CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–Originaria de México o en tránsito por nuestro país, la paradoja del muy grave escenario de la niñez migrante consiste, de un lado, en sus críticas y precarias condiciones y, del otro, en que dispone de un marco jurídico con amplias bases para su debida atención mediante la intervención de los sistemas nacional y estatales del DIF y, además, mediante la incidencia de las procuradurías federal y estatales de protección de niñas, niños y adolescentes. Es decir, mientras las condiciones cotidianas de la niñez migrante son muy severas, crueles en múltiples ocasiones, al lado existe un entorno jurídico e institucional que ha sido construido para su protección, siguiendo un formato notablemente positivo, dedicado explícitamente a esa tarea.

Muchas cosas no funcionan, evidentemente, para que pueda existir el contraste anterior. En parcial descargo del marco institucional, puede reconocerse que parte importante del problema es el escenario de clandestinidad de la niñez y adolescencia en tránsito, habitualmente sometida a las redes del tráfico de personas.

Otra parte del problema recae en la capacidad operativa de los sistemas DIF y de las procuradurías para procesar el interés superior de cada niño o niña, lo cual es todavía un propósito por cumplir, pues hasta ahora tiene resultados mínimos. Lo habitual es que elaboren respuestas genéricas que terminan justificando la repatriación de los menores, lo cual es particularmente crítico para la niñez no acompañada. De hecho, entre nuestras deficiencias injustificables está la carencia de instrumentos básicos, como un sistema nacional de información con diseño apropiado para la identificación, evaluación y seguimiento del interés superior de la niñez migrante, caso por caso.

En lo que corresponde a la niñez migrante mexicana, su propia movilidad describe condiciones sociales desde el origen que en la práctica anulan todos sus derechos. El simple distanciamiento de una vivienda, del hogar y familiares, de su comunidad, de su formación escolar, entre otras disrupciones, conforman un cuadro de drásticas violencias contrarias a sus derechos esenciales. Encontrar nuevamente un adecuado rumbo de vida es imposible durante el proceso migratorio e incierto en el desenlace. Debido a estas condiciones, la niñez migrante, especialmente la no acompañada, configura el pináculo de nuestros fracasos sociales y de gobierno que debiéramos hacer visible para impulsar medidas alternativas.

La niñez migrante no acompañada en tránsito por México en sí misma constituye un cuadro dramático, tanto como lo es el panorama de la niñez mexicana. Entre enero y mayo de 2022, considerando a las niñas y niños no acompañados que fueron captados por la patrulla fronteriza de Estados Unidos en su frontera sur, los datos son apabullantes: casi 62 mil menores durante ese periodo. De Guatemala provino 38.9% de ese total; de Honduras, 23.5%; de México, 20.9%; de El Salvador, 10.5%; y de otros países, 6.1%.

El caso de Guatemala es particularmente doloroso: del total de la población guatemalteca en tránsito por México, cerca de 25% es niñez no acompañada, conforme al conjunto que logra alcanzar la frontera de Estados Unidos. ¿De qué tamaño es la crisis social del país vecino del sur para que tantos niños y niñas se incorporen al flujo migrante, en condiciones tan severas?

Ahora bien ¿cómo han operado los sistemas DIF nacional y estatales ante el enorme desafío de la niñez migrante no acompañada, particularmente? A juzgar por los presupuestos recientes, la respuesta es muy clara: con abundancia de recursos. Entre septiembre de 2021 y junio de 2022 el DIF nacional hizo un milagro financiero pues transfirió a 28 sistemas estatales la cantidad de mil 576 millones de pesos. La experiencia es inédita, excepcional, y supera muchísimas veces el presupuesto anual del DIF.

Algunos estados recibieron grandes cantidades, otros muy poco dinero, como puede confirmarse en el Diario Oficial de la Federación. El caso de Chiapas es particularmente notable debido al contraste entre la precaria situación de la niñez migrante y la disponibilidad de recursos por el sistema estatal DIF y los municipales: hasta el momento han recibido 488.2 millones de pesos, que aún no se reflejan en un cambio operativo en su misión de protección de la niñez. Otros estados que también recibieron cantidades importantes son Baja California, con 163.4 millones; Tlaxcala, 160 millones; San Luis Potosí, 100 millones; Nuevo León, 72 millones; Michoacán, 72 millones; Sinaloa, 60 millones; Tabasco, 57 millones, entre los principales receptores. Del otro lado de las cifras, Colima apenas recibió 3.6 millones, y Aguascalientes, 4.3 millones. ¿Estarán los sistemas DIF haciendo un ahorro para un destino ajeno a la protección de la niñez migrante?

No habíamos tenido en México un escenario tan contrastante como el anterior, con un monto de presupuesto muy significativo dedicado a la niñez migrante y, del otro lado, procesos migratorios de niñas y niños en condiciones que hieren sus derechos más elementales, particularmente cuando se trata de no acompañados. Hasta el momento, ambos extremos de nuestra realidad parecen dos mundos que no terminan por encontrarse, pese a la precariedad de unos y la abundancia de otros. No obstante, sobre todo, que unos fueron creados y reformados explícitamente para proteger a las y los otros, las niñas y niños migrantes. Quede claro que la persistencia de su desencuentro lastima, hiere aún más a quienes ya sufren el arrebato de sus derechos y que son los más vulnerables en todos los sentidos del término. 

*Profesor PUED/UNAM. Excomisionado del INM.

Este análisis forma parte del número 2385 de la edición impresa de Proceso, publicado el 17 de junio de 2022, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.