CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Quieren hacernos creer que, igual que el colesterol, hay neoliberalismo malo y también del bueno. Mientras el primero lo representan quienes no colaboran con la autonombrada Cuarta Transformación, el neoliberalismo bueno es cómplice y entusiasta aliado del proyecto político de Andrés Manuel López Obrador.

En un formidable libro publicado hace unos años, El Pueblo sin atributos: la secreta revolución del neoliberalismo, la filósofa Wendy Brown define al neoliberalismo con criterios menos arbitrarios. Refiere a una ideología interesada solamente por los atributos económicos de la persona, que desprecia cualquier otra seña de su identidad: cultura, historia, espiritualidad, arte, valores, ideas, entre otras características que, no obstante, también forman parte de la complejidad del ser humano.

En otras palabras, el neoliberalismo destila la naturaleza humana hasta convertir a las personas en meras consumidoras o productoras, trabajadoras o empleadoras, oferentes o demandantes de bienes y servicios. De ahí que esta ideología sea miope respecto de toda consideración distinta a la producción de riqueza, su acumulación y la lealtad a las premisas que la sostienen.

Siguiendo la definición de Brown, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador estaría construido sobre alianzas neoliberales que son presentadas como benévolas y sin embargo hacen tanto daño como cualquier otra expresión de ese credo.

Entre esas alianzas destaca la relación que la Cuarta Transformación sostiene con empresarios indiferentes a todo aquello de lo humano que no pueda traducirse al lenguaje de la economía.

Un ejemplo destacado de estas alianzas es el ingeniero civil Daniel Chávez Morán, fundador del grupo empresarial Vidanta. Este hombre es integrante del selecto grupo de personas que conforman el Consejo Asesor Empresarial del presidente de México. Fue uno de los poquísimos individuos elegidos para acompañar a López Obrador a la Casa Blanca para cenar con Donald Trump en julio de 2020.

Días después, este magnate hotelero recibió el título “honorífico” de supervisor personal del mandatario mexicano para la obra de Tren Maya. Coincidentemente, KEI Partners, una empresa propiedad de sus hijos Érika e Iván Chávez, que presta servicios a Vidanta, cuenta entre sus empleados a José Ramón López Beltrán, primogénito del mandatario mexicano.

Tales credenciales han salvado a Chávez y sus empresas de ser acusados como neoliberales y, sin embargo, utilizando criterios menos caprichosos, como los propuestos por la filósofa Brown, son practicantes rigurosos de esa ideología.

Cuando López Obrador nombró a Daniel Chávez como su supervisor personal en la obra del Tren Maya, lo instruyó para que vigilara “que los empresarios constructores no retrasen (las obras) ni inflen los presupuestos asignados”.

En contraste, no le encargó que buscara la armonía de este megaproyecto con el entorno, tampoco que velara por el patrimonio natural o cultural de la península de Yucatán o que promoviera el diálogo con las personas que habitan la zona.

Lo único relevante, tanto para el mandatario como para su representante, fue el atributo económico –desarrollista– del tren. Esa visión de las cosas es ideológica, es neoliberal y no es buena.

Descontentas con la revolución neoliberal, otras voces han venido ganando tono y potencia para señalar la miopía que prevalece en el proyecto. Coinciden en su preo­cupación quienes conjuran la afectación al patrimonio histórico y también aquellas personas que han exhibido el daño que podría causar contra la naturaleza.

El llamado tramo 5 de esa obra, que iría de Cancún hasta Tulum, ha despertado las preocupaciones más graves, porque está a punto de arrasar con vestigios muy importantes de las poblaciones mayas que hace siglos quedaron sepultados bajo la selva. Cada día se suman más arqueólogos y antropólogos poseedores de un criterio ético independiente para denunciar esta realidad.

La revista Proceso (2372) publicó los argumentos del antropólogo social Juan Manuel Sandoval, quien advierte que esta obra está arrasando con decenas de miles de monumentos que van desde grandes estructuras hasta piezas de talla pequeña. También reclamó la negligencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) a la hora de proteger el patrimonio potencialmente afectado.

Se suma en este mismo sentido la espeleóloga Ainat Gaia, quien advierte sobre la destrucción de la cueva conocida como El Escondrijo, donde se encuentran vestigios ceremoniales muy antiguos. En la misma hebra adelanta el riesgo al que está siendo sometida una vasta región donde hay restos de pirámides, templos y viviendas edificadas hace varios siglos (Reforma 27.04.22).

Desde el lado de la defensa al patrimonio natural se reclama como alarmante la afectación al manto acuífero, los ríos subterráneos, las cuevas y los cenotes que están ubicados bajo el mismo recorrido planificado para el tren. Esa afectación tendría implicaciones irreversibles para la flora y la fauna.

Originalmente el tramo 5 del Tren Maya iba a construirse a un lado de la carretera Cancún-Tulum, bajo la línea de alta tensión propiedad de la Compañía Federal de Electricidad. Pero la obra fue modificada cuando empresarios muy influyentes del sector turístico se quejaron ante López Obrador, argumentando que esos trabajos iban a afear el acceso a sus hoteles.

El principal vocero de estos intereses fue el supervisor presidencial, Daniel Chávez Morán, cuyo grupo empresarial opera más de 30 resorts de lujo en territorio mexicano, entre los que sobresalen aquellos que se verían afectados por la construcción de la obra del tramo 5.

En la fábula política contemporánea Chávez Morán sería un neoliberal bueno, mientras que buzos, activistas, artistas, ambientalistas, arqueólogos y un largo etcétera de personas preocupadas por la negligencia de esta megaobra para con el patrimonio del país han sido acusados de haberse formado en las filas del neoliberalismo malo.

Una narración al revés, que por obra del poder es capaz de tergiversar los términos, pero no las realidades. Por lo pronto, Daniel Chávez Morán, en tanto que supervisor máximo de la obra y amigo personal del mandatario, debería rendir cuentas por tráfico de influencias y conflicto de interés.