El agua en una de cada tres escuelas en México contiene al menos un elemento que excede los límites establecidos por la Norma Oficial Mexicana, entre ellos arsénico, plomo, flúor y otros que podrían ser una amenaza a la salud de niños y adolescentes que asisten a preescolares, primarias y secundarias.

A pesar de que estos elementos pueden provocar desde diarrea, deterioro cognitivo o incluso cáncer, algunas sustancias no fueron analizadas en las escuelas. La falta de información impide la adopción de medidas para proteger a las personas que asisten a estos centros educativos, así como a quienes viven en las áreas circundantes.

Se han detectado varios elementos en el agua, entre ellos:

Según Unicef, en México hay 12.75 millones de niños y niñas –es decir, el 30% de esta población– que viven con “extremadamente alta” vulnerabilidad hídrica. El 16.3% de los hogares mexicanos experimentaron inseguridad en relación con el agua, esto se define como “la incapacidad de acceder y beneficiarse de agua adecuada, confiable y segura para el bienestar y una vida saludable”, explican investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública.

La sequía en el país no viene sino a complicar el acceso al agua de la población. El Instituto de Recursos Mundiales ha reportado que México ocupa el lugar 24 de 189 países con alto índice promedio de estrés hídrico, en 15 de sus 32 estados es extremadamente alto, Baja California encabeza la lista, le siguen Guanajuato y la Ciudad de México.

En 2014, cuando se implementó el impuesto a las bebidas azucaradas, se acordó etiquetar lo recaudado para la instalación de bebederos en las escuelas públicas. De las más de 250 mil escuelas que hay en México se tomaron muestras en 16 mil, entre 2016 y 2019, para conocer la calidad del agua que tomarían los estudiantes. De esta forma se midió la presencia de coliformes, fluoruros, nitratos, sulfatos, aluminio, plomo, arsénico, hierro, manganeso, así como la dureza, turbiedad y el color del agua.

Nathalie Seguin, investigadora y consultora en temas de Medio Ambiente, Agua y Saneamiento, narra que cuando en 2018 se canceló el programa de bebederos “se dejó de hacer la toma de muestreo de escuelas y la situación no ha cambiado y si ha llegado a mejorar es mínimo, porque en lo que llevamos de este sexenio, no ha habido la atención necesaria en el tema de calidad de agua”.

Por mucho tiempo se había previsto no solo que el agua escasearía, sino que su calidad no sería la adecuada. A pesar de ello, los gobiernos poco han hecho para prevenir la emergencia que hoy se vive. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha señalado que el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a un ambiente sano, “lo cual exige no solo que se abstengan de realizar actos contaminantes, sino primordialmente, que tomen acciones positivas, concretas y deliberadas tendientes a tutelar tal derecho de manera eficaz y con miras a su plena realización”, lo que significa que deben tomar medidas para evitar poner en peligro la salud infantil.

Para la muestra solamente se eligieron centros educativos públicos y que recibían agua entubada, por lo que no refleja del todo la realidad por el alto porcentaje de parámetros que no se midieron, pero además no se registraron aquellas escuelas que se abastecen con pipas o por otro medio.

Aun así, los datos alertaban de los riesgos en algunas zonas y no se actuó en consecuencia. El Relator Especial sobre sustancias peligrosas ha dicho que los infantes son el grupo más vulnerable a la exposición de sustancias tóxicas y a la contaminación, derivado de esto se puede hablar ya de una “pandemia silenciosa” generada por la exposición a contaminantes que provoca discapacidad y enfermedades, “los niños ya nacen afectados por numerosos contaminantes que repercuten en sus derechos a la supervivencia y el desarrollo, a ser escuchados, a la integridad física y al disfrute del más alto nivel posible de salud”.

Omar Arellano, profesor de la Escuela Nacional de Ciencias en la Tierra de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien ha trabajado en cuencas en Jalisco, Puebla y Tlaxcala, se muestra desconcertado por la falta de datos en las zonas que él conoce:

Los ríos de esa zona son de los más contaminados del país, nos sorprende que las escuelas no tengan los parámetros de vigilancia ambiental y epidemiológica. Porque conociendo que ya es una región de emergencia ambiental y que estas escuelas seguramente se están abasteciendo de los pozos de agua de la región, además de la contaminación que vemos en la superficie, pues hacemos inferencias de que podría estar permeando en los mantos freáticos, yo creo que deberían ser estas escuelas prioritarias en cuanto a la vigilancia ambiental de la calidad del agua.

La falta de información también es una vulneración a las garantías fundamentales, de acuerdo con el Relator Especial sobre las Implicaciones para los Derechos Humanos de la Gestión y Eliminación Ecológicamente Racionales de las Sustancias y los Desechos Peligrosos, ya que los “Estados tienen la obligación de supervisar y evaluar los efectos de las leyes, las políticas y los mecanismos para proteger a los niños de las sustancias tóxicas. Tienen el deber de velar para que los padres y los niños dispongan de información, deberían participar en la recopilación de datos, colaborar con la sociedad civil y las investigaciones y velar por la transparencia, así como por mecanismos de denuncia”.

