que propuso el instituto para poder ofrecer a la sociedad información de los resultados de la contienda presidencial la misma noche del día de las elecciones–, planteó una alternativa para que no se presentara un vacío informativo la noche de la elección, en el entendido de que un problema como éste podría traducirse en confrontaciones político-electorales, confusión, sospecha de fraude y enojo generalizado de la población, como sucedió en aquellos años. Pero una vez presentada la propuesta alternativa del Consejo General del INE, el Partido Verde la impugnó ante el TEPJF, que aún no resuelve al respecto, por lo que está en el aire cómo se van a contar los votos el próximo 1 de julio. De entrada, hay que remontarse a las experiencias previas para dimensionar el riesgo que existe de no tener los resultados electorales, por lo menos de la Presidencia, a más tardar a las 11 de la noche del mismo día de los comicios. En las elecciones de julio de 1988 presuntamente “se cayó” el sistema de cómpu­to, no hubo información oficial el día de la jornada electoral; ni un dato duro, cierto, que confirmara el “triunfo” de Carlos Salinas de Gortari (sobre Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel J. Clouthier y Rosario Ibarra), que fue anunciado tres días después de la fecha de las elecciones, frente a  la fundada sospecha de que hubo fraude electoral. En el segundo caso –en los comicios de 2006–, casi a la medianoche del día de la votación, la autoridad electoral no se arriesgó a definir un ganador, pues argumentó que con el conteo rápido no era posible determinar “con claridad” la diferencia entre el primero y el segundo lugar de la contienda presidencial (entre Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón Hinojosa; Roberto Madrazo, del PRI, ni pintó). Toda la noche y la madrugada fueron de pasmo nacional, incertidumbre, confusión, ira popular. Hasta la mañana siguiente se dio a conocer el triunfo del panista, con una diferencia mínima. Y lo que siguió… Una historia similar a esas podría ocurrir en las elecciones del 1 de julio próximo. La casilla única La reforma electoral de 2014 introdujo la figura de “casilla única”, que por primera vez aplicará en una elección por la Presidencia de la República. Antes, la práctica era tener dos casillas, así fuera en el mismo sitio –una casa, una escuela, un deportivo o cualquier otro inmueble–: una para las elecciones federales y otra para las locales. Ahora ambas se concentrarán en una sola casilla. –¿Cuál fue el criterio de los legisladores para hacer este cambio? –se le pregunta al consejero Ciro Murayama. –Evitar que desde los ámbitos locales se tuviera incidencia en la conformación de las mesas directivas de casilla; que el mismo procedimiento que había seguido el IFE ahora se aplicara a todas las casillas, aunque se tratara de una elección local; es producto de la desconfianza hacia las autoridades electorales locales. Y si a eso se añade que ésta será la elección más grande y compleja de la historia del país, pues la casilla única es todo un reto para la autoridad electoral. A escala federal se elegirá un presidente de la República, 300 diputados de mayoría relativa (los otros 200 son de representación proporcional o plurinominales, designados por los partidos o coaliciones) y 128 senadores. A nivel local, 30 entidades renovarán sus congresos y sus presidencias municipales. Además, en ocho estados habrá elección de gobernador, y en la Ciudad de México, de jefe de gobierno. Tan sólo en la capital del país, además del jefe de gobierno se elegirán 33 diputados de mayoría relativa (un tanto igual son de representación proporcional), 160 concejales y 16 alcaldías o presidencias municipales. Eso quiere decir, por ejemplo, que en la Ciudad de México las casillas a donde acudirán los votantes tendrán siete urnas: 1) presidente de la República; 2) diputado federal; 3) senador; 4) jefe de gobierno capitalino; 5) diputado local; 6) alcalde (antes jefe delegacional o delegado), y 7) concejal. Y así, por el estilo, en las demás entidades, salvo en las que no haya elecciones locales, como Baja California y Nayarit, que sólo tendrán tres urnas en sus casillas: una para presidente, otra para diputado federal y una más para senador. Entonces, la gran cantidad de votos a contar iba a generar un gran problema con los tiempos de entrega de resultados tanto para el Conteo Rápido y el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que con el procedimiento habitual de escrutinio y cómputo haría imposible dar resultados de la elección presidencial a las 11 de la noche. Cálculos de los propios consejeros electorales apuntan que con el procedimiento habitual se estaría dando la información del conteo rápido de la contienda presidencial entre las dos y tres de la mañana, o más si hay algún imprevisto. Para zanjar esa situación, ese vacío de información –que, ya lo sabemos, genera incertidumbre, sospechas de fraude, confusión, irritación popular–, el INE decidió hacer unos cambios al Reglamento de Elecciones. