La labor de la judicatura electoral al enfrentarse a casos de esta complejidad y polémica nunca es sencilla. Sus determinaciones siempre deben velar por el desarrollo de las libertades y, en su caso, la justificación racional de sus límites.

Es claro que en este negocio participan autoridades y empresarios de Estados Unidos y México. No se puede entender sin la participación de funcionarios de ambos países, que forman parte de la maquinaria internacional del crimen organizado.

La presidenta no polarizó. Demandó. Y con ello, planteó un principio básico: en democracia, la palabra también tiene responsabilidad.