CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– En los tiempos de la posverdad (donde se mezclan datos ciertos con falsos para desinformar) que hoy gozan de cabal salud, mantener el rigor informativo a la luz de los principios éticos generalmente aceptados se vuelve todo un reto. En este contexto, Proceso se ha visto envuelto en parte de la discusión pública y, por ello, se difunden verdades a medias y mentiras completas que merecen ser esclarecidas.

Veamos.

Primero. De entrada, queda claro que Proceso tiene una marca distintiva, razón por la cual es objeto de discusión. En efecto, sería absurdo que, si careciera de impacto en la formación de la opinión pública, hubiera quien se tomara la molestia desde el poder público y de medios afines a aquél de hacer una tarea de seguimiento sobre la vida interna de Proceso. Y hacer esta labor de cómo el medio afronta los retos tecnológicos y de fuentes de financiamiento no es, por supuesto, una tarea inadecuada o incorrecta en sí misma.

El problema reside en que ese cometido se hace desde juicios preconcebidos, ayunos de datos veraces y con una carga política que busca encarecer los costos a Proceso para hacer lo que siempre ha hecho: ejercer un escrutinio del quehacer público al margen de filias o fobias, que, en estos tiempos, no es un trabajo sencillo; antes bien, sinuoso y complicado por el entorno de polarización de la agenda pública y del intercambio, cuando hay, de informaciones y opiniones.

El sesgo confirmatorio le ha ganado la partida a la tolerancia y a la posibilidad de escuchar los argumentos del otro. Hay que definirse, dice el presidente de la República: se está a favor o en contra de la 4T. Desde el punto de vista deontológico, un medio que se precie de hacer periodismo no puede caer en ninguno de los dos supuestos en los que quiere ubicar a tod@s el reduccionismo de la palabra presidencial, que hace las veces de guía dogmática de las expresiones más radicales de la 4T cuya pobreza argumental y cognitiva erosiona la posibilidad de entablar el diálogo y el respeto, aunque sea en sus expresiones mínimas.

Segundo. Se afirma que Proceso está por poner fin a su edición impresa. Ya no recibe cuantiosos recursos del gobierno, esbozan los detractores como dogma de fe disfrazado de argumento. Se busca crear una narrativa de que la revista tenía una vida artificial que encontraba sentido esencialmente en el dinero gubernamental. Estas sugerencias articulan sofismas discursivos que no se sustentan en los hechos.

La revista es de los pocos medios que tiene en la venta de sus ediciones impresas y digitales una fuente importante de sus ingresos. A diferencia de otras expresiones periodísticas, Proceso ha venido denunciando la distribución ilegal de sus contenidos. Y lo ha hecho porque la elaboración de contenidos tiene un valor económico que al ser objeto de plagio impactan en los ingresos de la revista.

Hay otros medios que tienen un modelo de negocios distinto donde, por el contrario, reposan sus ingresos en la publicidad y, por ende, no sólo permiten el acceso gratuito a sus contenidos, sino que activamente los distribuyen. Tan válido un modelo como el otro.

Sea como fuere, lo cierto es que miles de personas buscan consumir los contenidos de la revista cada semana y muchas lo hacen violando las leyes en materia de protección de derechos de autor a sabiendas o no. Este hecho pone de relieve que Proceso no vive sólo de la publicidad oficial.

Es evidente que la revista no tiene (como tampoco ningún otro medio) el derecho a la publicidad gubernamental. Sí tiene, empero, el derecho a la no discriminación como lo dispone el último párrafo del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esa discriminación se materializa cuando la publicidad oficial se destina sin equidad y a la luz de la discrecionalidad, como hoy sucede sin que, a la fecha, el Congreso de la Unión haya acatado la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para reformar la Ley General de Comunicación Social para introducir el criterio de la equidad.   

Tercero. Es insostenible afirmar que Proceso haya sido un medio obsecuente con los gobiernos del PRI y del PAN, razones por la cuales recibía publicidad oficial. Nada más alejado de la verdad. Cualquier persona que revise los contenidos de la revista podrá comprobar que tanto ayer como hoy mantiene exactamente la misma línea editorial: la revisión crítica de los actos de autoridad y de aquellos llevados a cabo por los poderes fácticos. Con ello se coadyuva con el derecho a saber de la comunidad.

Me consta cómo se hacen esfuerzos día con día para no caer en la provocación de convertirse en un medio militante, en favor de algunos para favorecer a otros, para respetar los derechos de la personalidad de personas con relevancia pública, para cumplir en sus términos con la Ley reglamentaria del artículo 6º constitucional en materia de derecho de réplica y de hacer una aplicación casuística sobre cómo debe interpretarse la noción de interés público.

Al director, Jorge Carrasco, le ha tocado dirigir el medio en un terreno inédito: la pandemia del covid-19, la emergencia sin precedentes de un discurso presidencial injurioso contra Proceso (y muchos otros medios y personas), la adopción de una política activa contraria a derecho en materia de publicidad oficial, el fortalecimiento de las tecnologías de la información como espacios con un peso específico que coexisten con los medios tradicionales, el incremento de la judicialización como vía para inhibir la publicación de contenidos de interés público y una campaña en redes que da seguimiento a las prédicas del presidente. Todo lo anterior genera un contexto complejo que reclama decisiones que tampoco tienen precedentes y que se toman para mantener sin mella sus rasgos esenciales de quehacer periodístico.

Proceso no puede permanecer inerme ante los cambios que vive el mundo, el entreveramiento generacional de sus audiencias y la oferta posible de sus productos informativos. La versión impresa de la revista seguirá hasta que sea necesario; ni antes, ni después. Será, en todo caso, una decisión interna y no sujeta a intereses ajenos al medio, por más que haya quienes desde ahora persisten a través del infundio y la mentira en anunciar y festinar sus exequias.

@evillanuevamx

ernestovillanueva@hushmail.com

Este análisis forma parte del número 2419 de la edición impresa de Proceso, publicado el 12 de marzo de 2023, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.