CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Con la desaparición del INAI y otros órganos autónomos en el país, algunos de los cuales aún siguen en funciones, se ha abierto un vacío preocupante en la garantía del derecho de acceso a la información, la rendición de cuentas y la protección de datos personales.

Recientemente, el órgano desconcentrado “Transparencia para el Pueblo” dio a conocer sus primeras resoluciones, luego del periodo de suspensión derivado del proceso de transición. De acuerdo con el decreto correspondiente, este organismo reanudó funciones para resolver recursos presentados por la sociedad a partir del 3 de junio en el ámbito de la administración pública, y el 19 de junio en lo que respecta a las autoridades garantes.

En total, emitió 456 resoluciones. Sin embargo, sólo en un caso se resolvió a favor del ciudadano que interpuso el recurso, mientras que en los 455 restantes, se confirmó la actuación del sujeto obligado.

La diferencia entre el extinto órgano autónomo y el nuevo órgano desconcentrado es notoria: mientras el primero resolvía con una clara orientación hacia la garantía de derechos ciudadanos, el segundo aún no demuestra ese mismo compromiso en sus decisiones. Desde su creación en 2014 hasta marzo de 2025, cuando cesó formalmente sus funciones, el Instituto resolvió 173,185 recursos de revisión y quejas interpuestas por la sociedad. De estos, 150,344 fueron en materia de acceso a la información y 22,841 en protección de datos personales. El año con mayor número de recursos fue 2022, con 25,324.

Entre los sujetos obligados con más recursos resueltos destacan el Instituto Mexicano del Seguro Social, con 17,281; la Cofepris, con 9,682; la SEP, con 6,197; y el ISSSTE, con 4,854.

Durante mi labor en los órganos autónomos, aproximadamente el 95% de las resoluciones respaldaron a la ciudadanía. No fue por capricho: derivaron de un análisis exhaustivo, jurídico y apegado a la ley, en el que se acreditaban omisiones reales por parte de las instituciones públicas.

Cada resolución era producto del trabajo de un equipo profesional, comprometido y, sobre todo, independiente.

Si la presidenta de la República le apuesta a la transparencia, como lo ha declarado públicamente, y ha sido enfática en que “el poder es humildad”, el nuevo órgano debe estar a la altura de ese discurso. Y eso implica algo muy concreto: respaldar a la ciudadanía cuando jurídicamente le asiste la razón.

La transparencia no debe ser un eslogan: tiene que ser un compromiso genuino con los derechos humanos y con la justicia.

Recordemos que detrás de cada solicitud de información hay una historia, una búsqueda de justicia, una necesidad de saber. Cuando se niega ese acceso, no sólo se oculta un dato: se apaga una voz.