CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–La reciente detención de Rafael Caro Quintero, quien se presume fue el autor intelectual del agente de la DEA Enrique Camarena, adscrito al consulado de Estados Unidos en Guadalajara, en 1985, ha puesto al día una vieja historia que involucra a Manuel Bartlett, ahora director general de la Comisión Federal de Electricidad y autor/promotor de una transformación de los fines y de los medios de los recursos naturales de los mexicanos que ha generado una de las mayores batallas mediáticas de que se tenga memoria en el México contemporáneo en donde están en juego dos modelos de nación.

La versión que involucra a Manuel Bartlett en el homicidio del agente de la DEA carece de lo que se denomina apariencia de buen derecho. Vamos, no hay, de entrada, ninguna orden de detención emitida por un juez federal de Estados Unidos y, por ende, jamás se ha pedido al gobierno mexicano que detenga y extradite a Bartlett por los supuestos delitos que sus malquerientes le han querido endilgar. Cualquiera debe saber que toda persona cuenta con un derecho humano denominado presunción de inocencia como lo dispone el artículo 20, apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por varios años se le ha vulnerado este derecho fundamental a Bartlett por razones ajenas al derecho y más bien relacionadas a la inquina política e ideológica.

Y es que las cosas no son para menos. La narrativa contra el actual director de la CFE es, en verdad risible. ¿Alguien se imagina que el secretario de gobernación de México, especialmente cuando tenía el mayor cúmulo de atribuciones legales, personalmente iba a estar físicamente para participar en la tortura de un agente de la DEA, no del director o de un alto cargo, sino de un agente operativo junto con el secretario de la Defensa Nacional y el gobernador de Jalisco? Ese guion es tan insostenible como los de las películas de Juan Orol, dignas piezas del humor involuntario del cine mexicano de los 60´s. Y si lo anterior no fuera suficiente, los acusadores no eran precisamente personas de reconocida calidad moral, sino ¿casualmente? personas vinculadas al crimen organizado en el papel de testigos protegidos de la DEA que nunca presentaron denuncia alguna ante la autoridad competente como lo ordena el Código Penal. Si esta versión hubiera tenido sustento ¿no se le ha ocurrido a alguien que al expresidente Carlos Salinas quien, sea como fuere, es un hombre brillante, hubiera podido aprovechar esa circunstancia para deshacerse de Manuel Bartlett cuando tuvo todo el poder para hacerlo?

En fin, esa especie no tiene mérito jurídico alguno y sí mucho de morbo y de ser ahora utilizado como herramienta política para intentar, una vez más, descreditar a Bartlett porque, como es de conocimiento público, no llegó a dirigir la CFE para ser un funcionario más, sino para hacer un reajuste de fondo en donde él tiene la convicción de que se está haciendo para que el interés nacional y el derecho caminen por el mismo sendero. No es fácil desandar el camino andado en materia de energía; antes bien, es difícil y sinuoso. Pero Bartlett está ahí para hacer diferencia y enfrentar, por supuesto, todas las resistencias a ese cambio, que anímicamente se ha internalizado en gran parte de la población. Pero no se ha podido comunicar de mejor manera en otros sectores de la comunidad en medio de una campaña sucia, en un ejercicio intensivo de posverdades y de afirmaciones convenientes y silencios oportunos de quienes se habían venido beneficiando con el sistema actual. No veo elemento alguno que Bartlett sea llamado a testificar o a enfrentar un juicio y no por una defensa presidencial, sino simple y sencillamente porque no hay materia. A otra cosa.

@evillanuevamx

ernestovillanueva@hushmail.com

Este análisis forma parte del número 2386 de la edición impresa de Proceso, publicado el 24 de julio de 2022, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.