El documento La construcción del Tren Maya y la destrucción de patrimonio arqueológico en la península de Yucatán es obra del antropólogo social Juan Manuel Sandoval. Lo hizo para justificar la denuncia que presentó con varios colegas ante el fiscal Alejandro Gertz Manero, por “presunta destrucción de monumentos arqueológicos” de los proyectos Tren Maya y Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. En entrevista, desglosa la investigación –fruto del recorrido– con un grupo de colegas, a lo largo de 4 mil kilómetros en el sureste del país.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La creación del Tren Maya ha arrojado el hallazgo de miles de monumentos arqueológicos, pero ha provocado al mismo tiempo la pérdida, destrucción y saqueo de un número indeterminado de bienes por parte de las empresas constructoras y sus trabajadores, compañías turísticas e inmobiliarias, e incluso pobladores que para vender sus parcelas prefieren dejarlas sin vestigios.

Estos hechos resumen un balance que el doctor en antropología social Juan Manuel Sandoval Palacios ofrece a Proceso, dentro del trabajo “Espacios globales para la expansión del capital transnacional en el continente americano”, y del Sistema Institucional de Proyectos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Ello, luego de haber recorrido con un grupo de colegas 4 mil kilómetros por el Corredor Interoceánico en los estados de Veracruz y Oaxaca, e igual cantidad por la ruta del Tren Maya en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Vía Zoom, el investigador de la Dirección de Etnología y Antropología Social (DEAS) de dicho instituto explica que el extenso y acucioso trabajo tuvo por objeto fundamentar la denuncia de hechos que presentó el 15 de mayo de 2020 ante la Fiscalía General de la República (FGR), debido a la “presunta destrucción de monumentos arqueológicos” por los proyectos Tren Maya y Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (https://www.proceso.com.mx/nacional/2020/5/18/investigadores-denuncian-ante-fgr-posible-dano-al-patrimonio-por-tren-maya-243101.html).

Tal denuncia la hizo con el historiador Felipe Echenique y el respaldo de un grupo de investigadores del mismo instituto. El recorrido intenta demostrar con hechos que su denuncia tiene razón de ser.

Respaldado en la noción de compromiso, argumenta que la Ley Orgánica y otros lineamientos legales del INAH les facultan como investigadores para el trabajo de conservación del patrimonio histórico, arqueológico y paleontológico.

En ese sentido, al conocer el proyecto Tren Maya, el grupo planteó la necesidad de conocer sus rutas, impactos sobre las comunidades y sobre el patrimonio, aunque el flujo de información era muy lento. Y va más allá:

“Pienso que el INAH fue ­considerado muy tarde para su inclusión: las empresas a las cuales se dieron las concesiones comenzaron a trabajar sin la presencia de arqueólogos, cuando se supone que siempre debe haberlos. Es un desfase muy importante porque el instituto es por ley el garante del patrimonio.”

La situación los llevó a presentar la denuncia ante el fiscal Alejandro Gertz Manero, quien fue coordinador jurídico del INAH hace décadas, y a realizar el trabajo de campo que les permitiera corroborar la destrucción.

Como resultado, elaboró el informe La construcción del Tren Maya y la destrucción de patrimonio arqueológico en la península de Yucatán, publicado en el Cuaderno de Trabajo Número 3 del Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras, en febrero pasado. Y es que entre los problemas del Tren Maya no sólo está la cuestión ambiental: la península de Yucatán tiene una densidad importante de monumentos arqueológicos, marcados en mapas de registro, pero el tren pasará por sitios no registrados.

“Se argumentaba que como ya había un derecho de vía, sobre todo en el tramo de Palenque (Chiapas) a Yucatán, no habría afectación, pero hemos visto que sí, no solamente de las empresas, sino de la misma gente de las poblaciones. Se han afectado decenas de miles de monumentos que van desde grandes estructuras hasta piezas pequeñas, así se define un monumento.

