Opinión

El crimen entronizado en Michoacán... y en el país

Los limoneros son parte de esta red de extorsiones que el crimen organizado michoacano ha levantado sobre las bases de un sistema de control territorial, económico y político.
lunes, 27 de octubre de 2025 · 05:00

El 10 de abril de 2013, 14 productores de limón de Buenavista fueron asesinados luego de acudir a un lugar llamado Cuatro Caminos, en el municipio michoacano de Tierra Caliente llamado Nueva Italia.

Los limoneros venían en caravana, acompañados de mujeres y niños después de asistir al acto cívico con motivo del Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata para manifestarse en demanda de garantías para el corte de limón.

Los Caballeros Templarios controlaban la zona, no sólo en la elaboración de drogas, también en la producción de limones y aguacates que se exportan a Estados Unidos.

La emboscada ocurrió a las 4 de la tarde, frente al fraccionamiento Los Girasoles, a donde había acudido el entonces secretario de Gobierno, Jesús Reyna, quien a la postre siendo gobernador sustituto fue detenido por sus relaciones con los Caballeros Templarios.

El ataque fue porque los limoneros se opusieron al aumento del cobro que los Caballeros Templarios impusieron por las cosechas y venta en el mercado de Apatzingán.

Jesús Reyna había recibido millones de pesos para la campaña de Fausto Vallejo, luego siguió en contacto Servando Gómez La Tuta, uno de los líderes de los Caballeros Templarios, quienes habían sustituido a La Familia Michoacana, los cuales, a su vez, tomaron en lugar de Los Zetas. Sus vínculos confirmaban la colusión entre los criminales y el gobierno michoacano, una colusión que llegaría hasta el hijo del gobernador Vallejo, Rodrigo llamado El Gerber, jefe de la plaza de Morelia.

La característica de estos grupos criminales de Michoacán es que no sólo se dedican a la producción y trasiego de drogas hacia Estados Unidos, sino que desarrollaron toda una estructura criminal —llamado crimen organizado— que abarcaba la extorsión, secuestro, tráfico de minerales y el control de la venta de combustibles y los productos básicos en los comercios.

Los limoneros son parte de esta red de extorsiones que el crimen organizado michoacano ha levantado sobre las bases de un sistema de control territorial, económico y político, que en sus momentos más álgidos ha alcanzado hasta el dominio del 70 por ciento de los municipios.

El terror es la principal estrategia de control de los grupos criminales. La muestra más clara es la constancia de la espiral de violencia en poco más de una década.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tiene registrados que desde el 2012 al 2024 el número de homicidios cometidos en el estado se duplicó y ya figura entre los diez estados con más homicidios del país.

En 2024, la cifra de homicidios en Michoacán cerró en mil 632 casos, lo que contrasta radicalmente con los 827 registrados en 2012.

En este año la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán reportó una disminución del 59.85% en la incidencia de homicidios dolosos durante la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, al pasar de un promedio diario de 8.3 asesinatos en octubre de 2021 a 3.4 casos diarios en junio de 2025.

No obstante, la percepción de inseguridad continúa con tendencia al alza, especialmente en regiones como Tierra Caliente, Zamora, Uruapan, Apatzingán y recientemente en Zitácuaro, donde se han reportado bloqueos carreteros, enfrentamientos armados, hechos violentos y ataques contra personas inocentes.

El asesinato del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán (ACVA), hallado sin vida y con huellas de tortura, pone al relieve que el crimen organizado sigue entronizado en Michoacán. Nada ha cambiado desde 2006, cuando Felipe Calderón declaro la guerra al narcotráfico.

Por cierto, la investigación de Reuters sobre el robo y trafico de petróleo a Pemex muestra con claridad la amplia red de colusión de funcionarios, militares y empresarios no sólo mexicanos sino de Estados Unidos. La empresa de Houston llamada Ikon Midstream es señalada por participar en el contrabando de casi 120,000 barriles de diésel confiscado en el Puerto de Ensenada y que traficaba el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

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