CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–Poco tiempo atrás, hacia el año 2018, la problemática sobre la migración irregular en México y en los países vecinos estaba concentrada en y desde el norte de Centroamérica, de manera notoria. Si el tema surgía en alguna instancia gubernamental o incluso en medios de comunicación la referencia habitual eran los flujos centroamericanos con todas sus formas, en diferentes circunstancias de su movilidad o a propósito de eventos trágicos. Después, al tema se fueron agregando otras nacionalidades como la haitiana o la cubana, pero no mucho más. La cuestión era esencialmente centroamericana.

En ese contexto, la migración mexicana hacia los Estados Unidos, que tuvo intensos periodos hasta el año 2008, no figuró como asunto central pues no había motivo. Desde entonces y por más de una década la movilidad mexicana al norte se mantuvo relativamente estable y con números reducidos. Por consiguiente, en el actual discurso gubernamental --el comunicado por el presidente López Obrador, que es centro único-- predominó la movilidad centroamericana como rubro dominante cuando se refiere a la migración, siguiendo un modelo expositivo que sin muchas variaciones mantuvo desde 2018 y a la fecha.

Durante el último trienio la realidad se ha transformado, pero el modelo de comunicación presidencial sigue siendo el mismo. El problema de mantener un mismo centro de atención --la migración centroamericana-- es que queda afuera de Palacio Nacional otro proceso social de creciente escala: la renovada migración de mexicanos hacia los Estados Unidos, regular e irregular. Como en los viejos tiempos, salimos nuevamente del país para encontrar alternativas laborales y de ingreso; además, como nunca, se han sumado familias solicitantes de asilo que huyen de las violencias que azotan a estados como Michoacán, Guerrero y varios más.

De la relativa estabilidad que perduró entre 2008 y hasta el año 2019, en el 2020 reiniciamos la ruta hacia los Estados Unidos en números crecientes. La promesa del gobierno de AMLO fue que nadie tendría necesidad de emigrar, ni desde México, ni desde los vecinos de Centroamérica. Pero hoy estamos más lejos de ese propósito; ni siquiera pudieron conservarse las cifras de emigración que teníamos al arranque del sexenio, que en el caso de México eran las más estables y reducidas de muchos años.

Como si fueran relojes paralelos, la caída de los ingresos de las familias se volvió crítica entre marzo y abril del 2020 --utilizando el indicador de pobreza laboral del Coneval-- y al mismo tiempo repuntó la movilidad de mexicanos hacia los Estados Unidos. En nado sincronizado se movieron ambas estadísticas, haciendo evidente que iniciaba un nuevo periodo en nuestra larga historia migratoria. El grave desajuste económico acentuado por la pandemia del covid encontró en la puerta migratoria un espacio alternativo.

Solamente entre enero del 2022 y enero del 2023, la patrulla fronteriza de Estados Unidos ha detenido a 860 mil mexicanos que arribaron a su frontera intentando un cruce irregular. A esta cifra debe agregarse otra equivalente, difícil de estimar, que son las personas que tienen algún documento formal de cruce fronterizo y que también se movilizan por razones laborales. En conjunto, pueden ser cientos de miles las personas que se han sumado a la reactivación de nuestra emigración en los últimos tres años.

No obstante, sirva el ejemplo siguiente, en el pasado encuentro de Líderes de América del Norte realizado a principios de enero en la Ciudad de México, el discurso final del presidente mexicano enfatizó una menor migración, como un logro positivo de su administración. Seguramente el presidente de los Estados Unidos tenía otros datos a la mano, como también el primer ministro de Canadá que estaba al lado. Pero más allá de la anécdota, la idea de que tenemos “menos migración” es la que prevalece en el gobierno mexicano e incluso entre los gobiernos de los estados, que también son parte del asunto.

De nada sirve negar las cifras, como de nada sirve permanecer sin estrategias en los espacios locales en materias económica y de seguridad pública. Puede ser que para la administración de AMLO la nueva emigración mexicana suene a derrota, como sería también el caso de la centroamericana que no ha cedido en sus números. Hoy el flujo mexicano constituye el 40% del total de los arribos irregulares a la frontera sur de Estados Unidos, superando con mucho a cualquier otra nacionalidad.

Considerando que programas sociales como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro se imaginaron como poderosas palancas que evitarían la emigración, es posible que ahora sean el velo que impide reconocer a los nuevos flujos. Pero existen, se mueven. Además, es posible que tanto gasto en seguridad pública y su apabullante militarización sean otra cortina que impide acercarnos a los flujos de refugiados mexicanos que buscan protección en los Estados Unidos.

No reconocer, no ver, no aceptar las estadísticas es tono recurrente de la administración del presidente López Obrador. El final del sexenio está próximo y cada día se apilan sobre la mesa realidades hoy negadas. Como siga la tendencia, serán muchos más los y las mexicanas buscando un ingreso o pretendiendo refugio en los Estados Unidos.

Las cifras de diciembre de 2024 nos golpearán con fuerza y reclamarán haber sido ignoradas. Al fragor de las campañas electorales seguramente alguien más prometerá que en México nadie volverá a tener necesidad de emigrar al extranjero para mejorar el ingreso de su familia y que nadie más volverá a huir de su comunidad para salvar la vida. Lo veremos, no falta mucho tiempo. Quien ocupe la Presidencia del país ojalá inicie reconociendo los datos reales e implementando estrategias pertinentes, tangibles como la realidad misma. Sería la expectativa mínima. Está en juego el futuro de México.

*Profesor del PUED, UNAM. Excomisionado del INM

Este análisis forma parte del número 2419 de la edición impresa de Proceso, publicado el 12 de marzo de 2023, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.