Ciudad de México (Proceso).- Google se encuentra en el epicentro de atención debido a sus prácticas comerciales y su dominio en varios mercados digitales. El 12 de septiembre arrancó el juicio del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra la empresa californiana por abuso de posición dominante en el mercado de búsquedas en Internet.

El 8 de noviembre, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) de México también emplazó a una empresa que presumiblemente es Google porque “abusó de su posición dominante de mercado para realizar conductas probablemente anticompetitivas de ventas atadas o empaquetamientos en el mercado de servicios de publicidad digital”.

En una corte de Washington D.C. en la Unión Americana, Google está siendo juzgado en un caso histórico de antimonopolio a cargo del juez Amit Mehta, comparable a lo que ocurrió con Microsoft y su navegador Explorer en la década de 1990.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a Google de sofocar intencionalmente la competencia durante años, señalando a la empresa de invertir miles de millones de dólares para operar un monopolio ilegal, colocando su motor de búsqueda como el privilegiado en dispositivos como el iPhone de Apple.

El gobierno estadunidense alega que Google ha negociado contratos exclusivos con diversos fabricantes de teléfonos como Apple, Samsung y otros más, lo que ayudó a consolidar su posición dominante en violación de la Ley Sherman antimonopolio de Estados Unidos.

Como parte de las audiencias durante el juicio, un académico de la Universidad de Chicago, Kevin Murphy, reveló que Google le paga a Apple un porcentaje del 36% de los ingresos por publicidad provenientes de Safari, el navegador preinstalado en el iPhone y el iPad.

Ya se sabía que Google pagaba para ser el motor de búsqueda predeterminado en navegadores como Safari de Apple o Firefox. Se reveló que la cifra alcanzó 26 mil 300 millones de dólares en 2021 por esa supremacía. También se desveló que 18 mil millones de dólares fueron para Apple.

Google se defiende diciendo que su participación dominante en el mercado es resultado de un producto superior, su propio motor de búsqueda. Lo que está a debate no es la superioridad del motor de búsqueda, sino las prácticas anticompetitivas para que Google haya sido el motor de búsqueda en Internet predeterminado por los fabricantes de smartphones y sistemas operativos como Android, favoreciendo la búsqueda y la publicidad en línea en Google.

La empresa argumenta que los consumidores pueden usar libremente cualquier motor de búsqueda competidor y que los servicios de Google representan sólo una parte de las formas como las personas navegan por Internet.

Google también sostiene que sus acuerdos de distribución son habituales en el mundo corporativo. La empresa de Internet paga para que su motor de búsqueda esté en los teléfonos inteligentes de la misma manera que un productor de alimentos paga para colocar sus mercancías a la altura de los ojos en un pasillo de una tienda de autoservicio.

Google ha desestimado las afirmaciones de que es el motor de búsqueda más grande del mundo debido a prácticas anticompetitivas, asegurando que cambiar a otra opción de búsqueda en la red requiere "literalmente cuatro toques".

Incluso, Google ha intentado desacreditar al jefe de la división antimonopolio del Departamento de Justicia, Jonathan Kanter, señalándolo de tener un sesgo personal y profesional contra la empresa por haber participado en asesorías legales, en litigios de libre competencia y por ser un conocido crítico de Google y de los gigantes de Internet.

Cabe aclarar que no todas las búsquedas en Internet a través de Google le generan ingresos a la compañía, como cuando se busca información histórica o sobre un personaje, pero sí cuando las búsquedas de un consumidor están asociadas a un producto, servicio o vinculadas a un anuncio.

Se ha dicho que el resultado de este juicio contra Google podría tener implicaciones significativas para la industria tecnológica y cambiar la forma como las empresas tecnológicas operan para obtener beneficios sobre sus productos tecnológicos. Lo cierto es que la innovación y los servicios digitales marchan a un ritmo más acelerado.

Por ejemplo, TikTok está ganando influencia rápidamente en el mercado de búsqueda en Internet. La aplicación de videos virales cortos ha aumentado en popularidad, convirtiéndose en la tercera red social más grande del mundo, detrás de Facebook e Instagram de Meta.

Amazon ha sido durante mucho tiempo la plataforma dominante donde las personas comienzan sus búsquedas de compras. Sin embargo, su control sobre ese primer paso de un posible comprador se está debilitando a medida que TikTok atrae el tráfico y se convierte en un lugar más popular para que las personas compren.

El juicio contra Google y otros gigantes tecnológicos plantea interrogantes clave sobre la compleja regulación de los mercados digitales y el equilibrio entre fomentar la innovación y proteger la competencia económica, los derechos de los consumidores y el interés público.

Las prácticas anticompetitivas pueden sofocar la innovación, limitar la elección del consumidor y resultar en precios más altos. Sin embargo, la regulación excesiva también puede tener efectos perjudiciales, como desincentivar la inversión y la innovación.

Las autoridades reguladoras de todo el mundo están lidiando con estos desafíos mientras buscan formas de controlar el poder y la influencia crecientes de las grandes empresas tecnológicas. Los casos recientes contra Google son sólo un ejemplo de los esfuerzos recientes para garantizar que los mercados digitales sigan siendo competitivos y justos para todos los participantes.

En Europa, Google ha enfrentado juicios adversos. Un tribunal europeo impuso una multa récord de 4.125 mil millones de euros (aproximadamente, 4.13 mil millones de dólares) a Google por usar su sistema operativo móvil Android para frustrar a los rivales.

En enero de 2023, 17 estados de la Unión Americana demandaron a Google por monopolizar múltiples productos de tecnología de publicidad digital denominados "pila de tecnología publicitaria", de la cual dependen los editores de sitios web para vender anuncios y anunciantes para comprar anuncios y llegar a clientes potenciales.

La fiscalía acusa a Google de aplicar “un patrón generalizado y sistémico de mala conducta a través del cual buscó consolidar su poder de mercado y evitar la competencia del libre mercado”. La conducta anticompetitiva de Google incluye adquirir competidores para obtener control sobre herramientas publicitarias digitales; forzar la adopción de las herramientas de Google; distorsionar y manipular la competencia en las subastas de anuncios.

Las grandes empresas tecnológicas y de Internet son tan importantes e influyentes en nuestra vida cotidiana, que los fiscales, las autoridades y los reguladores buscan acotarlos y limitar su poder, sin omitir el rédito económico y político que ello implica.

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