Pocas veces el resultado de una elección presidencial, como la que tuvo lugar el 2 de junio en México, había dado lugar a tantas reflexiones sobre la naturaleza del régimen político que dominará en el país a partir de la toma de posesión de la nueva presidenta el 1 de octubre. Brevemente resumidas, las especulaciones oscilan entre la continuidad de un régimen altamente ideologizado, con un partido hegemónico bajo el mando de la Presidencia, o un régimen pragmático dispuesto a defender intereses nacionales en el marco de una economía mixta fuertemente vinculada a Estados Unidos. 

El triunfo de la candidata oficial era previsible, no en balde el presidente López Obrador invirtió tantos recursos mediáticos y financieros en promoverla a través de todo el país. Lo que no era previsible era que la magnitud del triunfo obtenido profundizaría temores entre los círculos financieros, preocupados por la adopción de medidas contrarias a la certidumbre jurídica necesaria para querer invertir en México.

El lunes 3 la Bolsa Mexicana de Valores perdió seis puntos y el peso se devaluó 4%. Se trató de contener el daño anunciando de inmediato la permanencia indefinida del secretario de Hacienda y Crédito Público y el respeto absoluto a la independencia del Banco de México.

El hecho es que la mayoría calificada obtenida en la Cámara de Diputados y prácticamente asegurada en la de Senadores abrió la puerta para que se hagan realidad las reformas constitucionales que López Obrador anunció desde el 5 de febrero y había prometido llevar a cabo en el mes de septiembre, apenas tome posesión la nueva legislatura y antes de que traspase el mando a la nueva presidenta el 1 de octubre. Tal posibilidad comienza a diluirse, al menos temporalmente, después de un encuentro entre López Obrador y la presidenta electa que, después de tal encuentro, se refirió a un proceso de consultas y Parlamento Abierto que podrían prolongarse más allá del temido mes de septiembre.  

Después del beneplácito por la llegada al poder de una mujer por primera vez en México, la opinión pública internacional se ha desviado hacia las vicisitudes que tendrán lugar si las mencionadas reformas, en particular la relativa a la reforma del Poder Judicial, efectivamente ocurren. El momento es particularmente delicado por el interés en la relocalización de empresas, el famoso nearshoring, visto por muchos como oportunidad única para el crecimiento y modernización de la economía mexicana.

Entrevistas y declaraciones a medios de comunicación han puesto en evidencia la dedicación de colaboradores cercanos a Claudia Sheinbaum para elaborar propuestas destinadas a asegurar la llegada de dichas inversiones en condiciones que puedan combinar sus intereses económicos con la “prosperidad compartida”, término que se encuentra en el centro de la narrativa de la Cuarta Transformación.

La política exterior no tuvo un lugar sobresaliente durante la campaña electoral. El tema de política exterior y migración se abordó superficialmente en el último debate. Varios recordamos con pena ajena que a la pregunta de “¿qué hacer con el Instituto Nacional de Migración?” los tres candidatos se quedaron callados.

A pesar del evidente desinterés, el hecho es que la política exterior en el caso de México es fundamental para el futuro del país. Difícil o imposible entender a México sin tomar en cuenta su ubicación geopolítica y la profunda vinculación que lo liga con su vecino de norte. El 88% del PIB se deriva del comercio exterior, exportaciones e importaciones, que van o vienen, en su mayoría, de Estados Unidos. La actividad industrial, por ejemplo, en el sector de la industria automotriz, tiene lugar conjuntamente con su contraparte en Estados Unidos. La coordinación entre ambos es fundamental para llegar al producto final que se vende, principalmente, en el país del norte.

El comercio y la industria manufacturera es sólo una parte. Las remesas de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos representan 4.67% del PIB, la inversión extranjera directa es el 15% de la inversión privada.

A lo anterior cabe añadir los 38 millones de mexicanos y sus descendientes directos que viven en Estados Unidos, la diáspora más grande en el mundo en un país vecino. Su presencia es muy significativa por la influencia cultural, la importancia del español, costumbres y gastronomía que penetran cada vez más en la vida cotidiana de los estadunidenses.

Sin lugar a dudas, entenderse con Estados Unidos es uno de los retos principales de la presidenta electa, pero lograrlo no será fácil. La relación atraviesa momentos muy complejos, desavenencias difíciles de sortear que se amplifican cuando ocurren en momentos electorales. Dos de ellas ilustran la complejidad de la tarea: migración y seguridad.

Dos días después de haber felicitado a Claudia Sheinbaum por su triunfo, el presidente Joe Biden emitió un decreto ejecutivo que suspende el derecho de asilo siempre que el número de migrantes supere 2 mil 500 por día. Dado que dicho número ha sido superado casi cotidianamente en los últimos tiempos, el decreto afecta severamente el derecho de asilo o el otorgamiento de permisos de trabajo. Representa un giro histórico del Partido Demócrata que acerca a las políticas de Trump y deja muy atrás sus pronunciamientos iniciales, según los cuales Estados Unidos era un país de migrantes.

La decisión anterior provoca una crisis humanitaria de grandes dimensiones para quienes quedan atrapados en México, en albergues saturados, asediados por el crimen organizado, en centros urbanos que resienten la presencia de migrantes que posiblemente les quitan empleo y servicios sociales, atrapados en un sistema de transporte operado por el gobierno mexicano que los lleva, sin su consentimiento, de la frontera norte hasta el extremo sur de México, a Tabasco, donde se ha improvisado un gigantesco albergue.

Más serio aún es el tema de la seguridad que, al igual que gobiernos anteriores, el gobierno de López Obrador no ha logrado aliviar y aún menos resolver. Desde la perspectiva de la relación con Estados Unidos el tema es muy espinoso por los señalamientos de las agencias de seguridad, como la CIA y el FBI, en el sentido de que México no coopera lo suficiente para combatir la fabricación en México y el envío a Estados Unidos de fentanilo, la mortífera droga que cobra la vida de cientos de jóvenes estadounidenses todos los días. 

Entenderse con Estados Unidos es una tarea muy cuesta arriba que requiere bordar muy fino para encontrar el justo medio entre los sentimientos anti-Estados Unidos, fáciles de levantar en México, y la realidad que nos conduce inexorablemente hacia una América de Norte cada vez más integrada. Evitar la relación subordinada no se logra con narrativas ideologizadas defensoras de la soberanía. Se logra con planes estratégicos de convivencia, elaborados con extremo rigor, que den espacios a la cooperación y el distanciamiento cuando éste sea necesario para proteger, efectivamente, la soberanía nacional. ¿Podrá hacerlo Claudia?