La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados elaboró un dictamen a la reforma de la Ley de Amparo en el que suprimió el artículo transitorio aprobado en el Senado que otorgaba retroactividad a la norma. De tal manera que, con este cambio, se busca retomar el sentido original de la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En medio de la polémica sobre el autor en el Senado de este artículo transitorio se mencionó que había sido el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar Ortiz, quien pidió se añadiera ese artículo transitorio al dictamen elaborado por el Senado.

Pero esta presunción es falsa, de acuerdo con fuentes de la Corte que afirman que el ministro nunca pidió tal artículo transitorio que atenta contra la Constitución.

Según la historia que se acreditó a senadores de Morena, el ministro Hugo Aguilar le pidió al exministro Arturo Zaldívar que se metiera dicho artículo transitorio en la propuesta y éste a la consejera jurídica de la Presidencia Ernestina Godoy y ella al senador Adán Augusto.

Dicha versión no es correcta, de acuerdo con las fuentes de la Corte que señalan que el ministro Aguilar Ortiz no ha tenido contacto con Arturo Saldívar desde que lo saludó cuando tomó posesión como presidente de la Suprema Corte.

Lo que ocurrió, según las fuentes, fue que el ministro Aguilar hizo sugerencias a la iniciativa, directamente a Ernestina Godoy. Le dijo que veía bien todo lo de la digitalización y juicio en línea, pero que se debía matizar lo de interés legítimo porque lo desnaturaliza.

Hizo la observación de quitar la palabra “directo” para mantener su espíritu y que veía bien ajustar los tiempos en la ejecución de las sentencias.

En tanto que sobre el transitorio nunca planteó la retroactividad y que la sugerencia fue por una redacción que distinguiera trámite de resolución.

Tras una semana de polémica sobre el autor de la propuesta de retroactividad en la minuta del dictamen de Ley de Amparo, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, senador de Morena, afirmó que fue aprobada el 1 de octubre, resultado de un trabajo colectivo dentro del Senado de la República y no de una decisión individual.

Incluso aclaró que aunque su nombre aparece como autor, la propuesta fue discutida y respaldada por la mayoría de la bancada.

Una semana después, en la Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno (Morena), explicó: “Resarcimos prácticamente la propuesta inicial de la presidenta de la República, donde retomamos que se respete la Constitución y, sobre todo, la retroactividad que se había tergiversado en un transitorio”.

A partir de este anunció surgió otra versión de la intención de retroactividad de la Ley de Amparo: que estaba destinada a que el empresario Ricardo Salinas Pliego pague la deuda fiscal estimada en 74 mil millones de pesos.

Es decir, que se le impidiera al dueño de Elektra seguirse amparando al infinito para no cubrir esa deuda fiscal y buscar una negociación para bajar el monto millonario de la deuda.

Por cierto, en días pasados Salinas Pliego obtuvo un nuevo amparo que se suma a otro aceptado por la Corte hace apenas dos semanas, en el que Elektra busca evitar el pago de un segundo crédito fiscal por mil 609 millones de pesos correspondientes al ejercicio fiscal de 2012.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, afirmó que no puede haber amparo sobre amparo a fin de que la gente evada la obligación de pagar sus impuestos.

Así, a pesar de que ya se suprimió la retroactividad a la Ley de Amparo, Salinas Pliego está cada vez más acorralado. Un juez federal de Nueva York ordenó a Televisión Azteca desistirse de un juicio de amparo que promovió en la Ciudad de México en 2022 para no pagar a los tenedores de bonos.

Por cierto, en el Senado ya se discute otra ley que está generando polémica, sobre todo en empresas importadoras. Se trata de la Ley Aduanera, que busca combatir la evasión fiscal y garantizar que el comercio exterior cumpla con la ley. Esto por el escándalo del huachicol fiscal, que en una estimación inicial significó un desfalco a las arcas gubernamentales de entre 500 mil y 800 mil millones de pesos entre los años 2018 y 2024, según cifras de organizaciones no gubernamentales.