CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN, aseguró que la licencia de separación del gobierno de Sinaloa que solicitó Rubén Rocha Moya tras la acusación de Estados Unidos, no resuelve la crisis de violencia en la entidad, por lo que insistió en la desaparición de poderes en ésta.

El líder panista aseguró que las acusaciones formales que el miércoles 29 de abril presentó una autoridad judicial de Nueva York, Estados Unidos, contra Rocha Moya y otros funcionarios por delitos relacionados con el narcotráfico “confirman una situación que durante años fue advertida y que hoy adquiere una dimensión institucional”.

En un comunicado, añadió: “Es lamentable que investigaciones de esta magnitud provengan de otro país antes que de nuestras propias autoridades. Esto cambia completamente la dimensión del problema: ya no hablamos solo de corrupción, sino de la posible distorsión de un proceso democrático mediante la participación de grupos criminales”.

El exlegislador advirtió que uno de los elementos “más delicados” es que las acusaciones plantean la posible intervención del crimen organizado en el proceso electoral de 2021, cuando Rocha Moya ganó la gubernatura con la bandera de Morena.

??Insistimos en la desaparición de poderes en Sinaloa, por el bien de las familias sinaloenses. pic.twitter.com/AHCHDJ2XQh

— Acción Nacional (@AccionNacional) May 3, 2026

Por esa razón, dijo que el Senado de la República “debe evaluar de manera inmediata la desaparición de poderes en la entidad, como un mecanismo constitucional para restablecer el orden ante situaciones extraordinarias”.

Entonces, Romero Herrera lanzó la advertencia: “Que el exgobernador Rocha haya pedido licencia no resuelve el problema, en tanto que no se tomen medidas contundentes para combatir la delincuencia y el crimen organizado en Sinaloa”.

Acción Nacional, siguió, “continúa insistiendo en la desaparición de poderes en esta entidad como medida para, verdaderamente, ir solucionando la crisis de inseguridad que vive ese estado de la República y darle a las familias sinaloenses mejores condiciones de vida”.

El exjefe delegacional en Benito Juárez, Ciudad de México, aclaró que ésta no es una “medida extrema, sino una respuesta necesaria frente a una crisis que ha rebasado a las autoridades locales. Sinaloa y su gente merecen un gobierno que sí vea por ellos, y no por los criminales”.

Consideró que “México no puede permitir que quienes tienen la responsabilidad de combatir al crimen organizado estén bajo sospecha de vínculos con él”.

Por el contrario, añadió, se debe garantizar el Estado de Derecho y la seguridad de los ciudadanos.

"Defender el Estado de derecho, la transparencia y la rendición de cuentas es defender a México. Ante esta grave afrenta al bienestar y la integridad de las familias sinaloenses, Acción Nacional no dejará de insistir en que merecemos algo mejor que la supuesta transformación que ofreció un movimiento que ha destruido todo a su paso", dijo.