Al arrancar 2015 comenzará el segundo mandato de la presidenta brasileña Dilma Rousseff. Pero este inicio de gestión no se parece en nada al primero, cuando recibió de su antecesor, Lula da Silva, un Brasil pujante, con crecimiento económico sostenido y el despliegue de una diplomacia que convirtió al país en un líder. Ahora la economía está estancada, los programas sociales –bandera de su partido, el de los Trabajadores– vinieron a menos y la credibilidad nacional se está yendo a pique, sobre todo a consecuencia de los escándalos de corrupción en la poderosa petrolera estatal. RÍO DE JANEIRO, BRASIL (Proceso).- Dilma Rousseff, quien el 1 de enero tomará posesión como presidenta de Brasil para un segundo periodo, enfrenta las mayores dificultades de su carrera política. Hace cuatro años la mandataria elegida como sucesora por Lula da Silva y postulada por el Partido de los Trabajadores (PT), llegó al poder con unos números económicos que reflejaban el cenit de la década dorada vivida por Brasil desde 2003: el PIB crecía a ritmos de 7.5% (2010) en plena crisis mundial, la renta por cápita aumentaba anualmente con fuerza y la inflación se situaba en torno a 6%, un índice elevado pero bajo control y alejado de las infames cifras de tres dígitos cosechadas en los periodos de hiperinflación. En materia de política exterior Lula tejió alianzas con las naciones de corte socialista de América Latina, con Venezuela y Cuba como punta de lanza, y consolidó los lazos históricos con África, abriendo decenas de embajadas en ese continente. La diplomacia del gigante sudamericano se expandía y Brasil se atrevía incluso a jugar a la superpotencia, acercándose al régimen iraní para –supuestamente– tratar de mediar y encontrar una solución al conflicto nuclear entre la república islámica, Estados Unidos y la Unión Europea. En definitiva, Dilma heredaba un país encarrilado que, tras el hallazgo en 2007 de inmensas reservas de hidrocarburos en el litoral atlántico, parecía encaminarse a otra década prodigiosa en lo económico y social mientras apuntalaba su condición de líder en América del Sur. Una situación bien diferente a la que afronta el país cuatro años después. Reelegida con la promesa de seguir extendiendo los programas sociales que han sacado de la pobreza a más de 30 millones de personas desde inicios de siglo, el principal y mayor reto acaso sea hacer que levante el vuelo una economía con signos ya de agotamiento. Desde su llegada al poder, los indicadores económicos no han dejado de empeorar; en su primer mandato el PIB apenas creció 1.6% anual en promedio, según datos del Banco Mundial y del Banco Central de Brasil. El PIB cerrará este año con un crecimiento plano, tras superar tímidamente un semestre de recesión técnica, y las perspectivas para 2015 no son halagüeñas: el gobierno prevé crecer apenas 0.8%, la inflación puede volver a superar la meta oficial fijada este año en 6.5% pese a la caída drástica de los precios del petróleo y se prevén recortes sociales y un aumento de los impuestos para equilibrar las cuentas públicas. El nuevo ministro de Hacienda, Joaquim Levy, un exbanquero nombrado por Rousseff con el objetivo de acercar posiciones con el sector empresarial, calcula que ese ajuste será de entre 10 mil y 20 mil millones de dólares para poder cerrar el año próximo con un superávit primario de 1.2% del PIB. Desaceleración El sector en el que más se percibe la desaceleración económica acaso sea el industrial, no sólo por la caída de la actividad a escala nacional sino porque –en momentos en los cuales la economía no tira del crecimiento y busca mercados exteriores– ha quedado de manifiesto su poca competitividad internacional. En un estudio publicado el pasado noviembre, el investigador Flavio Carneiro, del Instituto de Investigación Económica Aplicada, señaló que Brasil no se ha integrado industrialmente a escala global, por lo que se expone al mal latinoamericano de ser un mero suministrador de materias primas. Su estudio, donde analiza la trayectoria de la estructura de los aranceles en Brasil en los últimos años –comparado con México, Turquía y Argentina, entre otros, para dilucidar cuál es la estrategia de comercio exterior– es categórico: Mientras los países citados redujeron sus impuestos a la importación, a fin de fomentar el comercio exterior, Brasil mantuvo sus tasas a la importación prácticamente inalteradas desde 1995, encareciendo enormemente cualquier bien manufacturado en el país. “El objetivo inicial era ayudar a algunas industrias que temían la llegada de los productos chinos, pero esa estrategia perjudicó al mismo tiempo a los productores que querían importar piezas para reexportar bienes ensamblados aquí en Brasil. Brasil está ahora aislado, porque es muy difícil competir industrialmente en el mundo si un productor tiene que importar partes de fuera y pagarlas muy caras”, señala en entrevista con Proceso. Esa política proteccionista –visible en la falta de acuerdos comerciales de peso, fuera del Mercosur, por 10 tratados de libre comercio de México– queda meridianamente clara con la crisis del sector automotriz brasileño cuando se compara con el mexicano. El año 2014 quedará como el primero en el cual México se convirtió en el mayor productor de autos de toda América Latina, por delante de Brasil, pese a que su mercado nacional es apenas un tercio del brasileño. México logró un extraordinario crecimiento de las exportaciones a Estados Unidos y