Esta semana el tema de mayor interés público ha sido el bloqueo de carreteras por parte de campesinos y transportistas. Las protestas se originaron por la crisis económica que vive el campo mexicano y la inseguridad en las carreteras. Las manifestaciones pacíficas son legítimas en México y están reconocidas en los artículos 6, 7 y 9 de la Constitución.

 Si bien es cierto que los bloqueos en las carreteras pueden causar malestar y afectar nuestra vida cotidiana, es importante reflexionar sobre las razones que llevan a las personas a tomar estas medidas. Sin el trabajo de las comunidades agrícolas, simplemente no habría alimentos en nuestro país, pese a enfrentar durante décadas precios injustos, falta de apoyos y vivir bajo la percepción de ser subestimados.

En las mesas de negociación que se abrieron para atender estos problemas sociales los actores involucrados no han logrado acuerdos para resolver sus exigencias. A la crisis agrícola se suma un proyecto de Ley General de Aguas que, según señalan, permitiría a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ser juez y parte en las decisiones sobre el recurso natural que es fundamental para la producción agrícola.

Este proyecto de aguas contiene palabras confusas que se pueden interpretar de manera ventajosa por las autoridades. Por ejemplo, en el tema de las concesiones, la iniciativa dice que toda concesión de agua que no sea utilizada para los fines autorizados debe regresar a la Conagua, sin especificar cuál es el uso “distinto”. Otra preocupación es que, cuando la concesión concluya su vigencia, ya no se pueda heredar o venderse como parte de su tierra, sino que se debe de regresar a la Comisión. Esta medida, despoja de valor a la tierra, que durante años y por generaciones, ha trabajado el sector agrícola.

Debemos reconocer que el campo en México no sólo es una actividad económica, representa la vida para millones de familias que mantienen su identidad y cultura mediante el esfuerzo que pocas veces recibe el reconocimiento que merece. Los productores y campesinos sólo buscan un precio justo, uno que les permita obtener una ganancia digna.

Hoy, esas comunidades están agraviadas. Perciben que las autoridades no las escuchan, que sus necesidades se minimizan y que su trabajo no se valora con justicia.

No se trata únicamente de números o de producción. Se trata de personas que cada amanecer se enfrentan el clima, el riesgo y la inestabilidad con la esperanza de sacar adelante a sus familias y de llevar comida a los hogares del país.

Las comunidades agrícolas se encuentran desesperadas por la venta de su cosecha y la percepción de desigualdad ante las adjudicaciones directas a grandes emporios económicos. Sin embargo, lo que realmente impulsa su lucha es el miedo a la inseguridad y la posibilidad de ser despojado del agua de su tierra. En esencia, su motivación es profunda: está impulsada por el alma, el corazón, el bienestar de su familia y un amor inquebrantable por el campo.

 A esta voz se suman los transportistas, trabajadores del volante que pasan días y noches recorriendo carreteras para que los productos del campo lleguen a los mercados de abasto, centros comerciales, tiendas en colonias y barrios donde millones de familias compran lo que necesitan para vivir.

 En el caso de los transportistas, el problema es la inseguridad que enfrenta debido al aumento de robos, extorsiones y violencia en general. Este sector también se siente vulnerable por el rezago en trámites y regulaciones por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

 Ambos sectores, campesinos y transportistas, conforman un eslabón que, si se quiebra, afectará a todo el país. Sin su trabajo, los precios suben, los alimentos escasean y las crisis sociales y políticas continuarán.

 Resulta lamentable que algunos quieran deslegitimar las protestas asegurando que detrás de las manifestaciones se encuentran los partidos políticos. Hoy, más que nunca, es momento de escuchar, comprender y actuar.

Como sociedad debemos entender que esta lucha es también nuestra. Lo que piden no es un privilegio. El trabajo del campesino y del transportista está vinculado al acceso a la alimentación y la estabilidad económica.

Recordemos que en México ya se han puesto en marcha proyectos alimentarios como el caso de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex). Cuando fui comisionada en el extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), funcionarios de esta dependencia reservaron por cinco años información relacionada con denuncias por supuestos actos de corrupción. Las irregularidades superaron los 15 mil millones de pesos y fueron confirmadas por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública.

La negativa a entregar la información a un solicitante fue revocada por mi Ponencia y apoyada por el entonces pleno del INAI al tratarse de un tema de interés público. En este mismo sentido, los problemas en el campo y la inseguridad que viven los transportistas también representan asuntos de interés público, que deben resolverse ante los ojos de la sociedad con plena transparencia.

 En tanto estas crisis sociales y políticas no sean resueltas, continuarán siendo focos rojos que deben ser atendidos para el bien de todos los mexicanos.