Norma Lucía Piña Hernández
Norma Piña, entre la continuidad y la ruptura
Su nombramiento mereció adjetivos positivos desde todas las trincheras. Mientras en la oposición le reconocieron como una juez independiente, el oficialismo festejó el hecho histórico de que una mujer ocupe, por primera vez, la cabeza del Poder Judicial de la Federación.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El aplauso por la llegada de Norma Lucía Piña Hernández a la presidencia de la Corte impuso una tregua al ambiente polarizado de la política mexicana. Su nombramiento mereció adjetivos positivos desde todas las trincheras. Mientras en la oposición le reconocieron como una juez independiente, el oficialismo festejó el hecho histórico de que una mujer ocupe, por primera vez, la cabeza del Poder Judicial de la Federación.
Piña también resolvió una contradicción antigua dentro de la Corte, entre quienes han hecho carrera dentro del Poder Judicial y quienes, por otros méritos, accedieron desde fuera al máximo tribunal.
Ella comenzó su vida profesional como académica e investigadora dentro de la UNAM y por eso es reconocida entre quienes desarrollan la teoría y las doctrinas del derecho.
Pero luego ingresó al Poder Judicial y ascendió, escalón por escalón, hasta llegar al lugar que hoy ocupa.
Se trata, en efecto, de una mujer capaz de trascender diferencias. Hay sin embargo una fractura en la que la presidenta Piña podría quedar atrapada: el desencuentro personal y político que sostiene con su antecesor, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Como suele suceder en las relaciones humanas, las perores distancias se producen entre personas que alguna vez estuvieron muy cerca.
Cuando llegó a la Corte, en diciembre de 2015, Piña encontró en Zaldívar a un buen aliado y, una vez que él ganó la presidencia, fue la ministra que contó con su mayor confianza.
En este contexto, Zaldívar le encomendó hacerse cargo de la Unidad de Igualdad de Género de la Corte, desde dónde el máximo tribunal fijó posiciones muy novedosas.
Entre los primeros logros de esa unidad destaca el impulso que se dio para que un número grande de mujeres se volvieran jueces federales.
Pero esa virtuosa mancuerna que ambos formularon caducó a medio camino de la gestión de Zaldívar. El filósofo español José Antonio Marina dice que el mal entre los seres humanos suele ser engendrado por las expectativas no cumplidas. Solamente estas dos personas sabrán cuáles fueron esas expectativas incumplidas que, al final, los llevaron a la ruptura.
Una ruptura entre personas que ahora no debería significar discontinuidad en la conducción de la Corte. Sería lamentable que algunas de las aportaciones más relevantes de Zaldívar a las instituciones de la justicia federal fuesen desestimadas por la transición entre los mandatos.
A salvo estará, desde luego, el énfasis en la política de igualdad y género y también la conciencia sobre el daño que impone la discriminación a la justicia mexicana.
Sin embargo, cabe temer por otro de los éxitos que también obtuvo el expresidente de la Corte, a propósito de la igualdad, y que tiene que ver con el acceso a la defensa profesional y eficaz de las personas en los tribunales, independientemente de no contar con recursos económicos, culturales o sociales.
La igualdad ante la ley y ante el Estado son, desde la Grecia antigua, atributo nuclear de la democracia. Siempre cabe el riesgo, sin embargo, de que la frase anterior sea meramente retórica.
La igualdad ante la ley, por ejemplo, debería significar –de acuerdo con la Constitución mexicana– que quienes habitan en el país tengan acceso a médicos capaces de atender –con similar conocimiento y profesionalismo– a quien requiera sus servicios.
Pero en la realidad, el sistema de salud desiguala en México, dependiendo del ingreso de las personas, o bien, del sistema al que están afiliadas. Ciertamente, no es lo mismo pagar por un hospital privado que ingresar al Instituto Mexicano del Seguro Social o, de plano, ser atendido en las clínicas afiliadas al antiguo Seguro Popular o al sistema (aún incierto) que sustituyó a aquella alternativa fallida de atención médica.
Sirve este ejemplo para explicar lo que sucede en México cuando las personas se someten a las instituciones de justicia. Quien cuenta con patrimonio para contratar un despacho privado tiene mayores probabilidades de ganar un juicio, obtener un amparo o simplemente salirse con la suya, sin importar responsabilidad, mérito o razones.
En términos medievales podría afirmarse que las personas ciudadanas no poseen igualdad de armas a la hora de resolver un conflicto en el ámbito judicial. La colección de relaciones, dinero y capital cultural separan dramáticamente la suerte de las personas privilegiadas respecto de las desposeídas.
La gran reforma judicial que está pendiente en nuestro país es aquella que permitiría acotar esta brecha. Resulta en este sentido obligado reconocerle a Arturo Zaldívar lo que durante su mandato significó haber empoderado a la defensoría federal de oficio, la instancia que representa a la inmensa mayoría de personas desfavorecidas.
Echar por el cubo de la escalera este logro significaría una desgracia.
Gracias a Zaldívar el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) dejó de ser un chipote dentro de las instituciones de la justicia, o dicho en términos coloquiales, abandonó el papel de patito feo dentro de la familia.
Como no había sucedido antes, las personas que litigan desde esa dependencia lograron para sus clientes, por ejemplo, que la justicia internacional se interesara por sus casos. Destacan a este respecto las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU en materia de detenciones arbitrarias o del comité, también de la ONU, dedicado a luchar contra la tortura.
El IFDP, por primera vez, logró también llevar asuntos emblemáticos a las salas de la Corte para que, además de favorecer a las personas defendidas, se fijaran precedentes, por ejemplo, respecto a la prisión preventiva, la desaparición forzada o la discriminación de las mujeres.
Esto fue posible gracias a que, por primera vez, para las generaciones más jóvenes de abogados se volvió prestigiosa la defensoría pública, lo que a su vez implicó que una nueva camada de profesionales optase por representar a quienes, de otra manera, no tendrían derechos.
Norma Piña se caracteriza por ser una mujer reflexiva y con buen juicio. Sería deseable que esos atributos –independientemente de su relación con Zaldívar– dominen a la hora de valorar la continuidad de las políticas y las personas actualmente responsables de conducir el IFDP.
