CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Cada 24 de abril en la Ciudad de México recordamos una conquista que cambió el rumbo del país para las mujeres: la despenalización del aborto en 2007. Gracias a la lucha incansable de las feministas no solo de esta ciudad, sino del país entero, se tuvo este avance legislativo.

Desde entonces, más de 292 mil procedimientos se han realizado de manera gratuita en la capital, sin una sola muerte materna asociada, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud del Gobierno de la CDMX. Esto quiere decir que miles de mujeres han tenido la posibilidad de decidir sobre sus cuerpos. Este dato es contundente porque desarma uno de los argumentos más persistentes: el aborto seguro no pone en peligro la vida de las mujeres, su criminalización sí. La experiencia de la ciudad lo confirma una y otra vez. Cuando el Estado asume su responsabilidad y ofrece servicios de salud, el aborto deja de ser un riesgo y se convierte en lo que siempre debió ser: una decisión acompañada, informada y libre.

Feministas de todo el país se unieron para que el avance se lograra en la CDMX y después de 19 años, siguieron trabajando para que la despenalización avanzara en todo el país. Hoy, gracias a ese trabajo arduo, 24 entidades han despenalizado el aborto y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado inconstitucional su criminalización. Sin embargo, seguimos luchando porque esta reforma legislativa se materialice en la realidad, ya que hoy el acceso sigue dependiendo del código postal. No es lo mismo decidir en la capital que en una comunidad indígena; no es lo mismo tener una clínica cercana que recorrer horas —o estados enteros— para acceder a un servicio básico.

La Ciudad de México se ha convertido, en los hechos, en un refugio para miles de mujeres. De acuerdo con la CNDH, aquí se concentran cerca del 68% de los servicios de aborto del país, y en el último año, 4 de cada 10 personas que accedieron a ellos vinieron de otros estados. Este dato no habla sólo de la capacidad de la ciudad; habla, sobre todo, del abandono en el resto del territorio y de cómo en muchos estados a pesar de la despenalización sigue siendo tremendamente difícil acceder a una interrupción porque no ha habido voluntad política de los poderes ejecutivos para materializar este derecho.

Una de las mayores enseñanzas que nos deja el tema de aborto es que en el avance de nuestros derechos las barreras no son solamente legales, sino estructurales. Es la falta de personal no objetor, la información incompleta, los tiempos de espera, los trámites innecesarios, el estigma que persiste incluso dentro de los servicios de salud, e incluso también es un tema presupuestal, por ello, es fundamental que desde el movimiento feminista pongamos el dedo en el renglón sobre los recursos que se invierten en nuestros derechos y que la revolución feminista alcance la planeación presupuestal.

A 19 años de la despenalización del aborto en la CDMX, ¿qué sigue? Aunque el aborto está despenalizado en ciertos supuestos, sigue tipificado como delito. Es decir, el Estado reconoce el derecho y, al mismo tiempo, conserva la herramienta para castigar su ejercicio. El resultado es un mensaje contradictorio que se traduce en miedo, discrecionalidad y persecución.

Las cifras lo confirman. De acuerdo con información del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) entre 2015 y 2025 se abrieron miles de carpetas de investigación por aborto en la capital. A nivel nacional, el fenómeno se replica incluso en entidades donde ya existen avances legales. En al menos ocho entidades federativas se investigan más casos de aborto que de feminicidio.[1] ¿Qué nos dice eso sobre las prioridades institucionales? Que el control sobre los cuerpos y su estigmatización sigue teniendo más peso que la garantía de la salud y la vida de las mujeres.

Esta desigualdad tiene consecuencias concretas. Cada año, miles de niñas entre 10 y 14 años son obligadas a ser madres como resultado de violencia sexual. Tan sólo en 2024 se registraron casi 8 mil nacimientos en este grupo de edad: alrededor de 22 cada día, según datos del Consejo Nacional de Población. Esto no es una cifra más, es la evidencia de una violencia sistemática y de la fragilidad institucional latente, en donde se ha normalizado ver este tipo de historias.

Frente a este panorama, necesitamos avanzar con claridad y a otro ritmo, es por ello que es necesario lograr saldar una deuda pendiente con las mujeres: sacar el aborto del Código Penal en la CDMX y a nivel federal. La evidencia nos señala que no hay otro servicio de salud que esté tipificado como delito. Mantenerlo ahí no es una omisión técnica, es una decisión política que perpetúa la criminalización. Mientras eso no cambie, la amenaza seguirá vigente.

A los 19 años, la ruta es clara. La despenalización a las 12 semanas fue una estrategia para que lográramos abrir la caja de pandora, pero no es el final de esta historia. Necesitamos garantizar el acceso real, eliminar barreras, construir servicios de salud dignos y, sobre todo, desmontar la idea de que decidir sobre nuestros cuerpos es un crimen.

Porque decidir no debería implicar desplazarse, endeudarse, esconderse o tener miedo. Y porque ningún derecho está completo mientras siga siendo un privilegio para unas y una carrera de obstáculos para otras.

Fuera ya el aborto del Código Penal.

*Lizeth Mejorada

Es vocera de la iniciativa Mujeres Vivas, Mujeres Libres. Es consultora en género, derechos humanos y movilidad urbana sustentable.

[1] Fuente: CNN en Español (2025), con base en datos oficiales del  Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP): https://cnnespanol.cnn.com/2025/07/05/mexico/mexico-estados-investigan-aborto-no-feminicidio-orix