A siete años del asesinato del periodista Javier Valdez, en Culiacán, poco sabemos sobre su proceso en la búsqueda y construcción de la justicia y ejercicios de memoria. Y todo apunta a que tendremos que esperar más porque las autoridades encargadas de las investigaciones y la procuración de justicia no han llevado a cabo acciones diligentes en aras de garantizar la justicia sobre el crimen.

¿Qué sabemos? Sabemos que los autores materiales fueron Luis Idelfonso Sánchez Romero, alias El Diablo; Heriberto Picos Barraza, alias El Koala; y Francisco Picos Barrueta, El Quillo. Sánchez Romero fue asesinado y su cuerpo incinerado el 26 de abril de 2018 en Sonora. El Koala y El Quillo tienen sentencias condenatorias en México por el asesinato.

También sabemos que Dámaso López Serrano, alias El Mini Lic., es el autor intelectual del asesinato. El Mini Lic. es hijo de Dámaso López Núñez, El Licenciado, quien fungió como operador financiero de Joaquín El Chapo Guzmán, y quien ocupó un cargo importante dentro del Cártel de Sinaloa.

El Mini Lic. heredó el poder que tenía su padre dentro de la estructura criminal del Cártel de Sinaloa cuando éste fue detenido y extraditado en julio del 2018, y quien se convirtió en un testigo clave dentro del juicio en contra del Chapo, por lo que logró una reducción en su condena como beneficio por su cooperación (de cadena perpetua a 14 años).

Javier Valdez relató el conflicto que existía entre Los Chapitos y El Mini Lic. tras la captura del Chapo en 2016, cosa que no gustaba del todo a ninguna de las dos partes, y que por lo mismo, Valdez recibió presiones para abstenerse de publicar sus crónicas.

Dámaso López Serrano se entregó a las autoridades de Estados Unidos dos meses después del asesinato de Javier Valdez, aunque no precisamente por ese hecho. Desde 2016, el gran jurado de San Diego lo acusó de tres cargos: conspirar para importar y distribuir metanfetamina, heroína, etc.; el tercer cargo fue por “conspirar para mover” dinero, similar al delito de lavado de dinero. Ese mismo año la corte de Virginia también emitió una acusación en su contra por distribuir cocaína. En México, en 2020, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo una orden de aprehensión en contra de El Mini Lic. por ser el actor intelectual del asesinato de Javier Valdez.

En septiembre de 2022 López Serrano fue sentenciado en Estados Unidos a seis años de prisión por delitos relacionados con narcotráfico y al pago de un millón de dólares. Sin embargo, se le reconoció el “cumplimiento de su sentencia” por el tiempo que estuvo en prisión desde 2017, fecha en que se entregó.

Por ello, el mismo día que se le dictó sentencia fue puesto en libertad, sin que se considerara una orden de detención con fines de extradición solicitada por el gobierno de México por el asesinato del periodista Javier Valdez.

La jueza estadounidense que llevó su caso señaló que El Mini Lic. ha hecho grandes progresos y un “enorme trabajo” desde los daños que cometió como miembro del Cártel de Sinaloa”.

Así, identificamos que los procesos judiciales en Estados Unidos no consideran los daños ocasionados por el asesinato de Javier Valdez en materia de derechos humanos y de la construcción de una justicia integral, la cual se complemente con reparación y garantías de no repetición.

De aquí la importancia de que las autoridades del Estado mexicano lleven a cabo diligentemente los procesos de construcción de justicia en México por los crímenes que atentan contra los derechos humanos de la sociedad, y de esa manera garantizar que la impunidad no sea el denominador común de estos delitos.

¿Qué no sabemos?

Si existe una orden de detención con fines de extradición, o si ésta se ha formalizado; no sabemos si en efecto existen acusaciones en su contra por el asesinato de Javier Valdez en México; no sabemos el paradero actual de Dámaso López Serrano; no sabemos la información que compartió con las autoridades de Estados Unidos, misma que pudiera contribuir a procesos de verdad y justicia en México. No sabemos cuándo llegará la justicia.

Ante ello, desde Elementa DDHH exigimos que se activen todas las medidas y recursos necesarios para impulsar los debidos procesos de verdad, justicia y reparación en el caso Javier Valdez.

A siete años de su asesinato seguimos esperando que se clarifique lo sucedido, que se castigue a los culpables, que se generen procesos de memoria y verdad, así como garantías de no repetición para los periodistas que sufren las múltiples violencias por ejercer sus derechos y su labor periodística. Exigimos que se construya la verdad a través de procesos de transparencia y rendición de cuentas.

La justicia es una deuda pendiente en México en el caso Javier Valdez. A pesar de que los autores materiales tengan condenas en su contra, el autor intelectual goza de beneficios otorgados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por haber cooperado en sus casos relacionados con delitos de drogas. Sin embargo, México ha hecho poco para dar un debido seguimiento al caso e impartir justicia.

Negociación: el trueque de la información por libertad y protección

En julio de 2017, Dámaso López Serrano, El Mini Lic., se entregó en Estados Unidos dispuesto a negociar. El Mini Lic., hijo de Dámaso López Núñez –el aliado más cercano del Chapo– y quien desde la captura de su padre lideró una facción del Cártel de Sinaloa contraria a Los Chapitos, enfrentaba una condena por narcotráfico.

Además de estos delitos, por los que se declaró culpable, también admitió frente al tribunal haber ordenado al menos 15 asesinatos y 20 secuestros. No obstante, como ninguno de estos crímenes estaba sujeto a juicio, sólo fue condenado por aquellos delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Después de ser sentenciado, México también abrió un proceso en su contra por ser el presunto autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdez. Este proceso, sin embargo, ha sido ignorado en buena medida por las instituciones de justicia en Estados Unidos dado que, aunque la FGR emitió una orden de aprehensión en su contra y luego solicitó su extradición, ésta no procedió y Dámaso fue puesto en libertad anticipada en 2022.

Este hecho no sólo tiene un impacto familiar y comunitario, sino también a nivel nacional, donde el asesinato de periodistas que reportan sobre el narcotráfico y su relación con estructuras del Estado es un fragmento más de la espiral de violencia sostenido por las redes de macrocriminalidad.

Hoy sabemos que la colaboración que le permitió obtener beneficios tales como la protección continua, la reducción en su condena y la posibilidad de esquivar la justicia en México fue y sigue siendo en contra del Chapo y Los Chapitos.

Su proceso es muestra clara de los efectos de una política criminal basada en la prohibición, que se enfoca únicamente en la persecución del mercado declarado ilícito de las drogas e ignora las violaciones a derechos humanos cometidas para el sostenimiento del negocio.

Para las víctimas no hay ni justicia ni verdad. Al contrario, la entrevista publicada en la edición mensual de Proceso de noviembre pasado –en la que El Mini Lic. pronunció su inocencia respecto al asesinato de Javier Valdez, señaló a Los Chapitos como los verdaderos responsables y habló de los pagos al secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna– es una muestra más del peso que tiene la política sobre la justicia.