La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, tiene –o debería tener– una responsabilidad personal con quienes laboran en el Poder Judicial de la Federación (PJF) en sus dichos y acciones. Así lo ha declarado repetidamente en las últimas semanas y debería haber una razonable coherencia entre el decir y el hacer. Veamos.

Primero. La estrategia para defender a quienes prestan servicios en el PJF no parece la más efectiva; de hecho, cada discurso suyo parece dificultar cualquier posibilidad de negociación. La ministra Piña ha pasado de abrir el diálogo con el poder a emitir duras críticas contra la iniciativa de reforma constitucional del presidente López Obrador. Esto ha llevado a que la virtual presidenta Claudia Sheinbaum descalifique públicamente a la titular de la SCJN, aislándola como interlocutora. No se observa una estrategia efectiva; más bien, se revela desesperación y frustración. La ministra Piña no es política, pero tiene la capacidad de formar un equipo sólido de negociación que priorice los intereses de su gremio sobre declaraciones filosóficas que no transforman la realidad aquí y ahora. Lo que menos tiene la ministra presidenta es tiempo. Sus márgenes de maniobra son reducidos, pero no ayuda reducir los pocos espacios disponibles sin que esto signifique claudicación o cambio de principios, todos respetables. El denominado "plan de contención" parece, según ha trascendido en medios y columnas, una estrategia cuyos propósitos serán inversamente proporcionales a los buscados si sigue esa hoja de ruta.

Segundo. ¿Por qué la 4T negociaría temas fundamentales con la ministra Piña? ¿Qué puede ofrecer ella a quienes han ganado el poder legítimamente en las urnas para obligarlos a sentarse a negociar y adoptar una tercera vía? La realidad es contundente: la cúpula empresarial no cambiará su postura por las razones expuestas por la ministra presidenta y seguirá su adhesión a la 4T como lo ha expresado. El gobierno de Estados Unidos no romperá relaciones diplomáticas con México, a pesar de los sólidos argumentos de la ministra Piña. Las Fuerzas Armadas seguirán leales a quien ocupe la Presidencia de México. Los discursos de la ministra Piña tienen en ella y su entorno un efecto de catarsis y desahogo emocional, pero eso no produce resultados concretos; al contrario, encarece toda posible ruta de negociación. Las palabras de la ministra Piña no deben dirigirse a convencer a quienes ya están convencidos, lo que Cass Sunstein ha definido como "cámara de eco" en su libro #Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media. Este concepto alude a una narrativa que refuerza sus propias opiniones y excluye otros puntos de vista. En este contexto, es mejor privilegiar el acuerdo, por más acotado que sea, que seguir en la ruta actual.

Tercero. Lo importante ahora no es quién tiene la razón, sino cómo la ministra Piña puede lograr, en la medida de lo posible, que sus razones se traduzcan en el texto del dictamen de la muy probable reforma constitucional. Paradójicamente, la ministra Piña genera, sin saberlo y sin mala fe, elementos para que el dictamen que se apruebe siga la ruta legislativa sin mayores cambios a la iniciativa presidencial. Hay, creo, cuatro temas infranqueables: a) la elección popular de los juzgadores, b) el ajuste salarial a la baja de los juzgadores, c) la separación entre quien vigila y quien es vigilado, y d) la fecha de septiembre como plazo. Dos de esos temas (b y c) ya han sido digeridos en gran parte del PJF. Hay, sin embargo, varios temas que podrían ser susceptibles de acuerdo y en los que debería ponerse el acento: a) Cómo lograr que los jueces y magistrados del PJF designados por concurso puedan contar con una salida en los artículos transitorios para que, por única vez, puedan permanecer en el Poder Judicial, y b) Cómo asegurar que quienes están cerca de la jubilación puedan lograr un acuerdo transitable. Hacer que las razones transformen la realidad concreta es posible, y a ello la ministra Piña debería enfocar todo su empeño.

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