El año 2023 ha tenido dentro de sus problemas de mayor impacto político y económico la profundización del fenómeno de la migración. En el caso de los países como México, país de tránsito, expulsor y receptor de migrantes, la situación ha adquirido rasgos de particular gravedad. Por una parte, las situaciones internas en los países de la región de América Latina han empeorado, como es el caso de los países del triángulo del norte de Centroamérica, Venezuela, Cuba y Haití. Ello ha precipitado la determinación de dirigirse a Estados Unidos en búsqueda de oportunidades de trabajo y de reunificación familiar. 

A pesar de las vicisitudes que supone atravesar sitios tan peligrosos como el paso del Darién en Panamá, o los caminos plenos de obstáculos de todo tipo en México, el flujo crece y se diversifica incorporando grupos que hace pocos años no estaban presentes. Los haitianos y personas provenientes de África son un ejemplo. La presencia de esos grupos migrantes se contempla ahora en plazas, parques y colonias de la Ciudad de México. El peligro de que surjan sentimientos de xenofobia entre la población no se puede ignorar.

La situación anterior representa desafíos muy serios para el gobierno mexicano. Uno de los más difíciles se encuentra en la relación con Estados Unidos. Durante los últimos meses, el tema del control de la frontera sur ha adquirido proporciones muy grandes por diversas razones. La primera y más importante es la posición asumida por el Partido Republicano, que ha otorgado al control de la frontera sur un lugar de prioridad dentro de su campaña electoral.

El asunto ha tenido un impacto muy serio en temas claves para la política exterior de los Estados Unidos, como lo son, en estos momentos, el de la ayuda militar a Ucrania y a Israel. Las decisiones al respecto han sido bloqueadas en el Congreso por la exigencia republicana de que, previamente, se tomen las medidas adecuadas para asegurar el control de la frontera con México. Se mezcla así, de manera inesperada e insólita, un tema fundamental para las buenas relaciones entre México y Estados Unidos con el destino de acciones militares en guerras lejanas ajenas a los intereses prioritarios de nuestro país.

Semejante situación tiene lugar en medio de una campaña electoral que no está pronosticando buenos resultados para el partido demócrata, cuyo candidato, Joe Biden, tiene bajos índices de aprobación. Entre los motivos de esa baja aprobación se coloca, según las encuestas, el mal manejo de la situación en la frontera sur.

No es sorprendente, pues, que Biden esté modificando su política hacia la migración acercándose, cada vez más, a la seguida por su antecesor, Trump, de cuya política migratoria había declarado con énfasis que quería alejarse. En efecto, en su primer día en funciones Biden mandó una orden ejecutiva al Congreso para “restaurar humanismo y los valores americanos en nuestro sistema migratorio”. Cerca de tres años después, nos señala el New York Times (17/12/23), su política migratoria evoluciona hacia la derecha, tomando decisiones que recuerdan con claridad los sentimientos antiinmigrantes de Trump.

El aumento y la mayor rapidez en el número de deportaciones, la negativa a conceder asilo, la separación de familias y el aumento de requisitos para conceder estancia temporal en Estados Unidos son, entre otras, las políticas que están teniendo lugar.

Lo anterior coincide con una política creciente de hostilidad hacia los migrantes por parte de los poderes estatales en Texas, desde donde se envían autobuses repletos con migrantes a ciudades demócratas como Nueva York. Tales envíos están teniendo efectos políticos inmediatos, como las quejas de las autoridades de esa ciudad relativas a los problemas creados para albergar y proporcionar servicios a los recién llegados.

El comienzo del invierno, la cantidad de migrantes varados en la zona fronteriza de México, el aumento de contingentes de la guardia fronteriza estadounidense encargada de detener a quienes intentan cruzar nos habla de un panorama cada vez más inhumano y desolador.

Contribuye a lo anterior la política del gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, cuyas acciones exacerban el ambiente de desesperación que se resiente entre aquellos que buscan cruzar antes de que termine el año. De acuerdo con una ley promulgada hace dos días, se permite a la policía detener a los inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera y otorga a los jueces locales autoridad para ordenarles que abandonen el país. Sus detractores califican la medida como el intento más drástico por parte de un estado de controlar la inmigración desde la muy repudiada ley de Arizona de 2010.

Mientras eso sucede, no es posible identificar cuál es la respuesta mexicana para enfrentar la crisis. Lo cierto es que persiste bastante confusión sobre las atribuciones del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Relaciones Exteriores para ocuparse del tema. En principio, la segunda se ocupa de las funciones en los consulados destinadas a proporcionar ayuda a los migrantes. Actividad que se cumple con bastante puntualidad, en medio de carencias presupuestales y de personal.

Sin embargo, las responsabilidades de la Secretaría de Gobernación no parecen ocupar la atención de la secretaria, quien no tiene un equipo que la asesore, conoce poco del tema y no puede ser buena interlocutora para discutir problemas al respecto con su contraparte estadounidense.

El director del INM sigue siendo una personalidad hostil hacia los migrantes, preocupado sobre todo en impedir su entrada a México y travesía hacia los Estados Unidos, más que en satisfacer la ayuda que requieren.

Se espera con ansiedad el lugar y la prioridad que tendrá el tema migratorio, tan complejo y doloroso para México, en los programas de gobierno de las candidatas para la próxima administración.