“Entonces imagínate, si eso ocurrió en un lugar donde ya había derecho de vía donde no existía ferrocarril, como es el caso de Mérida a Cancún y luego a Tulum, Chetumal y de ahí a Escárcega…”

Recuerda que incluso se modificó la ruta de Valladolid a Tulum, para no pasar por la zona arqueológica de Cobá. En el informe, el arqueólogo José Manuel Ochoa informa que desde 2019 las empresas comenzaron a trabajar sin acompañamiento del INAH porque el Fonatur (Fondo Nacional de Fomento al Turismo), responsable del proyecto, no hizo los trámites para ello. E informó que en enero de 2020 “le habló su jefe” para decirle que “le habían llamado de México para que colaboraran, pues Fonatur ya había metido su solicitud al INAH”, entonces hizo su proyecto y la Coordinación Nacional de Arqueología se lo aprobó.

Destrucción impune

Sandoval dice conocer muy bien la región porque desde hace décadas ha trabajado ahí, estuvo en el Valle Yohaltún, en Campeche, y fue parte del grupo que logró la ampliación de la reserva de Calakmul. Colaboró también la doctora Alicia Bárcena, ahora exsecretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina. En esa zona se está trazando tanto la línea del ferrocarril como el derecho de vía de torres de alta tensión.

“Ya hicimos todo un recorrido tanto a los lados de la carretera, como bajo las líneas de alta tensión. Existe una gran cantidad de bienes arqueológicos, algunos registrados pero muchos no. Ha habido destrucción de muchos monumentos. Ya de por sí estaba destruida una buena parte, cuando se hizo la carretera Escárcega-Chetumal a principios de los años setenta, no hubo una vigilancia y pasaron por importantes zonas arqueológicas.”

El informe muestra que ahora se repite el hecho y se suma el saqueo. Menciona como ejemplo la comunidad de Xpujil, Campeche, donde se construyó una nueva terminal de autobuses ADO destruyendo una estructura prehispánica. Según el documento, en junio de 2021 el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó dicha población y ofreció abastecimiento de agua y apoyo para construir instalaciones acordes a “la importancia del Tren Maya”. Instó a tirar las anteriores edificaciones, Palacio Municipal, biblioteca (no obstante que era reciente) y mercado. Las autoridades municipales “siguieron las órdenes al pie de la letra” y derribaron también una estructura piramidal ubicada junto a la biblioteca.

Un caso “más grave” ocurrió en el ejido de Laguna Om, a 30 kilómetros de Xpujil, en la zona arqueológica de Chakanbakan, a cargo desde hace 20 años del doctor Fernando Cortés de Brasdefer: Cuando los pobladores supieron que pasaría el tren, plantearon al entonces director de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, abrir la zona arqueológica al público y donar los terrenos necesarios para la construcción de una estación.

Se acordó con el propietario de una parcela, a quien se daría a cambio un terreno en otro lugar, y se abrió un camino de terracería de casi 2 kilómetros de longitud desde la carretera Chetumal-Escárcega hasta el área de monumentos arqueológicos:

“Los trabajos fueron hechos con un Bulldozer y sin consultar al INAH, el acceso fue abierto a partir de la carretera federal, y al llegar a la zona arqueológica atravesaron el polígono que la delimita, derribando cientos de árboles de los más de 36 mil que habían sido plantados hace 20 años por el doctor Cortés de Brasdefer (…) también destruyeron una mojonera y 20 estructuras arqueológicas (registradas o no), algunas de las cuales fueron saqueadas.”

Chakanbakan, describe el documento, es una de las zonas más importantes de la región, aunque no está abierta al público. Tiene más de 30 kilómetros de extensión y rodea varias lagunas. “Tiene la acrópolis más voluminosa y extensa” de los sitios descubiertos en los cinco países que conforman el área Maya, y en su templo principal, Nohochbalam, el arqueólogo Cortés descubrió 14 mascarones gigantes, algunos hasta de tres metros de alto por seis de ancho, que “muestran la fusión de las culturas Olmeca y Maya”.

Los ejemplos abundan en el informe de 75 páginas. En la conversación con este semanario, Sandoval refiere que muchos campesinos o ejidatarios, al saber que el tren pasará por sus parcelas, las venden o aprovechan para hacer tiendas, hotelitos o lo que sea, pero destruyen monumentos arqueológicos para no tener problemas con el INAH. Incluso hay denuncias de trabajadores de centros INAH, entre ellos el de Campeche, donde les avisaron que un campesino estaba destruyendo un monumento, visitaron el lugar y lograron detenerlo, pero al regresar a otra inspección ya no quedaba rastro del vestigio.

“Hay una situación grave, no es que el tren esté pasando encima de los sitios, va a pasar por donde ya fueron destruidos”.