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, los explicó así el 22 de febrero pasado, en conferencia de prensa: “Las modificaciones buscaban esencialmente dos cosas: La primera, que antes de iniciar el escrutinio y cómputo simultáneo se revisara la totalidad de las urnas para detectar boletas mal depositadas y colocarlas en las urnas de la elección correcta. “La segunda, que se llenaran las actas de escrutinio y cómputo de presidente de la República y gobernadores, antes de continuar con el escrutinio y cómputo del resto de las elecciones. “Con estas modificaciones, se esperaba transmitir el contenido de las actas de la elección presidencial al PREP y al Comité Técnico de los Conteos Rápidos y así adelantar el procesamiento estadístico para tener alrededor de las 11 de la noche la estimación de los rangos de votación que obtendrían los contendientes a la Presidencia de la República y a las gubernaturas en disputa.” Enseguida, los representantes de Movimiento Ciudadano, Morena y el PAN ante el INE acudieron al TEPJF a inconformarse e impugnar las modificaciones al Reglamento de Elecciones del INE. Sus “argumentos”: que el INE intentaba un “sospechoso” doble escrutinio; que quería abrir dos veces las urnas, “lo cual es una carga no prevista en la ley que pone en riesgo la secrecía del voto, además de que tal medida no es objetiva, idónea, necesaria y proporcional para otorgar certeza al escrutinio y cómputo en casilla”. También señalaron “que la revisión preliminar de boletas no tiene el objeto definido de sólo separar boletas por color y tipo de elección sin conocer el sentido del voto, aunado a que no existen mecanismos de seguridad para dicha actividad, pues no se han realizado pruebas de viabilidad y funcionalidad”. En conclusión, el tribunal les aceptó todo; a Morena inclusive que las figuras –ideadas por el INE– de supervisores y capacitadores asistentes-electorales locales contratados por los Oples (Organismos Públicos Locales, distintos a los designados por los consejos distritales) transgredían el principio de reserva de ley y jerarquía normativa de conformidad con lo previsto en el artículo 303, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE). Aceptó el tribunal que Morena tiene razón al señalar “que hay inseguridad jurídica y falta de certeza respecto a los límites de la actuación de estas nuevas figuras, aunado a que la rendición de sus informes la hacen ante los Oples y no al INE, por ende, aluden a que no se cumplió el procedimiento para delegar facultades de los consejos distritales del INE”. Esas, y muchas otras, fueron las cosas que alegaron los partidos y que aceptó el tribunal, por lo cual decidió revocar las modificaciones al acuerdo del Consejo General del INE que cambiaba el Reglamento de Elecciones. Lo que logró el TEPJF con su sentencia revocatoria fue unificar, pero en su contra, a todos los consejeros electorales, quienes, desde distintas vías –radio, televisión, prensa escrita, redes sociales y aun en sus sesiones de Consejo General– lo increparon por su insensibilidad, su conocimiento parcial de la historia electoral del país –sobre todo de los procesos más conflictivos, como los de 1988 y 2006– y su incapacidad para reconocer las consecuencias graves de no dar información oficial a tiempo, en especial de la contienda presidencial. Escribió en un diario capitalino el consejero Marco Baños, el 18 de febrero: “Sería un gravísimo error decirle a la población al término de la jornada electoral que no hay de otra, que como son muchas urnas las que se van a contar ahora, debemos esperar hasta la madrugada, un día después si es necesario, antes de tener un primer conteo oficial con el rango de votación que han registrado candidatos presidenciales. Ahí está el dilema que el INE debe atender ahora. “No hay duda de las facultades que tienen las y los magistrados para interpretar las fronteras constitucionales y las leyes, pero si sus interpretaciones son incompletas, generarán inevitablemente riesgos que no podemos correr cuando