La vigilancia sobre programas sociales, obras públicas y el ejercicio del presupuesto es una forma legítima de contraloría social que fortalece la democracia y previene abusos.

Después de la declaración de la guerra, 42 mil palestinos han salido hacia un país de la región, según cifras de Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios, COGAT, sin precisar su destino.