Las elecciones del 28 de julio último en Venezuela, seguidas por la autoproclamación del triunfo de Nicolás Maduro, han tenido una resonancia internacional muy amplia. El panel de expertos electorales de la ONU presentó un informe, distribuido el martes 13 pasado, señalando que la autoridad electoral en Venezuela “no cumplió con los requisitos básicos de transparencia e integridad esenciales para celebrar elecciones creíbles”; subraya, además, que “la ausencia de resultados desglosados no tiene precedente en las elecciones democráticas contemporáneas”.

Dicho Informe llega después de múltiples declaraciones sobre las diversas irregularidades cometidas en las elecciones de Venezuela procedentes de la Unión Europea, Estados Unidos, los países miembros del Grupo de los 7, la OEA, los países de América Latina que han roto relaciones con Maduro y el grupo de tres países, simpatizantes de Maduro, que intentan negociar una salida a la peligrosa situación que impera en ese país. 

La decisión de Maduro de permanecer en el poder no significa, solamente, prolongar su estilo autoritario y la conducción económica del país por vías que han llevado a la salida de más de siete millones de venezolanos, al empobrecimiento de la mayoría de la población y a múltiples carencias en materia de salud y alimentación. Significa, también, endurecer la persecución de miles de miembros de la oposición que están siendo detenidos, aterrorizados, atrapados en una situación cuya única salida será el derrumbe de la mafia que entorna a Maduro, integrada por el ejército y el círculo de consejeros civiles privilegiados por el régimen.

Para algunos, la permanencia del régimen autoritario –en sus comienzos una revolución populista encabezada por Hugo Chávez, quien con su indudable carisma y el apoyo económico del petróleo, conquistó muchos seguidores– es un ejemplo más de los regímenes dictatoriales que se han perpetuado por muchos años en Cuba o Nicaragua. 

Con ese punto de vista las elecciones del 28 de julio último son un episodio más que no modificará la permanencia de Maduro en el poder por un tiempo indefinido.

Para otros, las movilizaciones que acompañaron dichas elecciones, la capacidad de organización y unidad que ha mostrado la oposición encabezada por María Corina Machado, el claro triunfo electoral ilustrado por la presentación de las actas de casilla recopiladas y presentadas a la opinión pública hacen de esta elección un caso especial que, aunado a la presión internacional tan amplia, puede ser un punto de transición hacia un nuevo momento político en Venezuela. 

Visto así, el papel de la acción internacional será definitivo para decidir el futuro de Venezuela. ¿Cuáles son sus principales dilemas? Y ¿Hasta dónde es posible resolverlos?  

El primer dilema es cómo obtener una posición unificada y convincente sobre quién ganó las elecciones. La respuesta no es fácil si se atribuye validez a las opiniones de quien formalmente lo decide: el Consejo Nacional Electoral, subordinados claramente a las órdenes de Maduro. Dicho órgano no ha proporcionado las actas desglosadas en comparación con la oposición que las ha presentado a la opinión pública, pero la visión oficial encuentra múltiples argumentos para sostener que no tienen validez. Se requiere, pues, de un órgano independiente de carácter internacional cuya composición y atribuciones dé una absoluta confianza a sus decisiones. Su integración y legitimidad no será fácil de lograr. 

En segundo lugar, se requiere encontrar una salida para Maduro, los mandos superiores del ejército y consejeros cercanos que permita evitar el “baño de sangre” que ha prometido Maduro. Las negociaciones al respecto son delicadas porque éstas deben evitar ser catalogadas como “intervención imperialista”, tema que levanta rechazos compresibles en América Latina por sus experiencias históricas con Estados Unidos. Las negociaciones deben ser auspiciadas por países libres de toda sospecha. Un país tradicional para esos fines podría ser Noruega, por sólo dar un ejemplo. 

En principio, tal era la labor que estaba llevando a cabo el trío formado por Brasil, Colombia y México. Desafortunadamente las declaraciones recientes de López Obrador que otorga un reconocimiento implícito a las autoridades dominadas por Maduro están dejando a México fuera de su papel como negociador confiable. 

Por otros motivos, Brasil está perdiendo credibilidad al proponer celebrar nuevas elecciones, idea un tanto descabellada si se piensa en los problemas logísticos para decidir quién y cómo las convoca, quién paga los costos y quién confirma los resultados. 

Lo anterior no permite llegar a la conclusión que no hay mucha opción para la acción internacional. Por el contrario, las elecciones de Venezuela pueden ser un ejemplo de caminos a seguir por actores externos comprometidos con restaurar condiciones de viabilidad democrática y económica en un país.

De lograrse un acuerdo sobre los aspectos políticos que hemos señalado, el siguiente paso es la construcción de instituciones para la gobernabilidad económica y política en Venezuela. Estados Unidos y los países europeos tienen mucho que decir sobre este tema, en particular la parte económica. Sin embargo, hay pocos antecedentes sobre qué se ha hecho en otros casos y muchas dudas sobre la imparcialidad con que se actúe, más allá de proteger los intereses económicos y estratégicos de cada país.

Resolver los dilemas de la acción internacional para contribuir a la pacificación y desarrollo de Venezuela coloca sobre la mesa los obstáculos tradicionales que existen para hacer realidad la cooperación y solidaridad internacionales que inspiran la existencia de la ONU y sus expertos electorales, o de otras instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  

Defender esas instituciones, cualesquiera que sean sus limitaciones y aparente impotencia, seguirá siendo una prioridad para quienes desean un mundo de mayor libertad y justicia. Al acercarnos a un nuevo gobierno, México debe aspirar a promover esos ideales.