CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones de la sociedad civil alertaron sobre los riesgos que implica la desaparición de los órganos constitucionales autónomos, en particular el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), como lo ha dictaminado la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados con 18 de las 20 iniciativas presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero.

Ante la divulgación del dictamen de reformas constitucionales, programado para ser aprobado el próximo 15 de agosto, en un comunicado conjunto, Artículo 19, Fundar, Centro de Análisis e Investigación y el Observatorio Designaciones Públicas, manifestaron su preocupación por “la posible aceleración de la discusión del dictamen sin que exista la oportunidad de analizar a fondo sus implicaciones en la garantía del derecho a la información”.

Al sostener que “la desaparición de órganos garantes pone en riesgo la protección de derechos humanos”, las organizaciones recordaron que el presidente López Obrador y su sucesora Claudia Sheinbaum se comprometieron a que el paquete de iniciativas del llamado Plan C, “no se aprobaría fast track”, tal como pretende la mayoría legislativa de Morena.

“Lo anterior es sumamente grave, ya que la discusión anticipada del dictamen contraviene principios del parlamento abierto, los cuales buscan el fortalecimiento de las iniciativas, toda vez que no existiría ningún mecanismo de diálogo ni de participación ciudadana efectiva sobre una iniciativa que pretende eliminar al órgano garante” del derecho al acceso a la información pública y a la protección de datos personales. 

Bajo el hashtag #LoQueDejamosDe Saber, las organizaciones exigieron al Congreso de la Unión “que implementen los mecanismos para garantizar el derecho humanos a la participación activa en los asuntos públicos del Estado, haciendo un ejercicio efectivo que permita participar a todas las personas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas interesadas para ejercer un mejor control democrático y asegurar el derecho a saber del pueblo de México”.

En el caso específico del INAI, para el que se propone su extinción y “trasladar sus funciones a distintas dependencias y órganos de gobierno”, destacaron que “fue la misma ciudadanía la que impulsó la existencia de un órgano de vigilancia autónomo en la materia”.

Lamentaron que el dictamen “proponga que la Secretaría de la Función Pública asuma las funciones que actualmente realiza el INAI”, lo cual es totalmente “contrario a los avances registraos en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas construidos a lo largo de los últimos 20 años, además de que no forman parte de su mandato”.

Reconocieron que ciertamente se requiere una reforma legislativa de acceso a la información, para que “fortalezca el trabajo del órgano autónomo, sobre todo, ante la práctica dada vez más recurrente que han asumido las instituciones de no entregar la información o declararla como reservada”.

Agregaron que la apuesta debería ser “pro mecanismos rigurosos que aseguren los mejores perfiles independientes y con experiencia necesaria para que realmente cumpla con la función para la cual fueron creados, que es al protección y defensa de derechos humanos sin injerencias por parte de otros poderes”.

Las organizaciones recomendaron “un proceso amplio de deliberación ciudadana, bajo la premisa de la mayor protección a los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales”, tal como lo ha referido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El organismo internacional ha alentado al Estado Mexicano a que “exista en el orden normativo una institución garante que cuente con independencia, tanto financiera como política, para centralizar y canalizar las solicitudes de información, a fin de que pueda proteger mejor el derecho y centralizar los esfuerzos por recabar e indexar información pública”.