WASHINGTON (AP).- En su primer día en el cargo, el presidente Joe Biden presentó al Congreso de Estados Unidos un plan legislativo para modernizar el sistema de inmigración del país.

No consiguió nada, como tantos otros intentos de renovación.

Mientras tanto, el número de migrantes que cruzan ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México alcanzó cifras récord, al igual que la acumulación de casos en el sistema estadunidense de tribunales de inmigración. Las facultades sanitarias de emergencia contempladas en el Título 42, que autorizaron a los agentes fronterizos a rechazar a muchos inmigrantes, terminaron al remitir la pandemia de coronavirus. Y el Congreso ni siquiera se ponía de acuerdo sobre cuestiones tan sencillas como si Estados Unidos debía dejar entrar a más o menos personas.

Así que los altos cargos del gobierno buscaron soluciones fuera del país, tratando de presentar la inmigración no como uno de los problemas más insalvables de Estados Unidos, sino como una cuestión que debía abordar todo el continente americano.

Se trató de un cambio de enfoque que refleja la fe de Biden en el poder de la diplomacia mundial, y que también puede ser más prometedor para lograr avances, sobre todo teniendo en cuenta que las redes de traficantes conducen cada vez más a familias migrantes de todo el mundo a través del peligroso y a menudo mortífero Tapón del Darién, entre Colombia y Panamá.

“Ninguna nación debería asumir esta responsabilidad sola”, declaró Biden el año pasado cuando convocó a los líderes de 23 naciones que asistieron a una Cumbre de las Américas para presentar un plan compartido sobre migración y seguridad. “Los futuros económicos dependen unos de otros. Cada uno de nuestros futuros dependen unos de otros. Y nuestra seguridad está vinculada de maneras que no creo que la mayoría de las personas en mi país entiendan completamente”.

Y si bien las soluciones para Biden son internacionales, las políticas siguen siendo internas.

El presidente estadunidense busca la reelección y la frontera es un tema importante para los republicanos, quienes describen a Biden como blando en cuanto a la seguridad. Antes de convertirse en presidente, su participación en la política de inmigración fue relativamente escasa. Antes de una visita que hizo este año a la frontera sur, sólo había estado en el límite de 3 mil 140 kilómetros (mil 951 millas) entre Estados Unidos y México durante unas pocas horas durante una parada de campaña en 2008, y no desempeñó un papel significativo en los esfuerzos de reforma anteriores cuando sirvió en el Senado.

Sin embargo, su experiencia en política exterior se remonta a décadas atrás, desde sus años en el Congreso hasta sus dos mandatos como vicepresidente, y eso tiene peso a nivel internacional.

“Ningún otro presidente que se haya sentado en la Oficina Oval tiene el kilometraje, la comprensión, el compromiso que ha tenido Joe Biden en la región. Es sólo un hecho”, declaró Arturo Sarukhan, embajador de México en Estados Unidos de 2007 a 2013. “Ese es un aporte importante que Biden pone sobre la mesa”.

Sarukhan comenta que el enfoque de Biden se ha centrado en el acercamiento y la negociación, mediante el envío de altos funcionarios a la región para mantener conversaciones y a través de invitaciones a Washington. “Biden no ha puesto la pistola en la frente de nadie”, añade.

Pero a los defensores de los migrantes les preocupa que el nuevo enfoque tenga un costo que probablemente pagarán quienes huyen de la persecución y la pobreza en sus países de origen.

“Realmente creo que están intentando gestionar la migración, en lugar de acabar con ella”, afirma Yael Schacher, directora para América y Europa de la organización Refugees International. “Pero gestionar la migración también puede tener consecuencias para los derechos humanos, terribles consecuencias para los derechos humanos. Hay un distanciamiento moral: la posibilidad de lavarse las manos ante un problema si ya no está a tu puerta”.

La composición de las personas que migran ha cambiado drásticamente en las últimas dos décadas, lo que trae también desafíos nuevos.

