En las últimas dos décadas los gobiernos en turno se dedicaron a construir miles de viviendas populares sin planeación y, sobre todo, sin tomar en cuenta las necesidades de las familias. Así levantaron miles de habitaciones de escasos 25 a 40 metros en tierras fangosas, áridas o en cerros sin pensar en rutas de transporte, escuelas, parques, unidades médicas, centros culturales y comerciales. El único foco de atención fue darles un gran negocio a las constructoras.

Recientemente el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, señaló que distribuidas en varias zonas del país hay 650 mil viviendas abandonadas, muchas de las cuales son centros de trasiego de droga y refugio delincuencial.

El funcionario federal, además, indicó que existen otras 70 mil edificaciones que están en calidad de “perdidas”, debido a que se trata de unidades habitacionales que no pudieron habitarse, toda vez que se construyeron en zonas de riesgo como cerros o áreas que se inundan.

La lógica de la construcción de estas viviendas inhabitables fue meramente mercantil. Grupos empresariales como Casas Arko, Homex, Su casita, Geo, Urbi, Metrofinanciera, Consorcio Ara, Vinte, Hogares Deesa, Marfil, Javer, entre otras, fueron las grandes beneficiadas por los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. 

No obstante que el problema fue abordado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al final fue también abandonado a su suerte.

En contraste con las cifras de Sedatu, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) calcula que hay seis millones 155 mil viviendas abandonadas en México. El Estado de México concentra 10% del total, con 611 mil 159; le sigue Veracruz, con 474 mil; Jalisco, con 451 mil 590; Michoacán, con 313 mil 707, y Guanajuato, con 313 mil 437.

En 2020 el gobierno de López Obrador afirmó que tenía un plan para renovar 175 mil de ellas antes de que concluya el sexenio, lo cual implicaba que, en promedio, se tendrían que renovar 119 casas al día mediante el Programa de Regeneración de Vivienda Abandonada, encabezados por  el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

El año pasado, al asistir a la Cámara de Diputados, el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón, informó que junto con el Infonavit se habían recuperado alrededor de 70 mil viviendas que estaban abandonadas. Es decir, menos de la mitad de lo proyectado.

Miles de familias forzadas por sus condiciones de pobreza viven en esos espacios reducidos y peligrosos, y se aferran a permanecer usándolos como dormitorios, salen a las cuatro de la mañana y regresan a las nueve, diez de la noche del trabajo.

Pero la mayoría son abandonadas y representan 14% del parque habitacional en el país y eso ha generado una ola de invasión de predios, de acuerdo con estudios de la UNAM.

Mientras que sigue fracasando el programa de recuperación de vivienda abandonada y que en 2022 fue aprobada la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV), sólo 12 estados de la República han actualizado sus marcos normativos.

En ese contexto, la esperanza para los jóvenes en México de una casa digna es imposible lograrla. Sobre todo, si tomamos en cuenta que el alza en los tipos de interés bancario como principal posibilidad de tener dinero ha traído como natural consecuencia hipotecas más caras y menos accesibles dificultando las posibilidades de los jóvenes para adquirir una casa. 

Además, la informalidad laboral y los bajos ingresos que percibe la población general, sobre todo los jóvenes, son determinantes para que la banca no los considere candidatos a obtener créditos hipotecarios.

A diciembre, el Inegi reportó casi 61 millones de personas económicamente activas, y de ese número 1.6 millones están desocupadas; entre ellas, personas de 15 años. El instituto reportó el año pasado que la mitad de los 40 millones de personas ocupadas en el país son jóvenes de 15 a 39 años y ganan hasta dos salarios mínimos, es decir, 12 mil 450 pesos mensuales.

La firma Inmuebles 24 reporta que en la Ciudad de México la renta media de un apartamento de dos recámaras alcanza los 15 mil 481 pesos mientras que el costo promedio de una casa de la misma superficie asciende a dos millones 700 mil pesos. 

Ante el elevado costo de rentas y venta de viviendas se calcula que en la capital del país 60% de los jóvenes de 18 a 29 años viven aún en la casa familiar y un 30% optaría por la modalidad de roomiespara compartir los gastos del arrendamiento y el pago de servicios.

Frente a esta realidad es nula la posibilidad de que los jóvenes mexicanos tengan una vivienda propia o incluso arrendada, a causa del alza en los tipos de interés, hipotecas más caras y menos accesibles. 

De plano, millones de jóvenes mexicanos están excluidos por el mercado inmobiliario. Y ni siquiera podría vivir en las miles de casas que están abandonadas por todo el país porque ya están ocupadas por el crimen organizado.

Por cierto… Una de las propuestas de la próxima presidenta Claudia Sheinbaum es atender la demanda de vivienda de los jóvenes, promete la construcción de hasta 75 mil viviendas por año, la generación de casi un millón de empleos por la construcción, una renta máxima equivalente a 30% del salario, viviendas bien ubicadas y con acceso a servicios, condiciones contractuales justas para quien gana menos, calidad de los materiales de construcción, libertad para elegir dónde y cómo vivir y acceso a mascotas. Ya veremos si cumple o se queda como el proyecto no cumplido de López Obrador.