CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–En 2021 se cumplieron 10 años desde la última revisión de las Líneas Directrices de la OCDE. Durante esta década el mundo ha cambiado drásticamente y hemos atestiguado fenómenos como el cierre del espacio cívico, la agudización de la crisis climática, nuevas formas de trabajo relacionadas con la tecnología y otras tantas formas de explotación.

Aunado a esto, la pandemia por covid-19 dejó al descubierto los retos persistentes de la desigualdad, la inestabilidad y fragilidad de la paz, así como el avance de fuerzas políticas antiderechos.

Desde que el año pasado comenzara este ejercicio de balance, el Grupo de Trabajo encargado del proceso comenzó a recabar aportaciones públicas sobre su borrador más reciente. Las organizaciones de la sociedad civil han planteado la urgencia de abordar la justicia climática, la situación de personas defensoras de los derechos humanos, así como el tema de la tenencia de la tierra a nivel global.

En anteriores entregas he insistido que ignorar estos temas ahonda las brechas de desigualdad en el mundo y este proceso puede significar una oportunidad más, aunque no la única, para garantizar límites claros al poder corporativo.

En primer lugar, es necesario que se reconozca a las personas defensoras de los derechos humanos y su valioso trabajo. Sin embargo, el borrador actual intenta reducir el trabajo de los y las defensoras a la “supervisión y presentación de informes” cuando en la realidad se encuentran en la primera línea de combate al abuso del poder corporativo.

Las empresas multinacionales deben ser llamadas a hablar activamente sobre cómo sus operaciones comerciales podrían influir en el cierre de los espacios cívicos y hacer declaraciones públicas que afirmen la tolerancia cero a las represalias o persecución por ejercer el derecho legítimo de defender derechos humanos. Esto debería incluir a todas las empresas en las cadenas de suministro de grandes corporaciones, ya que no son pocas las veces en los que proveedores, socios comerciales locales o subsidiarias cometen abusos en contra de la población local, incluyendo defensores locales, lo que permite a las empresas multinacionales o casas matrices alegar desconocimiento.

Ni las Líneas Directrices ni los Puntos Nacionales de Contacto en cada país prevén mecanismos de respuesta rápida y debida diligencia exhaustiva frente a agresiones o riesgos hacia personas defensoras de derechos humanos relacionadas con sus actividades empresariales o de su cadena de suministro. En realidades como la mexicana, la inclusión de este tipo de medidas es muchas veces de vida o muerte.

Por otro lado, se necesitan expectativas más altas para lograr una participación significativa de las múltiples partes interesadas en los procesos de debida diligencia de las empresas y en las evaluaciones de impacto social y a los derechos humanos que el documento exhorta a realizar a las empresas. Las directrices deberían destacar la capacidad de las comunidades afectadas y las personas trabajadoras para participar en cualquier decisión que les afecte o que potencialmente lo haga. Dicha participación incluye el reconocimiento de derechos, como el acceso a la información, recursos y la influencia antes, durante y después de cualquier proyecto o el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado.

En cuanto a los derechos de los pueblos indígenas, es indispensable que se dé un reconocimiento a sus formas de propiedad y posesión de la tierra y los recursos que tradicionalmente han ocupado o utilizado. Adicionalmente, las Líneas Directrices deberían explícitamente mencionar que dicho reconocimiento debe ser llevado a cabo por las empresas trasnacionales y también por sus proveedores, contratistas y empresas subsidiarias, pues hemos observado que particularmente son ellas quienes en países del sur global incentivan fenómenos como el acaparamiento de tierras o la desposesión, generando conflictos respecto de la tenencia de la tierra. La tierra y los recursos de los pueblos indígenas están bajo acecho por intereses económicos que se aprovechan de discursos como el de la transición energética, la conservación ambiental o el desarrollo sostenible para replicar modelos de negocios extractivos que perpetúan la desigualdad y la depredación.

En consonancia con las medidas de protección a este derecho, las Líneas Directrices deberían incluir un lenguaje explicito frente a la crisis climática que ya padecemos en algunas partes del mundo y por lo tanto deben inexorablemente exhortar a empresas a realizar estudios de los impactos acumulativos dentro de su debida diligencia y tomar medidas para afrontar el cambio climático no sólo con la adaptación y mitigación, sino también con los daños y las pérdidas.

Indefectiblemente, las Líneas Directrices deberían contener menciones explícitas sobre la responsabilidad de las empresas de prever y abordar sus impactos adversos con una perspectiva de género e interseccional. Esto significa que deben evaluar, identificar y abordar los riesgos e impactos de la actividad empresarial en las mujeres, teniendo en cuenta las desigualdades sistémicas que se superponen, y desarrollar políticas y planes en concordancia.

Con anterioridad, he narrado los impactos agravados en nosotras y nuestros derechos y los varios factores que los agudizan, como la discriminación estructural que entrecruza rasgos de nuestras identidades, como la edad y el origen étnico, el acoso y la violencia, las situaciones de conflicto que se trasladan a nuestros cuerpos; o los riesgos sui géneris que enfrentamos las defensoras de derechos humanos.

Esta revisión abre muchas posibilidades para que ministros y representantes y asesores de alto nivel de la OCDE y de los países miembros se comprometan significativamente con la rendición de cuentas de las empresas, los derechos humanos y la justicia.

Las expectativas de la sociedad civil sobre la actuación de México, como Estado parte en la Reunión Ministerial de la OCDE sobre “promover y posibilitar una conducta empresarial responsable en la economía global”, están puestas en ofrecer una reflexión estratégica que recupere las propuestas de la sociedad civil para que este proceso de balance y fortalecimiento sea realmente una oportunidad para fortalecer los derechos humanos frente al poder corporativo y no se convierta en una simple simulación. 

*Directora ejecutiva de Prodesc

Este análisis forma parte del número 2416 de la edición impresa de Proceso, publicado el 19 de febrero de 2023, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.