Varios días seguidos y con todo el poder, hemos sido testigos de golpes, ataques y cuestionamientos contra la académica María Amparo Casar por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su peón, el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero, por el fallecimiento del entonces esposo de Casar y el destino de su pensión de viudez. Estos ataques no sólo pretenden poner en entredicho la integridad moral de ella, también han violado su privacidad y afectan el derecho a la información de la sociedad. 

Casar es una figura destacada en la lucha contra la corrupción en México, por lo que la estrategia de AMLO fue vincularla a un acto de deshonestidad y minar su credibilidad. Como presidenta de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), ha liderado investigaciones periodísticas para exponer y combatir prácticas irregulares desde su fundación en 2015. López Obrador quisiera que la sociedad y los medios ya no le creyeran ni a Casar ni a MCCI.

El compromiso de Casar con la transparencia y la rendición de cuentas la ha convertido en una voz incómoda para el poder de la Cuarta Transformación y desde la administración anterior. Para quienes piensen que MCCI sólo hace revelaciones que cuestionan a la 4T y sus funcionarios, sus trabajos han denunciado las empresas fantasma del exgobernador de Veracruz Javier Duarte y la red de corrupción inmobiliaria del exgobernador de Quintana Roo Roberto Borge. 

Su caso más célebre, que trabajó junto con Animal Político, fue el esquema de triangulación de recursos en universidades conocido como La estafa maestra, aprovechado por el propio AMLO cuando era candidato para criticar la corrupción en el sexenio de Enrique Peña Nieto. También desveló el caso Odebrecht y durante la administración de Peña Nieto varios de los periodistas-investigadores de MCCI fueron espiados por el software Pegasus.

Lo que resulta aún más preocupante es la magnitud del ataque contra Casar. Durante varios días, el presidente López Obrador utilizó su conferencia de prensa para denostarla públicamente y poner en entredicho su lucha anticorrupción, precisamente con un supuesto acto deshonesto acaecido hace dos décadas, cuando toda viuda tiene derecho a su pensión de viudez independientemente de la causa de muerte de su deudo. Ni siquiera los delincuentes han sido objeto de un trato tan agresivo por parte del Ejecutivo federal, de quienes incluso se expresa con deferencia y reparte abrazos.

¿Por qué AMLO ha dirigido esta artillería verbal e institucional contra una ciudadana que ejerce su derecho a la libertad de expresión y crítica al poder? Siempre que López Obrador exhibe su faceta más intolerante y autoritaria, es un claro signo de desesperación. ¿Acaso su candidata no está tan arriba en las encuestas? ¿Vienen más revelaciones contra su gobierno y funcionarios cercanos?

La respuesta está en la estrategia de descalificación. Casar no sólo representa a MCCI, también a ciudadanos comprometidos con la transparencia y la lucha anticorrupción. Atacarla significa debilitar su organización y a quienes la respaldan. Es un intento de lavar su credibilidad y capacidad para denunciar, para que no se le crea y los casos expuestos por MCCI no sean retomados por los medios.

A quienes no les gusta que la organización MCCI haya sido fundada por el empresario Claudio X. González y que reciba fondos de la Confederación Suiza, las fundaciones Ford, MacArthur, National Endowment for Democracy y USAID, deberían reconocer que MCCI ha tomado y suplantado en muchos casos el lugar del periodismo y de los medios de comunicación públicos y privados que deberían estar investigando y revelando las irregularidades de los gobiernos y sus funcionarios. Como cualquier otra organización y fuente de información, los datos e historias de MCCI también deben ser verificados por medios y periodistas profesionales. 

Para destruir con saña la credibilidad de Casar, el presidente y su gobierno pisotearon la ley y la privacidad de ella y sus familiares. Lo peligroso de ese abuso de autoridad –incluso para quienes lo justifican– es que cualquier otro ciudadano puede ser objeto de un acto tan arbitrario como ese.

AMLO vulnera nuestro sistema constitucional basado en el carácter sagrado del individuo, porque la individualidad es el pilar de la libertad. Los ataques contra Casar son una amenaza grave del poder para imponer sus versiones tergiversadas de la realidad, vulnera la libertad, la privacidad y la autodeterminación personal. Aún más grave es que estos actos autoritarios ocurren en ausencia de contrapesos y controles estrictos de la autoridad encargada de velar por nuestra privacidad: el Inai.

La Constitución debe proteger el derecho del individuo a generar ideas y el derecho a la privacidad debe proteger a los ciudadanos frente a cualquier invasión de sus pensamientos, comportamientos, personalidad e identidad, para no correr el riesgo de que estos derechos pierdan sentido.

La obsesión dudosa por combatir la corrupción ajena y no la propia de la 4T ha llevado al presidente al abuso del poder, el autoritarismo, la prepotencia y a torcer principios como el debido proceso legal, la privacidad y las libertades individuales, todo ello justificado por rebaños de fanáticos.

AMLO olvida que para el mexicano el abuso de autoridad, que padecimos durante décadas de gobiernos priistas, desata suspicacias, resistencias y repulsión. No se puede denunciar la corrupción violando derechos, la privacidad y el Estado de Derecho. Los aparatos de comunicación oficial como la conferencia de prensa están descaradamente dirigidos contra los ciudadanos. El gobierno de AMLO quedará como el que más vulnera los datos personales, la privacidad y el que más espía a sus gobernados como una amenaza sistemática.

La divulgación de información sensible sobre la vida privada de las personas es inaceptable y va contra el respeto a la dignidad humana. En cualquier democracia es considerado un abuso de autoridad y un acto de corrupción, porque viola la ley y vulnera los derechos fundamentales de una persona.

El ataque desproporcionado a María Amparo Casar no sólo la afecta a ella como individuo, también a la democracia y el derecho a saber. Debemos reflexionar sobre el uso del poder y la importancia de proteger la privacidad. La lucha contra la corrupción no debe convertirse en una justificación para vulnerar derechos fundamentales.

Twitter: @beltmondi