CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “No vamos a bajar la publicación” de la reforma al Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF), además de que el gobierno presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal contra la jueza Décimo Noveno de Distrito en el estado de Veracruz, Nancy Juárez, que concedió 24 horas para acatar esta resolución, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ya sabemos que el Consejo de la Judicatura no necesariamente está haciendo su trabajo, pero de todas maneras no queremos que quede impunidad”.

También opinó sobre cómo se observan estas protestas: “Ahora resulta que hay un problema de un golpe de Estado, no yo no lo veo así, ese tiene que construirse con una legitimidad. Sencillamente nosotros no podemos ir contra el pueblo de México y eso está en el artículo 39 de la Constitución”.

Arremetió contra la resolución: “Una jueza que por su invento le pide a la presidenta que quite del Diario Oficial lo que al presidente le ordenó el Poder Legislativo después de un proceso electoral en donde el pueblo de México determinó la composición del poder legislativo (...) Que una jueza tenga una ocurrencia que no tiene ningún sustento jurídico”.

De la jueza Juárez recordó que “está pidiendo que se baje una publicación que se hizo a partir de un proceso legislativo de cambio constitucional, que está establecido en la propia Constitución y que deriva de la voluntad del pueblo de México expresado en las urnas el 2 de junio de 2024”.

Ernestina Godoy, consejera Jurídica del Ejecutivo, dijo que “desde la presentación de la iniciativa lo intentaron con suspensiones, jueces de los estados, son jueces de distrito y así han ido presentando a lo largo de todo este proceso legislativo que ha llevado de manera muy pulcra el poder legislativo y ellos han estado emitiendo una serie de resoluciones”.

El antecedente es que se le ordenó al expresidente López Obrador eliminar esta publicación del 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación “donde dictaban la suspensión insólitamente con efectos restitutorios, a efecto de que se eliminara”

“Ahora se ha resuelto, según entendemos, un incidente donde han revisado si se cumplió o no con aquella orden, llegaron a la determinación esta juez de que no se ha cumplido y por eso le requieren ahora a la presidenta la Doctora Claudia Sheinbaum que realice eso. Hay una serie de argumentos jurídicos por los cuales es totalmente improcedente lo que están ordenando los jueces”.

Algunos de los que mencionó es que existe “una facultad soberana del Constituyente permanente exenta de revisión judicial. El artículo 135 de la Constitución establece que esta puede ser adicionada o reformada por el congreso de la unión por la aprobación de dos terceras partes de sus integrantes, así como la mayoría de los congresos locales”.

Es decir, se trata del órgano depositario de la soberanía popular a través de los representantes con lo cual el Poder Judicial no tiene ninguna injerencia.

“No existe en nuestro sistema jurídico una disposición constitucional o legal que otorgue al Poder Judicial de la Federación o cualquier otro ente facultad para cuestionar, revisar o anula la labor del órgano revisor de la constitución, por el contrario, la normatividad prevé expresamente la improcedencia de juicio constitucional, de los amparos y demás en contra de las adiciones o reformas a la Constitución”.

Por tanto, un juzgado, por lo que no se puede auto facultar para someter a revisión jurisdiccional una reforma constitucional

Más allá de sus atribuciones expresas implicaría ponerse por encima del órgano revisor erigiéndose la máxima autoridad del Estado Mexicano y desconociendo el postulado del constituyente originario según el cual la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo y no en un juzgador de distrito.

“Pretenden suspender un procedimiento que vulneraría el pacto federal, es el pueblo quien ejerce la soberanía por medio de los poderes de la unión. En ningún caso las determinaciones de uno o de otro poder pueden contravenir las estipulaciones que les da al pueblo de México”.

Godoy afirmó que “resulta pues inverosímil que un juez de distrito no solo pretenda intervenir y limitar las facultades constitucionales del Congreso sino además de los congresos estatales que forman parte del constituyente permanente”.

“Ellos saben, son constitucionalistas, son peritos en derecho y saben que la propia Suprema Corte de Justicia en múltiples criterios, sentencias, hay jurisprudencia han negado la posibilidad de que se revise una reforma constitucional, está clarísimo, lo dicen: no es susceptible de control jurisdiccional una reforma constitucional ya que se encuentra en sí misma el tema constitucional”.

La consejera jurídica concluyó que “hay un claro conflicto de interés por si no fuera suficiente ya, están desobedeciendo a la propia Constitución, no lo explico es clarísimo, es obvio el conflicto de interés que tienen. Es un caso sin precedentes” y de la queja ante la Judicatura es porque “están contraviniendo la Constitución, sus propios criterios, su propia jurisprudencia y que determine si están actuando o no bien estos jueces de distrito que pretenden erigirse por encima de la soberanía del pueblo de México y del poder reformador que está en el congreso”.

El coordinador de Política y Gobierno de la presidencia, Arturo Zaldívar, afirmó que la Constitución y las leyes también obligan al Poder Judicial y no está exento de actuar en el ámbito de sus competencias.

“Todas estas suspensiones son abiertamente contrarias a derecho, porque hay una disposición en la ley de amparo que con claridad establece que no procede en contra de reformas constitucionales y las y los jueces la han inaplicado de manera automática”.

Además de que una suspensión no puede tener un efecto restitutivo que es invalidar o quitar una publicación en el Diario Oficial. “Lo que se está exigiendo a la presidenta algo que jurídicamente es imposible. El acto ya está consumado”, además de que se pretende dar a la suspensión efectos generales y en procesos electorales, ambas están prohibidas. 

“Los y las juezas están actuando claramente al margen de sus atribuciones con un interés personal y directo en contra de la reforma estando impedido s para resolver. Están trastocando y desafiando el orden constitucional”.

La mandataria federal reiteró que “no tiene sustento” y a los trabajadores del Poder Judicial, “ellos no tienen de qué preocupase, a menos que estén defendiendo algún privilegio en particular o algún negocio porque sus salarios sus compensaciones todo lo que cubre sus ingresos van a ser respetados, así lo dice un artículo transitorio en la reforma”.

Los cuestionó: “¿Por qué están protestando? Si es porque se afectan sus derechos laborales o sus derechos no tienen razón de ser porque no se les va a afectar” y si siguen en paro aun cuando el Consejo de la Judicatura los llamó a regresar, entonces “que les apliquen los descuentos”.