El derecho a saber, tanto en el pasado como en la actualidad, sigue siendo una asignatura pendiente que debería importar a la comunidad toda. Ciertamente el Instituto de Acceso a la Información, Transparencia y Protección de Datos Personales (INAI) tiene sus luces y sus sombras. Lo importante, en todo caso, es la defensa del derecho a saber más que del INAI en su actual factura institucional. Veamos.

Primero. El derecho a saber es, al mismo tiempo, fundamental y también de naturaleza instrumental para ejercer otras prerrogativas humanas que reconoce la Constitución y la ley. No se trata sólo del tema de la rendición de cuentas y del escrutinio público que interesa, por ahora y por desgracia, a una escasa porción de la comunidad, de ahí que sean las denominadas organizaciones de la sociedad civil y periodísticas las únicas que han hecho público su preocupación por el futuro de este derecho y de la institución que lo alienta. Los derechos de primera generación han podido formar parte de las percepciones e inquietudes de la población que no tiene interés alguno por la política, ni por lo que hace o deje de hacer el gobierno en el México de este momento.

Sería, no cabe duda, un despropósito generar un organismo autónomo para tutelar cada uno de los derechos humanos o sociales clásicos. Esa irracionalidad, empero, deja de tener sentido si se considera que el derecho a saber es relativamente reciente en el país y de que en el país la formación de pensamiento crítico (es decir la pauta de comportamiento que cuestione, verifique y compare los datos de información que la persona se allega por cualquier medio y, peor aún, muchos otros que no sabe que podría saber para optimizar su calidad de vida) es prenda de una parte minoritaria de la gente. Aquí conviene precisar que el sentido de obviedad es relativo y es menester volver a las razones iniciales del porqué de este singular derecho junto con el surgimiento del relativos a la protección de datos personales como resultado de las tecnologías de la información y el internet.

Segundo. El conocimiento es un vehículo que empodera a las personas. A mayor conocimiento (datos relevantes y significado de éstos) mayor capacidad de defensa va a existir de los derechos humanos. Si las personas, la inmensa mayoría, conociera sus semanas cotizadas en el IMSS, en el ISSSTE y cómo integrarlas, si supiera cuánto tiene en su cuenta de ahorro para el retiro si cotiza en los citados IMSS o ISSSTE, si verifica que su médico especialista (sea del sector público o del privado) cuente con las respectivas cédulas profesionales y se encuentre debidamente certificado, entre muchas otras cosas puntuales que el acceso a la información pública le puede proporcionar las cosas serían distintas. En la medida en que las personas se acostumbren a saber más el derecho a la información no tendrá caminos de regreso.

El INAI y los organismos garantes en los estados han organizado millones de cursos, conferencias, encuentros y semanas sobre los más diversos temas, pero lo cierto es que no han transformado el comportamiento de la mayoría de los mexicanos sobre las distintas utilidades que tiene este derecho.

No es mi apreciación personal. Es un dato verificable con la realidad donde a la gente le tiene sin cuidado el INAI porque no sabe que no sabe (que es el punto de partida para saber, valga tanta redundancia). En el nuevo diseño institucional del Estado mexicano hay, ni duda cabe, muchas prácticas previstas en el marco jurídico que son ajenas a los mejores estándares internacionales. Y qué bueno que haya una reforma de gran calado. Pero en ese proceso hay, entre otros, el derecho a saber que necesita ser tutelado y promovido.

Tercero. Una cosa debe queda clara: no habrá marchas por la transparencia. Carece de base social y, por ende, es sacrificable. Habrá que apelar a los directivos formados e informados de la 4T y de Morena para hacer valer el argumento de las razones. El derecho a saber no va a internalizarse en las actitudes y valores de los mexicanos por generación espontánea. Si el INAI y sus similares en los estados no han cumplido con ese propósito menos va a suceder si esa tarea queda a la deriva. Una ruta distinta a la seguida hasta ahora, que ha logrado convencer muy bien a los escasos (en términos porcentuales) convencidos, pero que ha errado en su misión de fondo y, junto con otros factores más, por ello el país se encuentra en este predicamento.

Recuerdo, hace ya 23 años, cuando tuve la oportunidad de viajar a varios países desarrollados en el derecho a saber para conocer su propia experiencia que no encontraba mayor literatura sobre el tema. Me dijeron: aquí es natural y no es tema de discusión. En Suecia, por ejemplo, una ley fundamental que forma parte de la Constitución es la relativa a la transparencia y fue adoptada en 1766. Era, a la distancia visto, claro que se había discutido en su oportunidad y que en el 2001 nadie ponía en cuestión. Hoy, a más de 22 años de que se aprobó en México la primera ley federal de transparencia y en Sinaloa la primera local, México asiste a un escenario similar con una realidad que no ha cambiado de fondo. René Bejarano, Ricardo Monreal, Arturo Saldívar y Javier Corral, entre otras personas con pensamiento crítico, algo deberían decir sobre qué hacemos con lo que tenemos para cambiar lo que somos para bien del país.

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