Seguin enfatiza que los vacíos en la información se deben a “una falta de seriedad por parte de las autoridades que solicitaron las pruebas de calidad de agua porque tendrían que haber verificado que realmente se tomaran todos los elementos. En general, arsénico, mercurio y fluoruros se deberían de pedir siempre, porque tienen impactos fuertes en salud; los nitratos también es contaminación que viene por pesticidas o fertilizantes”.

Arellano, doctor en ciencias biológicas, considera que “el desconocimiento en este caso supone un alto riesgo porque muchos de los padecimientos que podrían estarse presentando por exposición a estos elementos pasan desapercibidos en etapas tempranas del desarrollo”. Y algunos se pueden prevenir, por ejemplo, los daños por plomo en agua potable se podrían evitar con buenos filtros, dice el académico.

Fermín Reygadas, director y cofundador de la organización de la sociedad civil Cántaro azul, destaca que la crisis del agua “ha sido generada por más de 30 años de políticas públicas inadecuadas y en el centro de eso está la falta de transparencia sobre la calidad del agua, no existe rendición de cuentas por parte de las autoridades. Y mientras no exista transparencia en la información de la calidad del agua se seguirán cometiendo las mismas prácticas que han llevado a la sobreexplotación de las aguas subterráneas, lo que ha generado que tengamos que utilizar agua fósil -con altas concentraciones de arsénicos y flúor- y, por otro lado, que se utilicen aguas superficiales que son donde se depositan las aguas residuales no tratadas y que estén llenas de excremento”.

Impacto a la salud

No tener acceso al agua de manera regular provoca diversos problemas a la salud de los infantes, y si añadimos que contiene contaminantes, el impacto es mayor porque son personas que se están desarrollando.

Fermín Reygadas indica que la exposición de niñas y niños a ambientes no saludables es una de las causas principales de la desigualdad. “La diarrea crónica hace que los nutrientes, ya de por sí limitados, no sean absorbidos y entonces se genera la malnutrición que limita el desarrollo de cientos de miles de niñas y niños en México. Este impacto en el desarrollo físico y cognitivo, donde ya había condiciones de desigualdad en términos de la calidad de la educación, la calidad de los servicios de salud, la calidad de las oportunidades laborales, pues la pendiente se pone todavía más empinada y genera que sea mucho más difícil la integración y la competitividad estas niñas y niños”, plantea Reygadas.

Las enfermedades gastrointestinales fueron la quinta causa de muerte en infantes mexicanos menores de 4 años en el 2023, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Cántaro azul ha desarrollado el programa Agua Segura en Escuelas. Su directora, Janet López, explica que la mayoría de las escuelas de Chiapas en las que han trabajado tienen presencia de E. Coli, esto ha provocado que “se ha normalizado que en ciertas edades las niñas y los niños tengan diarrea y no lo ven como una enfermedad, sino que es una etapa de la vida. Entonces la calidad del agua impacta gravemente en su salud, en su desarrollo y en su desempeño escolar”.

Sandra Rodríguez Dozal, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública, explica que la presencia de flúor y arsénico se da en zonas “donde hay escasez, tenemos que excavar más para poder tener acceso a agua, esos contaminantes se generan de manera natural y no antropogénica”.

Rodríguez sostiene que el exceso de flúor produce fluorosis dental, que se manifiesta con manchas en los dientes y que afecta más a niños con desnutrición. “También se están observando otros problemas como afectaciones en la función renal, en el hígado y diabetes”.

En un estudio realizado en la cuenca alta del río Laja en Guanajuato se encontró que la concentración de fluoruros en agua superaba los límites, ya sea en pozos, norias o incluso en garrafones. En esta zona, el 81% de los infantes tenían algún grado de fluorosis dental y el 44% presentó un retraso en el desarrollo cognitivo para su edad; por cada miligramo de fluoruro en la orina, el coeficiente intelectual es menor en 12%.

En esta zona, la desconfianza a la calidad del agua ha provocado que aumente el consumo de refrescos, pero se ha encontrado que las bebidas azucaradas distribuidas en Guanajuato y el Estado de México contienen también este elemento, “beber refresco no solo tiene niveles más altos de flúor que el agua, sino que también implica otros riesgos para la salud”, señalaron los investigadores del INSP y la Universidad de Guanajuato que han estudiado este fenómeno.

Por su parte, el arsénico es un elemento cancerígeno, neurotóxico, provoca lesiones dérmicas, puede ocasionar debilidad, dolor y entumecimiento de manos y pies, problemas vasculares, entre otros, explicó Rodríguez, maestra en Ciencias en Salud Ambiental.