tenemos enfrente el proceso electoral más complejo de la historia reciente en cuanto al número de cargos que van a definirse en un mismo día y en cuanto a la complejidad política que revisten. “La agilidad en el flujo de resultados enfrenta hoy ese reto mayúsculo en donde las instituciones debemos aportar soluciones y no obstáculos. En el INE respetaremos y acataremos todas las sentencias del tribunal, pero es nuestra obligación exponer sus efectos, decirles a todos qué significan, y que los protocolos diseñados por el INE que buscan certeza, oportunidad y solvencia a la información de resultados electorales preliminares y de los conteos, no fueron aceptados por la mayoría de los magistrados porque consideran que es mejor esperar hasta la madrugada del día siguiente. “Quién, entonces, le pone con sus decisiones mayores obstáculos a la certeza, a la credibilidad y a la confianza, a la parte vital de los procesos electorales donde se deben conocer los resultados electorales. ¡Vaya cuestión!” La “ruta alternativa” del INE Finalmente, los 11 consejeros electorales del INE acataron por ley la sentencia del Tribunal Electoral, pero el 22 de febrero presentaron una “ruta alternativa” para que –“acatando con toda pulcritud la decisión del tribunal de no modificar el procedimiento para el escrutinio y cómputo de votos en cada casilla”, dijo Lorenzo Córdova– se puedan dar a conocer las estimaciones de la votación en la contienda presidencial alrededor de las 11 de la noche del mismo día de los comicios. El consejero presidente del INE explicó ese día en qué consiste esa “ruta alternativa”: “Primero, respetar puntualmente el proceso ininterrumpido y simultáneo del escrutinio y cómputo de cada elección en la secuencia establecida en la ley. “Segundo, esto implica que se llenarán las hojas de operaciones dispuestas en el artículo 290, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para asentar los datos del escrutinio y cómputo empezando por la elección presidencial y siguiendo en su orden con el resto de las elecciones que se realicen según la entidad respectiva. “Tercero, para la elaboración de las estimaciones de los rangos de votación, es decir, el conteo rápido en los términos del artículo 220 de la ley mencionada, se tomarán como base los datos asentados en dichas hojas de operaciones que, como lo establece con puntualidad la ley, es el documento de donde se transcribirán los resultados que se asentarán en las Actas de Escrutinio y Cómputo respectivas.” También dijo que “los resultados del PREP fluirán de acuerdo con el ritmo con el que vayan concluyendo los escrutinios de las casillas”. El tema de las “hojas de operaciones” que mencionó Lorenzo Córdova como fuente primaria para estimar los resultados de la contienda presidencial causó confusión entre los reporteros asistentes a la conferencia de prensa del 22 de febrero. El consejero Marco Antonio Baños tuvo que explicar: “Es un documento que se usa como una hoja de anotaciones de los funcionarios de casilla y que sirve para que, al finalizar el escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones, se transcriban los resultados ahí anotados, así dice la ley, se transcriban los resultados de las hojas de operaciones de cómputo a las actas finales de escrutinio y cómputo. “De estas hojas de operaciones de cómputo, nosotros sacaríamos los resultados de la elección presidencial, una vez que se termine el escrutinio y cómputo. Y, a diferencia de la propuesta original que le hicimos al tribunal en las modificaciones al Reglamento de Elecciones, nosotros ya no tendríamos que llenar el acta de escrutinio y cómputo de presidente ni tendríamos que abrir el resto de las urnas. Mantendríamos el procedimiento que en términos de la ley está previsto y que el tribunal avaló en la sentencia de la semana pasada. “Eso haríamos. Tomaríamos de estas hojas los resultados específicos”, concluyó el consejero Baños. La propuesta alternativa se hizo formalmente en la reunión del Consejo General del INE del 28 de febrero pasado. Todo mundo estaba de acuerdo. Pero entonces a la representación ante el INE del Partido Verde Ecologista de México se le ocurrió impugnar el nuevo acuerdo. Otra vez la pelota está en la cancha del Tribunal Electoral. Y el país sigue con el riesgo de no saber el mismo 1 de julio quién será el candidato presidencial ganador. Las consecuencias de ese vacío informativo ya las conocen de sobra los electores. Este reportaje se publicó el 11 de marzo de 2018 en la edición 2158 de la revista Proceso.