El mismo cuento

–En su informe usted pone en cuestionamiento la idea de “desarrollo”, de llevar el tren a las comunidades y ofrecer un medio de transporte para la gente y sus mercancías a costos accesibles. Se ha dicho que toda infraestructura pondrá en riesgo el patrimonio arqueológico y que es fácil criticar un proyecto cuando no se tienen carencias… ¿puede haber un punto medio?, ¿cuál es la realidad para las comunidades?

–Por supuesto que se requeriría de una cuestión intermedia. Estamos claros que es una zona castigada históricamente, sobre todo en el sur de la península porque fue donde se llevó a cabo la Guerra de Castas y como castigo histórico los gobiernos nunca llevaron la posibilidad de un desarrollo. Conozco la región desde los años setenta, poco después de la construcción de la carretera Chetumal-Escárcega, es la famosa zona maya rebelde, ahí está Carrillo Puerto, etcétera.

Desde la carretera no se ha hecho infraestructura y por supuesto se requiere apoyo para las comunidades. Comenta que el año pasado estuvieron en la ceremonia de la Cruz Parlante (cuando López Obrador pidió perdón a los mayas) y Fonatur ofreció arreglar un cenote a cambio de que la comunidad abra su centro ceremonial al turismo, y advierte.

“Lo que buscan es comercializar aspectos que han sido sagrados para las comunidades… Y lo que nosotros cuestionamos es que ese desarrollo va a beneficiar mayoritariamente al gran capital y está afectando ya a muchas comunidades.”

Afirma que desde luego hay muchas comunidades que apoyan la creación del tren y están en su derecho. Lo que se plantea en el informe es que el desarrollo debe ser muy claro, considerar realmente a las comunidades, pero hasta en la consulta que por ley debían hacerles hubo irregularidades señaladas por la ONU. Pone como ejemplo también que el Programa Sembrando Vida, que se supone es para ayudar, obliga a los ejidatarios a sembrar árboles maderables, quienes tienen huertos deben derribarlos para poner ese tipo de árboles:

“Quiere decir que los beneficiarios serán las empresas madereras y los campesinos sólo reciben un salario por mantener las parcelas. Algunos pobladores han tumbado selva para contar con hectáreas y entrar al programa, son situaciones que generan contradicciones, división porque hay muchos intereses, y especulación de las inmobiliarias, las constructoras y los proyectos turísticos.”

Por ello insiste en que no se oponen al desarrollo de la zona, pero sí a que la derrama no beneficie a las comunidades, porque en el acaparamiento de tierras están metidos políticos y delincuencia organizada:

“Es como cuando nos dijeron que el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) sería un gran beneficio, traería inversiones al país y generaría una gran cantidad de empleos. Hablaban de que en 30 años sería la solución a la migración y por eso no se negoció ese tema. ¡Pues ya! Ya pasaron 30 años y al contrario, no hay generación de empleos, vinieron inversiones, compraron empresas que ya existían, corrieron a mucha gente, y es ahí donde cuestionamos el tipo de desarrollo.”

Continúan la migración y desplazamiento de gente, pero ahora parte de esos movimientos los suplen las migraciones centroamericanas. En la realidad, recuerda, el proyecto del Tren Maya es un reordenamiento que busca establecer bloqueos y controles para que esa migración se distribuya en la región, “ya se dijo que quieren generar empleos y se están llevando muchos centroamericanos a la construcción en el Caribe, a los servicios hoteleros, las plantaciones, las maquiladoras”.

El estudio de Sandoval abarca todos esos aspectos, el económico, antropológico, social, ambiental, además del patrimonial. Explica que el proyecto “Espacios globales para la expansión del capital transnacional en el continente americano”, en el cual se inscribe, es desarrollado por un grupo de trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), conformado por más de 220 investigadores.

Su propósito es mostrar cómo el capital trasnacional avanza en el continente “de manera brutal, llevando la destrucción”, se ve en el Amazonas con la producción industrial que devora miles de hectáreas de selva para sembrar soya o en la explotación de minas a cielo abierto.