En cuanto al manganeso, Rodríguez Dozal refiere que en altas concentraciones es neurotóxico, “les afecta en su coeficiente intelectual, problemas de aprendizaje en la escuela y no van a tener el rendimiento que se les exige”. Pero esto sucede cuando se exceden los límites de consumo, pues consumido dentro del rango adecuado proporciona beneficios.

Acerca de los coliformes fecales, “esa es una señal de que no están clorando bien los pozos o que se está contaminando el agua en el trayecto en donde se va a abastecer o puede suceder que los bebederos no estén limpios”, plantea Sandra Rodríguez.

Si el agua está contaminada con metales como el plomo puede afectar a los sistemas nervioso central, reproductivo, cardiovascular, sanguíneo e inmunitario, además del cerebro y los riñones. La exposición de niños y niñas a este elemento puede afectar su desarrollo cerebral y provocar una disminución en “su cociente de inteligencia, la capacidad de atención, la capacidad de aprendizaje deteriorada y un mayor riesgo de problemas de comportamiento”, ha señalado la Organización Mundial de la Salud.

Ante la crisis hídrica que continuará agudizándose, “la calidad del agua seguirá siendo una de las últimas prioridades, porque nuestros sentidos nos permiten evaluar la cantidad que nos llega, pero no nos permiten evaluar bien la calidad. Y esto es muy desafortunado, porque los impactos negativos a la salud no se perciben de forma directa o son crónicos como el caso de arsénico, el flúor y cuando llegan es muy tarde y las consecuencias son muy graves”, asegura Reygadas,

Escuelas saludables

En diciembre de 2023, el Congreso de la Unión reformó la Ley General de Educación en materia de salud alimentaria en las escuelas, algunos de los cambios son: la prohibición de la venta y publicidad de alimentos y bebidas procesados y a granel que no favorezcan la salud de los estudiantes, la regulación de la venta de alimentos y bebidas naturales y preparados saludables, sostenibles y regionales y la promoción del consumo de agua simple potable, entre otros.

Liliana Bahena, coordinadora de la campaña “Escuelas Saludables” de El Poder del Consumidor, sostiene que “el agua es un derecho fundamental y un elemento clave para asegurar una alimentación saludable, pero también la dignidad de las niñas, niños y adolescentes”.

Bahena recuerda que con el programa de bebederos en el sexenio de Enrique Peña Nieto “no hubo transparencia de los recursos ni por supuesto en la asignación de los bebederos”. Al desaparecer el programa y surgir “La escuela es Nuestra” en el periodo de Andrés Manuel López Obrador, la recaudación de los impuestos a las bebidas azucaradas dejó de etiquetarse para poner bebederos o para revisar la calidad del agua, “es decir que ahora no hay un ente institucional que tenga la responsabilidad, que se haga cargo de los bebederos”.

Sin embargo, “posterior a la reforma de la ley de educación sobre materia de entornos escolares saludables, se vuelven a definir los roles y responsabilidades sobre el acceso al agua potable que recae principalmente en la Secretaría de Educación Pública con acompañamiento de la dependencia de salud”, dice la investigadora.

Las escuelas se han convertido en espacios que fomentan el consumo de productos no saludables, “los niños y las niñas viven cautivos en un espacio durante seis o más horas donde únicamente se les está brindando la posibilidad de compra de bebidas azucaradas. Si los niños y las niñas no llevan su agua desde casa, no tienen acceso más que a bebidas azucaradas, incluso refrescos, que actualmente forman parte del 70% de los azúcares añadidos que consumen”, relata Bahena.

Aunque se haya aprobado la ley, para Bahena lo importante será que se logre “una generación exitosa de los lineamientos sobre qué va a hacer quién, cómo se va a aplicar. Justamente ahí es donde nosotros de forma histórica hemos encontrado los vacíos y la interferencia de la industria. También es importante etiquetar los recursos, por ejemplo, que de los impuestos a las bebidas azucaradas se destinen a los bebederos o a educación alimentaria”.

“El problema es que estamos llegando al punto en que no se le ha dado la importancia necesaria a una gestión integral y sustentable del agua, es decir, se sigue con un modelo de extracción, uso, contaminación y desecho”, dice Seguin, quien dirige el capítulo de México para Freshwater Action Network.

De acuerdo con Fermín Reygadas, “el poder trabajar el agua, la higiene y el saneamiento en las escuelas nos permite como sociedad tener una incidencia para proteger la salud de las niñas y los niños, podremos lograr reducir los mecanismos estructurales de desigualdad y generar hábitos saludables como regresar al consumo de bebidas nutritivas o simplemente la hidratación a través del agua segura y desplazar el alto consumo de bebidas azucaradas”.

Los datos que se utilizaron para este reportaje fueron obtenidos de la Plataforma de calidad de agua en escuelas, elaborada por la Red de Acción por el Agua, FANMex, Cántaro Azul y el Inventario Nacional de Calidad de Agua.

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