La Secretaría de Educación Pública debe pronunciarse con claridad y sin ambigüedades en defensa de la autonomía universitaria cuando ésta sea violentada por poderes políticos locales. Su silencio ante el acoso a las universidades se convierte en un manto protector.

Cualquier servidor público (sin importar su nivel) que utilice bienes públicos para fines privados incurre en un acto de corrupción. Y eso debe investigarse, documentarse y sancionarse conforme a la ley.

Desde entonces, más de 292 mil procedimientos se han realizado de manera gratuita en la capital, sin una sola muerte materna asociada, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud del Gobierno de la CDMX.