Quienes antes cruzaban la frontera solían ser en su mayoría hombres mexicanos que iban a Estados Unidos a trabajar y que podían ser enviados de regreso fácilmente. Ahora, cada vez llegan más familias de Guatemala, Nicaragua, Venezuela y Haití, que huyen de la sequía provocada por el cambio climático y de los regímenes opresivos.

Eso es parte de una tendencia mayor. La ACNUR, la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados, calcula que 103 millones de personas se han visto desplazadas en todo el mundo, más del 1% de la población mundial.

“Nos encontramos en un momento único y debemos entender que no es un problema interno, sino regional y global”, manifiesta Krish O’Mara Vignarajah, jefa del Lutheran Immigration and Refugee Service (Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados, una organización que ayuda a los migrantes y refugiados en Estados Unidos).

La cantidad de cruces fronterizos ilegales entre México y Estados Unidos ha ido disminuyendo desde que el gobierno de Biden implementó nuevas reglas el 11 de mayo, pero aún no está claro si el nuevo enfoque será efectivo a largo plazo o si puede sobrevivir a los desafíos legales, así como a un posible cambio de gobierno en 2024.

Según las nuevas reglas, los migrantes no pueden solicitar asilo en Estados Unidos si primero cruzaron otro país, sin haber buscado protección allí primero o si no hacen una cita para ir a Estados Unidos a través de una nueva app del gobierno. Toda persona que sea detenida cruzando ilegalmente, tendrá prohibido regresar durante cinco años, además de enfrentar cargos penales si lo hace.

Sin embargo, hasta 30 mil venezolanos, haitianos, nicaragüenses y cubanos por mes podrán ingresar a Estados Unidos para trabajar legalmente si cuentan con patrocinadores. Y hasta 100 mil migrantes de Honduras, Guatemala, El Salvador y Colombia podrán ingresar si tienen familiares que sean ciudadanos estadunidenses o residentes permanentes legales.

Los presidentes de México y de otros países boicotearon la Cumbre de las Américas, celebrada en junio en Los Ángeles, por la decisión de excluir a mandatarios autoritarios. Aun así, la cumbre concluyó con la firma de un pacto y una serie de principios que incluyeron vías legales para entrar en otros países, ayuda a las comunidades más afectadas por la migración, una gestión más humana de las fronteras y respuestas coordinadas ante emergencias.

Posteriormente, los funcionarios del gobierno norteamericano se pusieron a trabajar en las nuevas reglas de inmigración que entrarían en vigencia una vez que terminara el Título 42, con directivas que apuntaran a expandir las vías legales de entrada mientras se tomaban medidas enérgicas contra los cruces ilegales, entrelazadas con acciones de Guatemala, Ecuador y Colombia. También negociaron con México, Canadá y España para acoger a migrantes que de otro modo se dirigirían a Estados Unidos.

Guatemala y Colombia abrirán centros regionales donde las personas puedan acudir para presentar reclamos, y se abrirán hasta 100 a nivel regional. Pero Colombia y Guatemala temen que los centros puedan atraer a millones a sus costas, y otras naciones son reacias a firmar para albergar centros por ese motivo.

Mientras tanto, muchos migrantes permanecen en el limbo. La semana pasada, los defensores de los migrantes dijeron que la nueva app para solicitantes de asilo estaba teniendo problemas importantes y que las personas no podían obtener la autorización para cruzar, algunos de los cuales necesitaban desesperadamente ingresar a Estados Unidos, que fueron agredidos sexualmente o que fueron golpeados por sus secuestradores antes de llegar a la frontera.

“Comprenda que las personas están tan aterrorizadas de regresar a sus países de origen que buscan asilo, y quieren hacer esto de la manera correcta, tanto que incluso esperan una aplicación que no funciona”, explica Priscilla Orta, una defensora de los migrantes que trabaja para el grupo Proyecto Corazón. “Y eso es una lotería para sus vidas”.