CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El INAI está amputado e inhabilitado para cumplir a cabalidad sus funciones y eso afecta gravemente el derecho a la información, a saber, la protección de los datos personales y la democracia.

Actualmente, el Inai tiene cuatro de sus siete comisionados. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública es clara cuando dice que “las sesiones del Pleno serán válidas con la asistencia de cuando menos cinco comisionados, incluyendo al Comisionado Presidente”.

??El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es una institución clave para la transparencia y la rendición de cuentas de las autoridades públicas federales y sujetos obligados.

La irresponsabilidad del Senado de no ponerse de acuerdo para los nombramientos, y las objeciones del presidente López Obrador a los perfiles propuestos, aunado a su aversión ideológica a ese organismo autónomo por considerarlo costoso y neoliberal, ha dejado al garante de la transparencia y la privacidad sin la validez para sesionar.  

Durante la presentación del Informe de Labores 2022 del Instituto de Transparencia de Hidalgo, la actual Comisionada Presidenta del Inai, Blanca Lilia Ibarra, dijo que “los poderes del Estado [refiriéndose al Senado] tienen el deber de velar porque los organismos garantes de transparencia gocen de autonomía efectiva y puedan desplegar sus funciones de manera cabal, ya sea con la aprobación de sus presupuestos o bien designando en tiempo y forma a sus titulares”.

El Inai estaba operando con un Pleno incompleto, como muchos otros organismos autónomos como la Cofece y el IFT, producto de la animadversión presidencial a la autonomía de esas instituciones y su desinterés por nombrar a sus comisionados. Ahora, al estar amputado y con menos de cinco comisionados, el Pleno del Inai carece de la validez legal para cumplir con sus atribuciones.

Mientras el INAI no tenga al menos cinco comisionados, el Pleno no puede, entre muchas otras atribuciones, designar a los servidores públicos del propio instituto ni resolver su remoción. Tampoco fijar las políticas y los programas del Inai, ni aprobar su proyecto de presupuesto anual, ni emitir opiniones y recomendaciones.

En suma, el INAI no puede resolver los recursos de revisión a las solicitudes de información cuando alguna institución pública o sujeto obligado se niegue a proporcionar la información. Esto incluye cualquier autoridad de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y cualquiera que reciba recursos públicos federales.

Aunque todas estas autoridades siguen obligadas a responder las solicitudes de información, el Pleno del Inai insuficiente no puede resolver los recursos de revisión cuando las instituciones nieguen la información, lo cual favorece la opacidad, la corrupción y la falta de rendición de cuentas.

El Inai fue creado en la reforma de 2014 como un organismo autónomo encargado de garantizar el derecho a la información, proteger los datos personales y promover la transparencia en la gestión pública. Para cumplir con estos objetivos, el INAI cuenta con un Pleno integrado por siete comisionados, que deben ser designados por el Senado de la República.

El INAI ha funcionado con un Pleno incompleto, después de que dos comisionados terminaron su mandato y no fueron reemplazados. Previamente, otro comisionado renunció a su cargo, lo que redujo la capacidad del Inai para cumplir con sus responsabilidades.

La falta de un Pleno completo y de suficientes comisionados tiene un impacto significativo en el trabajo del Inai, la transparencia, el derecho a saber y la democracia en México.

Al no tener validez para sesionar, se acumula y se retrasa la resolución de expedientes y la emisión de recomendaciones, lo que pone en riesgo la protección de los datos personales, la transparencia y la rendición de cuentas. También afecta la capacidad del Inai para tutelar el cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Todo lo anterior impide que la población obtenga información importante y necesaria para tomar decisiones informadas, afectando la calidad de una democracia mexicana de por sí deteriorada.

En los últimos años ha aumentado el número de solicitudes de información pública. Durante el periodo de octubre de 2021 a septiembre de 2022 hubo 314,435 solicitudes a sujetos obligados del ámbito federal, el periodo de mayor peticiones.

Como revela el propio informe 2022 del Inai y que reveló Proceso, lo preocupante es que de las 281 mil 252 solicitudes atendidas, las dependencias federales han declarado cada vez más la inexistencia de la información, reservan más archivos o se declaran incompetentes para revelar la información.

La atrofia provocada al Inai para resolver casos ocurre en un contexto de creciente militarización de diversas actividades públicas. Entiéndase por militarización atribuirle a las fuerzas armadas funciones y tareas de índole civil que exceden sus auténticas atribuciones legales y objetivos de seguridad nacional, como la construcción de obras públicas o la administración de puertos y aeropuertos.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es la quinta institución con más solicitudes de información pública, con un total de 43 mil 868 desde 2003. Sólo en el más reciente año reportado por el INAI, la Sedena ha sido requerida con 6 mil 591 solicitudes de información. El Ejército acostumbra invocar el criterio de seguridad nacional para negar la información.

Esta militarización -aunado a un Inai incompleto y ataques desde el Poder Ejecutivo a la autonomía de la institución- pone en riesgo la protección de los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales.

Una jueza federal exhortó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado para que emita una nueva propuesta de designación de dos comisionados faltantes del Inai, después de que el presidente AMLO objetara dos nombramientos. Lo anterior en cumplimiento a la suspensión definitiva otorgada en favor del Consejo Consultivo del Inai y el Consejo de Litigio Estratégico. El Senado debe actuar con responsabilidad y nombrar a los comisionados faltantes en el INAI. Los legisladores han respondido con la intención de modificar la ley y parcharla para que el Pleno del Inai pueda sesionar con validez, pero sin cumplir con su obligación de proponer los nombramientos.