CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La reciente declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la pérdida del Instituto de Acceso a la Información, Transparencia y Protección de Datos Personales (INAI) de su carácter de organismo constitucional autónomo no suprime directamente los derechos de acceso a la información pública ni la protección de datos personales, pero siembra una inquietud legítima sobre cómo se garantizarán estos derechos esenciales. No se trata solo de una cuestión técnica o política, es un tema que afecta profundamente la vida cotidiana de todo, lo conozca la gente o no. Veamos.

Primero. El artículo 113, fracción I de la Constitución, reformado recientemente, deja abierta la posibilidad de que el sucesor del INAI no abandone su naturaleza colegiada y su impronta de autoridad, aunque esté sectorizado a la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Este artículo establece que el Sistema Nacional Anticorrupción contará con un Comité Coordinador, que incluirá "al presidente del organismo garante que establece el artículo 6º de esta Constitución". Esta redacción no es casual ni fortuita, soy optimista de que es parte de una política pública para garantizar que el organismo encargado de la transparencia siga existiendo, aunque bajo una nueva figura. No estamos, así lo creo, ante un simple "error" u omisión, sino ante una estrategia cuidadosamente diseñada, en la que figuras como el diputado Ricardo Monreal – quien es el constitucionalista más destacado de la 4T en el Congreso de la Unión- juegan un rol clave. Quiero pensar que al reformar el artículo 6º constitucional que sustenta la autonomía constitucional del INAI, se identificará al sucesor institucional y lo remitirá a la ley de la materia para su desarrollo normativo.  La verdadera pregunta es: ¿cómo se garantizará que el derecho a saber siga siendo un derecho real y efectivo? No es viable permitir que este debate se disipe. Lo que está en juego no es únicamente el futuro del INAI como institución, sino la forma en que se garantizará el derecho de los ciudadanos a saber y la protección de sus datos personales. Esta prerrogativa societaria es un pilar fundamental de cualquier democracia y su preservación debe estar en el centro del debate público. ¿Cómo podemos asegurar que el derecho a saber siga y no se desvanezca? No habría que olvidar que conocer es romper con la ignorancia. El derecho a saber no es solo información pública: es la llave para derribar el muro de la injusticia, una herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas en todos sus ámbitos y un mecanismo para hacer vivible la noción sociológica de la ciudadanía.

Segundo. Raquel Buenrostro, titular de la nueva Secretaría de Anticorrupción, afirmó esta semana que su dependencia no será "juez y parte" en asuntos de transparencia, y que otros entes públicos, como los tribunales administrativos, participarán en la protección de datos y el acceso a la información. Es muy probable que se refiera al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). Actualmente, este tribunal no tiene intervención en las decisiones del INAI – que se intentó en su oportunidad para impugnar las resoluciones del organismo garante a través del juicio de nulidad, pero la Suprema Corte con buen tino jurídico dejó esa potestad sólo a través de la vía del amparo- pero esto podría cambiar. Sin embargo, uno de los mayores logros del INAI ha sido la rapidez y simplicidad con las que resuelve los recursos de revisión, sin requerir abogados ni procesos complejos. Es deseable que se establezcan procesos abreviados y se introduzca en la ley la figura de la suplencia de la deficiencia de la queja, es decir que la autoridad pueda mejorar de oficio los errores en que incurran las personas a ejercer su derecho de acceso a la información y/o el de protección de datos personales. Si no se hacen estas adecuaciones normativas en la ley se corre el riesgo de alejar el derecho a la información de las manos de los ciudadanos de a pie. No es tan solo un ajuste técnico, sino un tema de justicia social que trasciende con creces la transparencia y la rendición de cuentas. El acceso a la información debe seguir siendo fácil, rápido y eficiente, de lo contrario, se estaría sacrificando un derecho esencial en el altar de la burocracia. Es justo reconocer el importante aporte de la comisionada Blanca Lilia Ibarra que fijó el criterio que distingue el derecho de la protección de datos personales cuando las empresas de comunicación llevan a cabo su ejercicio periodístico del que lo hacen cuando actúan como empresa frente terceros por razones administrativas. Este tipo de medidas deben permanecer.

Tercero. Aunque las declaraciones de Buenrostro expresan un compromiso con la transparencia, no se puede perder de vista que el reto más grande sigue siendo la falta de una cultura ciudadana robusta en torno al derecho a saber. La mayoría de las personas no ejerce este derecho porque no sabe cómo puede mejorar su vida diaria. Debe ser visto como una poderosa herramienta de empoderamiento ciudadano. Es urgente que el gobierno, a través de la Secretaría Anticorrupción, trabaje de la mano con la Secretaría de Educación Pública para promover una cultura de transparencia desde las aulas de manera proactiva. La educación es el único medio efectivo para que los ciudadanos comprendan el valor del acceso a la información y lo usen como un vehículo para mejorar sus vidas. Solo así se podrá revertir el desconocimiento que prevalece. ¿Por qué no se propone eliminar instituciones como el IMSS o el ISSSTE, que garantizan derechos fundamentales como la salud? La respuesta es evidente: su desaparición provocaría una crisis social de enormes proporciones. De la misma manera, el derecho a saber tiene el potencial de transformar nuestra vida diaria, pero aún no ha alcanzado el nivel de conciencia social que le permita ser defendido con la misma intensidad. Las acciones como parte de una política pública de largo aliento para fomentar el derecho de acceso a la información deben ponerse en marcha ya para ver en los años por venir sus beneficios por aproximaciones sucesivas.  Se trata de construir una ciudadanía activa, capaz de utilizar el acceso a la información como un arma para resolver aquellas cuestiones que le pueden importar en el día a día más allá del escrutinio sobre el quehacer público (que se debe seguir haciendo, ni duda cabe). El futuro se encuentra en la capacidad de negociación que se pueda desplegar con la 4T, de forma que se pueda alcanzar lo mejor de lo que es posible en esta circunstancia concreta. Ahí está la clave.

@evillanuevamx

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