CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Con el pretexto de una supuesta Cuarta Transformación estamos siendo testigos de la desaparición de los principios de supremacía constitucional y de división de poderes. También corremos el riesgo de que la Suprema Corte y los tribunales federales pierdan su independencia y que dejen de ser controladores de la constitucionalidad. Estamos ante el fin de nuestra democracia como forma de gobierno. Nos espera un Estado absoluto.

Es un hecho: el Congreso de la Unión ha perdido su calidad de ser contrapeso a los excesos y caprichos presidenciales. Se ha convertido en una instancia de confirmación. Ha dejado de ser parlamento, en el que afloren conceptos y concilien divergencias. Se ha dejado de parlar, como sinónimo de hablar, de donde viene el término parlamento, para expresar y oír los puntos de vista de los legisladores, que del intercambio se logren leyes y decretos sin vicios, que contribuyan a la conservación del orden público.

Los legisladores de Morena y sus cómplices han convertido al Poder Legislativo en un apéndice del Poder Ejecutivo.

Tenía entendido que la Constitución es de naturaleza suprema. Ello significa, entre otras cosas, que todo el orden normativo ajeno a ella es inferior y que, para ser válido, requiere estar de acuerdo con ella y no contradecirla.

La Cuarta Transformación, con la complacencia del Congreso, nos lleva a un gobierno totalitario, absoluto y sin controles. Su acción se ha enderezado contra diferentes instituciones: el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que organizan y supervisan y califican el proceso electoral. También es objeto de su ataque el INAI, que lo obliga a informar veraz y oportunamente. Contra el Conacyt, que garantiza una investigación objetiva, seria y sistemática. Contra la UNAM, una institución autónoma, por lo mismo, sus órganos de autoridad pueden decidir cómo desempeñar las funciones que tiene encomendadas. Desaparecerá el Insabi con el fin de ocultar el despilfarro que su existencia implicó y evitar que quienes lo administraron tengan que rendir cuentas. La Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, con el propósito de que no se sepa que los recursos que manejó fueron usados con fines clientelares y de proselitismo.

Anteriormente se desvirtuó la Guardia Nacional. Pese a que por mandamiento constitucional (art. 21) debe ser de naturaleza civil, por virtud de una ley secundaria se intentó ponerla bajo el mando y supervisión de las autoridades militares. Lo preocupante es que tres miembros de la Suprema Corte, ministro y ministras, hayan considerado que esa acción presidencial es constitucional. Olvidaron que protestaron cumplir con la Constitución, respetarla y ser imparciales.

El señor ministro que consideró legal el sometimiento de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional olvidó que a las normas imperativas debe darse una interpretación más en el sentido de que se haga realidad lo que manda, que buscar argumentos o pretextos para eludir el mandamiento constitucional.

En cuanto al INAI, se podría suponer que el presidente de la República es ajeno a la iniciativa, pero el hecho de que él, recurriendo al expediente de hacer observaciones, impidió que se integrara legalmente y, con ello, le obstaculiza cumplir con las funciones que la Constitución le confiere, nos lleva a suponer que, si bien no fue el autor de ella, sí fue el inspirador. En gobiernos autocráticos o totalitarios es usual que la más leve insinuación del tirano en turno se convierta en orden y que cualquiera esté dispuesto a hacerla realidad. Está de por medio una gubernatura: la de Puebla.

En los autores de la iniciativa no se ve un pensamiento lógico y, mucho menos, congruente. Se pretendía justificar la desaparición del INAI, entre otras razones, bajo el expediente de ahorrar recursos. En el caso, se pasa por alto que lo que se gasta en ese rubro no tiene nada que ver con el derroche que significa la quiebra y liquidación de Segalmex, atribuida a actos de corrupción. Con el derroche que significa la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles y lo que se tuvo que pagar por no concluir el Aeropuerto de Texcoco. También nada que ver con el dinero tirado a la basura con la refinería Dos Bocas, que no refina y que, como van las cosas, no refinará.

También están las pérdidas millonarias que significará la desaparición del Insabi y otros entes. En estos y otros casos, se recurre al mismo procedimiento: para evitar proceder penalmente contra los autores de las disposiciones indebidas, que seguro son morenistas impolutos, se liquidan las empresas, se dan por perdidas las inversiones y todos contentos.

La arbitrariedad presidencial sólo es comparable con la vergonzosa sumisión de los legisladores morenistas y sus cómplices del Verde Ecologista y del Trabajo. ¿Desde cuándo, a través de una ley secundaria, se puede disponer cosa diferente de lo que manda la Constitución?

Ante esa aberración sólo nos falta que el mismo ministro complaciente, para justificar la violación, ahora nos salga con que ha desaparecido el principio de supremacía constitucional y que todas las leyes son del mismo rango. Las ministras de siempre, no están obligadas a saber derecho constitucional. Mucho hacen con acatar las consignas que reciben y, si pueden hacerlo pronto, mejor. Han perdido su independencia. Mal andan las instituciones públicas cuando eso pasa.

En el caso de las leyes aprobadas al vapor existen vicios de procedimiento y violaciones de fondo. Procede su cuestionamiento vía la acción de inconstitucionalidad, la controversia y el amparo. En el mejor de los casos pudieran resolverse en 2024. En el momento menos oportuno para Morena y para su candidata presidencial. Lo importante es la suspensión: si alguna de esas demandas es turnada a un miembro del trio de ministros malosos, es evidente que no la concederán, pese a que proceda y se solicite.

Nuestro país no aguanta una Cuarta Transformación (segunda parte). No merece que se sigan haciendo negocios turbios al amparo del poder, sin rendición de cuentas; que se destruyan las instituciones públicas o que se militarice la economía y la política. Recuerdo que AMLO nos prometió regresar los soldados a sus cuarteles. 

Este análisis forma parte del número 2427 de la edición impresa de Proceso, publicado el 7 de mayo de 2023, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.