CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–En estos días la holgada vida de los exmandatarios Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto ha puesto, de nueva cuenta, el tema de las pensiones expresidenciales en la agenda de la discusión pública. Por la razón anterior hay que hacer un ejercicio de ayuda de memoria sobre la experiencia mexicana en ese aspecto. Veamos.

Primero. En México los expresidentes de la República gozaron de cuantiosos recursos económicos de manera vitalicia con base en el acuerdo presidencial 7637 del 25 de noviembre de 1976, donde se les asignaban 78 oficiales, 22 de la Armada de México, 11 de la Fuerza Aérea y 45 del Ejército, entre ellos un general de división. Ese acuerdo tuvo dos deficiencias técnicas que lo hacían inválido: no fue firmado por el presidente de la República (a pesar de ser un acuerdo presidencial), sino por los entonces secretarios de Marina y de la Defensa Nacional, Hermenegildo Cuenca Díaz y Luis M. Bravo Carrera, y no fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), sino registrado en la desaparecida Secretaría de la Presidencia. De igual modo, el acuerdo presidencial 2763-BIS, del 31 de marzo de 1987, ampliaba los apoyos a los expresidentes con 25 servidores públicos, adicionales a los 78 oficiales, sueldo equivalente al de secretario de Estado con mayores ingresos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, de manera vitalicia, seguros de gastos médicos mayores para el beneficiario su cónyuge y sus hijos. El acuerdo de referencia no fue firmado por el presidente Miguel de la Madrid, sino por el titular de la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto Carlos Salinas de Gortari, y tampoco fue publicado en el DOF. Durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón se ampliaron y fortalecieron los apoyos expresidenciales.

Segundo. El último día de su mandato, el 30 de noviembre de 2012, Felipe Calderón emitió un decreto para reformar y ampliar diversas disposiciones del Reglamento del Estado Mayor Presidencial: a) Por un lado eliminó el número máximo de efectivos de las Fuerzas Armadas no sólo a los expresidentes, sino a su familia, sin señalar si se trataba de la familia nuclear o ampliada, quedaba a la buena voluntad del beneficiario a partir del propio Felipe Calderón, no incluía expresamente a los demás expresidentes; b) Se señalaba que los expresidentes podrían atenderse en el Hospital Central Militar. Esta decisión fue a mi juicio un exceso que no tiene parámetro en la experiencia comparada. En nuestro libro Los parásitos del poder. Cuánto cuesta a los mexicanos mantener los privilegios de los expresidentes (México, Proceso, 2015, se hace un estudio exhaustivo sobre el tema con un ejercicio de derecho comparado donde se revisaron 20 países de los cinco continentes sobre apoyos a extitulares del Poder Ejecutivo Federal o equivalentes. Baste decir que en Estados Unidos la pensión expresidencial es sólo por 10 años y asciende a 7.8 sueldos mínimos mensuales de ese país. En México era vitalicia y con percepciones de varios cientos de salarios mínimos mensuales, lo que era un verdadero exceso.

Tercero. Esta irregularidad ya se había advertido por algunos legisladores que proponían acotar o suprimir esos privilegios expresidenciales. Entre 2002 y 2011, por citar sólo dos ejemplos relevantes, el entonces senador Óscar Cantón Zetina proponía regular, transparentar y acotar los apoyos a los expresidentes. También se encuentra la iniciativa de la entonces diputada federal Valentina Batres Guadarrama, quien proponía eliminar los seguros de gastos médicos mayores y que los servicios médicos se prestaran por el ISSSTE y se acotara sustancialmente el apoyo a exmandatarios. El 5 de noviembre de 2018 se publicó en el DOF la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que eliminó las pensiones expresidenciales y que se mantiene con su reforma de 2021. Hoy las pensiones de quienes prestan sus servicios en el sector público están sujetas a lo que establece la ley, sin hacer excepciones a los expresidentes. En la experiencia comparada existen ciertamente pensiones expresidenciales, pero distan muchísimo de los montos, los beneficios agregados y de seguridad que existían en México hasta 2018. Hay un dato que resulta interesante: a mayores índices de pobreza y de falta de educación de un país, mayores son los beneficios que reciben sus exgobernantes. En México, con la difusión de los  excesos de esta figura que alcanzó a ser la más generosa del mundo, no creo que alguna encuesta reflejara que los votantes de México apoyaran plasmar en la ley una discriminación positiva a un extitular del Ejecutivo federal para que por seis años de trabajo tuviera una remuneración mayor a la que recibe el grueso de quienes cotizan en el ISSSTE. Será costoso políticamente abanderar la causa de regresar a la vida jurídica las pensiones ­expresidenciales. 

@evillanuevamx

ernestovillanueva@hushmail.com

Este análisis forma parte del número 2379 de la edición impresa de Proceso, publicado el 5 de junio de 2022, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.