Desmantelar el INAI y su plataforma no sólo sería un retroceso en términos de gestión pública, sino un retroceso en la democracia misma.

Esto implica garantizar que las solicitudes de acceso a la información sean procesadas con transparencia, que los usuarios de telecomunicaciones puedan exigir servicios de calidad o que los mercados operen bajo reglas claras que promuevan la competencia.