CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–El cambio climático es un tema de la más alta importancia en la actualidad. Sabemos que si no se toman acciones urgentes desde diferentes instancias y actores, muy pronto estaremos ahondando en las graves desigualdades sociales por los efectos que este tema genera en diversos campos.

Una de las dimensiones del cambio climático, que ha sido poco observada, es el efecto diferenciado que al respecto enfrentamos las mujeres. Es decir, si bien es un tema que afecta a las sociedades en general, las desigualdades estructurales que hoy en día existen y padecemos las mujeres se ven reflejadas de forma evidente y descarnada en los efectos del cambio climático.

¿Por qué podemos afirmar el efecto negativo y desigual del cambio climático en las mujeres? La evidencia es amplia y nos sugiere cifras y datos muy indicativos:

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), las mujeres, las niñas y los niños tienen 14 veces más probabilidades que los hombres de morir en un desastre climático. Esta misma agencia sostiene que 80% de los y las desplazadas por desastres relacionados con el clima son mujeres.

La persistencia de normas sociales y culturales discriminatorias, como el acceso desigual a la tierra, al agua y otros recursos, así como la falta de participación de las mujeres en las decisiones relativas a la planificación y la gestión de los recursos y la tierra, implica que las mujeres cuenten con menos recursos para adaptarse a las condiciones cambiantes, además de invisibilizar sus importantes contribuciones para detener o mitigar los efectos de la crisis.

En el caso de comunidades campesinas e indígenas, los datos de diferentes agencias de las Naciones Unidas y del Banco Mundial apuntan que, aunque la degradación del medio ambiente tiene graves consecuencias para todos los seres humanos, son ellas las primeras en sentir los efectos del cambio climático cuando tienen que recorrer distancias cada vez más largas para encontrar las materias primas y lo que necesitan para alimentar a sus familias.

Cuando las poblaciones son desplazadas debido al cambio climático (ejemplos como las sequías en Centroamérica o el sur de África), las mujeres y las niñas enfrentan un mayor riesgo de violencia, basada en el género, en los campamentos de refugiados o desplazados internos.

El Fondo de Población de la ONU (UNFPA) encontró que la trata sexual se disparó después de que ciclones y tifones azotaran la región de Asia y el Pacífico, y que la violencia entre parejas heterosexuales aumentó durante la sequía en África oriental, las tormentas tropicales en América Latina y otros fenómenos meteorológicos extremos similares en la región de los Estados árabes.

Igualmente, de acuerdo con el PNUD, las tasas de violencia doméstica, abuso sexual y mutilación genital femenina crecieron durante largos períodos de sequía en Uganda; y la violencia contra las mujeres aumentó en Pakistán tras las inundaciones, después de los ciclones.

Incluso se tienen ya datos sobre el efecto de este tema en el matrimonio infantil, pues los extremos climáticos destruyen los medios de subsistencia y exacerban la pobreza; esto puede incentivar a las familias a casar a sus hijas jóvenes para que “haya una boca menos que alimentar”, a cambio de un precio de “la novia” o porque creen que están mejorando las oportunidades futuras de una hija. Las cifras de países como Malawi, India, Filipinas, Indonesia, la República Democrática Popular Lao y Mozambique demuestran aumentos en los índices de esta práctica.

Sobre la dimensión de la inseguridad alimentaria, hoy podemos sostener que la pérdida de cosechas debido al cambio climático afecta en general la salud de las personas y también puede afectar la salud sexual y reproductiva. Un estudio determinó que después de ciertos impactos, tales como la falta de alimentos, las mujeres de Tanzania que trabajaban en la agricultura pasaron a tener relaciones sexuales transaccionales para sobrevivir, lo que dio lugar a mayores tasas de infección por el virus del VIH.

Sobre el acceso y tenencia de la tierra, y para el caso de los países en desarrollo, las mujeres representan 45% de la mano de obra agrícola y el porcentaje aumenta a casi 60% en algunos países de Asia y África, de acuerdo con datos recientes de la FAO.

Aún más: como se lee en el estudio Mujeres, derecho y empresa, del Banco Mundial, muchas economías no reconocen su derecho a la propiedad. De hecho, poseen menos de 10% de la tierra, según la ONU. Además, para muchas de ellas el trabajo en el campo no es remunerado.

La Iniciativa Global para los Derechos Económicos Sociales y Culturales (­GIESCR) ha publicado recientemente un informe donde señala además la situación de grave riesgo a los derechos humanos de las mujeres que las “soluciones” a la crisis climática presentan, en especial durante la transición energética, desde la extracción de los minerales de los que dependen las tecnologías de energías renovables, hasta la construcción de la infraestructura para la generación y distribución de energía y su comercialización para usos domésticos.

La información recolectada señala que los proyectos de energía renovable impulsados no sólo no están atendiendo deudas históricas, como la pobreza energética de las mujeres, sino que al replicar las prácticas de despojo y violación a los derechos humanos de la industria de energías fósiles, agrava su situación ya crítica, limitando su acceso a recursos y territorios.

Los datos y los estudios suman y siguen. La evidencia ya no deja lugar a dudas: las mujeres padecemos un efecto diferenciado por las consecuencias del cambio climático. Desde tiempos ancestrales las mujeres hemos protegido el medio ambiente. Hoy, frente a su destrucción, las mujeres llevamos la peor parte; sin embargo y como siempre, somos las mujeres quienes construimos la defensa del medio ambiente, desde el litigio contra las grandes corporaciones hasta las propuestas de reparación y mitigación frente a la debacle.

El reto será construir las alianzas suficientes para hacernos escuchar y no morir en el intento.  l

*Directora ejecutiva de Prodesc

Este análisis forma parte del número 2389 de la edición impresa de Proceso, publicado el 14 de agosto de 2022, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.