En diversas partes de México existe un problema público de gran impacto: la escasez de agua. Esta situación –vinculada con el cambio climático que experimentamos a nivel global– puede detonar problemas en materia de salud, higiene, alimentación, entre otros.

De acuerdo con el artículo 4 de nuestra Constitución Política, “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”. Esta misma garantía ha sido reconocida por la Organización de las Naciones Unidas como un derecho humano.

Por esta razón las situaciones complejas que se presentan sobre el vital líquido son públicas. Hace días resolví un recurso (queja) en contra de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Una persona requirió, por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, información relacionada con certificados sobre la calidad del agua distribuida a través de pipas o autotanques en Baja California, Nuevo León, Estado de México y Ciudad de México.

Cofepris declaró la inexistencia de la información, sin embargo, en el INAI le pedimos que realizara una nueva búsqueda y entregara lo solicitado. Esta institución es la autoridad facultada para otorgar certificados que garanticen la calidad del agua para el consumo humano e industrial. Esto involucra la operación de empresas dedicadas al servicio de distribución de agua conocido comúnmente como servicio de autotanque o pipas.

Para dimensionar la relevancia que tienen las empresas de pipas en el mercado de agua, así como su regulación sanitaria, podemos poner como ejemplo a la Ciudad de México. Según diversos medios de comunicación, sólo 27 empresas controlan el abasto de agua en la capital.

Sabemos que existen problemas hídricos severos en la ciudad que hacen necesaria la contratación de estos servicios. De esta forma, gracias a solicitudes de información es público que, entre 2016 y 2021, las alcaldías de la capital –junto con el Sistema de Aguas de la CDMX– han erogado mil 479 millones de pesos para la contratación de pipas y poder abastecer de agua a diversas zonas de la metrópoli.

Este gran monto de recursos no cuenta con un monitoreo formal que permita medir la eficiencia y la eficacia en la solución del problema del agua y hace difícil tener información oficial. Así, la transparencia ha sido la vía más idónea para buscar la rendición de cuentas en este tema.

Ante la reciente escasez de agua en la capital debido a la disminución de 40% de las lluvias, la única forma de tener acceso a agua potable es contratando estos servicios de pipas para llenar tinacos y cisternas. Esto ha provocado el surgimiento de un mercado ilegal que surte a las pipas de agua extraída de pozos públicos.

Debido a este esquema fuera de la ley se crea una barrera adicional que se basa en la capacidad económica de las personas para pagar cerca de dos mil 300 pesos por una pipa de 20 mil litros. A las empresas de pipas les cuesta entre 100 y 800 pesos llenarlas de forma clandestina.

De acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), a pesar de que 93% de los hogares en México tiene acceso a agua potable entubada, tres de cada 10 no tuvieron disponibilidad diaria. Aquí entendemos cómo las pipas se vuelven la solución inmediata para el abastecimiento.

La información pública es un primer paso para elaborar un diagnóstico correcto y combatir las prácticas irregulares que surgen en torno a la provisión de agua mediante estrategias de abastecimiento. Hoy, los derechos a la salud y al acceso al agua son parte de la agenda social a la cual contribuimos en el INAI.

Recordemos también el caso del agua contaminada de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México; es mejor conocer las causas y prevenir a la sociedad que guardar la información y provocar incertidumbre. El acceso a la información es de utilidad social en México, conocer información también salva vidas.

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*Comisionada del INAI

@JulietDelrio