Canadá, que han situado la producción por encima de los 3 millones de autos de enero a noviembre pasados, según datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, y la previsión es que este año las montadoras nacionales registren unos 3.3 millones de vehículos ensamblados, en torno de 9% más que en 2013. Los datos contrastan con la caída brasileña en todos lo aspectos: La producción en noviembre cayó 9.7%, las ventas 2.7% y las exportaciones –muy dependientes de Argentina, adonde Brasil vende ocho de cada 10 autos que exporta– 42% respecto al mismo mes de 2013, apunta la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores de Brasil. Los puestos de trabajo perdidos en el sector suman ya 12 mil este año, según la misma fuente. A Rousseff le urge revertir esa situación macroeconómica no sólo para cumplir con su promesa electoral de devolver al país a la senda del crecimiento, sino para poder seguir alimentando la expansión de la política social. Reelecta en octubre con un estrecho margen de 3.5 millones de votos –poco, para la magnitud demográfica de Brasil–, lo único que la oposición está dispuesta a dejar fuera de la agenda de confrontación es el principal programa social: Bolsa Familia. Se trata de un subsidio directo –de unos 60 dólares por núcleo familiar, según datos del Ministerio de Desarrollo de noviembre– que actualmente reciben para poder comer 14 millones de familias en situación de pobreza estructural. En funcionamiento desde 2003, Bolsa Familia supone un gasto anual de unos 10 mil millones de dólares y su eficacia como el mayor programa de reducción del hambre en todo el planeta está fuera de duda: entre 2002 y 2013 el país redujo 82% el número de brasileños en situación de subalimentación, según datos de diciembre del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). La batalla, sin embargo, no se ha ganado definitivamente, pues el IBGE señaló el viernes 19 en un estudio que el año pasado 7.2 millones de brasileños sufrieron carencias alimentarias severas. Saqueo a Petrobras Si en el área socioeconómica las urgencias son acuciantes, la agenda política probablemente sea el desafío más inquietante –por impredecible– al cual se enfrenta Rousseff. No es sólo que la escasa mayoría obtenida en las urnas la lleve irremediablemente a una negociación a múltiples bandas para tratar de tejer una alianza política que le permita gobernar, es que el segundo mandato se anuncia marcado por el destape de escándalos de corrupción que no sólo amenazan con erosionar la herencia del PT, sino que podrían dañar incluso la credibilidad de Brasil como país. La Operación Lava-Jato (“Operación Limpieza”), calificada por el propio fiscal general del país, Rodrigo Janot, como la mayor trama corrupta de la historia del país, es ahora mismo el equivalente a una olla de presión a punto de estallar. Dentro de ese recipiente está nada menos que la petrolera estatal Petrobras, acusada de ser utilizada por partidos políticos, empresarios y funcionarios de la compañía como fuente de desfalque de cientos –quizá incluso miles– de millones de dólares al Estado por medio de contratos inflados artificialmente, cuyo remanente acababa en cuentas en Suiza y otros paraísos fiscales. Las autoridades investigan transacciones sospechosas que ascienden a 9 mil 100 millones de dólares en el plazo de 2011 a 2014, entre ellas las que atañen a la construcción de una refinería en Pernambuco, que sirve de ejemplo de cuán lejos pueden haber llegado las cosas: De un presupuesto inicial de dos mil millones de dólares, las obras del complejo son ahora estimadas en 20 mil millones, a consecuencia de sobrecostes asociados parcialmente a las comisiones y la corrupción. Las cifras dañan la reputación del mayor empleador de Brasil, con 85 mil trabajadores, y literalmente hunden la reputación de una compañía global que cotiza en la bolsa de Nueva York y es el buque insignia del Brasil moderno y emergente. La acción en la bolsa de Sao Paulo cayó en torno a 30% desde el pasado 21 de noviembre y los procesos judiciales a lo que se enfrenta Petrobras en Estados Unidos amenazan con bajar más la cotización. Nueve grupos de accionistas estadunidenses demandaron este mes a la compañía por infringir las normas del mercado de valores de Estados Unidos, al entender que ocultó información al no señalar los problemas de corrupción. Mientras, la Comisión de Mercados y Valores de Estados Unidos tiene una investigación civil en marcha contra Petrobras y el Departamento de Justicia inició otra, criminal, para dilucidar si funcionarios de la empresa cometieron delitos. Procesos judiciales que de prosperar, podrían costarle a la empresa miles de millones de dólares en caída de su capitalización bursátil y multas, según datos publicados el pasado 19 de noviembre por el banco Morgan Stanley. Lo más peligroso en esto para Rousseff acaso sea la información que poseen los hasta la fecha 39 imputados en seis causas penales, en su mayoría empresarios y altos funcionarios de Petrobras. Once de ellos aceptaron confesar todo lo que saben a la policía a cambio de una reducción de la pena, y ya comenzó un baile de acusaciones contra altos cargos políticos cercanos a la presidenta, de las que todos los días se hacen eco los periódicos. Entre los mencionados está nada menos que el tesorero del PT, Joao Vaccari Neto, a quien se atribuye la responsabilidad de haber recibido dinero desviado de Petrobras para la campaña electoral de 2010.