Ahí inscriben los proyectos de la península de Yucatán y el Corredor Interoceánico, denominados Zonas Específicas de Intensa Acumulación de Capital. Son áreas en las que se crea infraestructura tanto jurídica (por ejemplo con el TLCAN o los decretos de Zona Libre) como material con la construcción de un sistema multimodal de transporte (supercarretera, ferrocarril, polos de desarrollo o renovación, modernización de puertos, distribución de hidrocarburos, parques eólicos, aeropuertos, etcétera), con el fin de atraer grandes capitales. Y se complementa con una infraestructura de seguridad y militarización.

Considera que estas zonas son parte de todo un proceso continental que data de hace décadas, en el caso de México con nombres como Proyecto Mesoamérica, Plan Puebla-Panamá (que abarca hasta Colombia) o Proyecto Mundo Maya, como lo explicó también el historiador Echenique en estas páginas (18 de julio de 2021) en el reportaje Destrucción, no impulso arqueológico maya” (Proceso 2333).

Cita al investigador William I. Robinson, miembro del grupo de trabajo, quien ha señalado la existencia de una clase capitalista trasnacional, es decir que las burguesías nacionales se unen para formar esta nueva clase y ahí están Carlos Slim, Alberto Bailleres o Germán Larrea, entre otros empresarios (https://www.proceso.com.mx/nacional/2016/12/3/contra-el-capitalismo-global-las-luchas-trasnacionales-william-i-robinson-174674.html):

“Ellos se ponen de acuerdo en sus reuniones de Davos para ver cómo van avanzando sus fases. Aquí en México, este proceso de integración del Istmo y la península de Yucatán ha sido histórico, podríamos remitirnos a la conquista, pero en la fase reciente, la del capitalismo global, busca expandirse no sólo de manera extensiva sino intensiva, penetrar también sectores como la educación –aquí no ha sido tan privatizada, pero en países como Chile o Colombia sí–, la salud, la cultura, con la idea de vender el Mundo Maya ¿verdad?”

Negligencia y omisión

Los reportes del INAH dan distintas cifras sobre los monumentos arqueológicos hallados y recuperados; se le pregunta a Sandoval si lo destruido es más que lo rescatado:

“No, nosotros no decimos eso, decimos que hay una destrucción de patrimonio, no que se destruye más de lo reportado por el INAH. Se está recuperando una gran cantidad de piezas y estructuras, pero al mismo tiempo hay destrucción de otros, pero no tenemos evidencia de que sea más.”

Lo cierto, agrega, es que muchas de las piezas recuperadas se quedan expuestas y la gente se las lleva. Lo que se destruye es evidencia muy rica, debería ser protegida por el INAH y otras instituciones.

Pero hay algo más que cuestiona y se ha venido señalando hace tiempo:

“Efectivamente se está haciendo una labor de salvamento y rescate, pero cuestionamos que este trabajo sustituya la verdadera investigación, porque un proyecto, como se hacían antes, era hacer un estudio integral del significado de una zona, como Calakmul o Tulum o el mismo sitio de Chakanbakan, donde están los grandes mascarones, y se tienen más de 20 años estudiando en la zona, para que en un momentito se haya destruido una parte de eso.”

Se ha dicho que el salvamento sólo recoge las piezas, que pueden ser desde una cuenta de collar hasta una estela, pero si se trata de una estructura se le estudia, si se le puede conservar desviando el curso de la infraestructura se hace, si no se destruye luego de su estudio.

Lo que han demandado investigadores es que no se dé prioridad al salvamento sino a la verdadera investigación, que los antropólogos, arqueólogos y otros especialistas cuenten con los recursos suficientes para hacer trabajo de campo. Actualmente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha determinado que solamente pueden salir siete días al año al campo, con viáticos. Eso los ha obligado a hacer investigación in situ con sus propios recursos. Como es el propio estudio que están dando a conocer:

“El INAH está en una situación muy precaria, eso afecta sus labores sustantivas de investigación, conservación, difusión. Creo que el salvamento y rescate es una parte muy importante, si no, todo lo que se destruiría, y qué bueno que se pueda recuperar el patrimonio y protegerlo, pero otro está siendo destruido directa o indirectamente.”

Se le pregunta para finalizar si ahora que cuentan con más evidencias ratificarán su denuncia ante la FGR. Dice que ya lo hicieron en dos ocasiones, pero hasta ahora no han recibido respuesta. En el informe se evidencia que las autoridades del INAH han sido negligentes y omisas en sus funciones, lo cual las hace cómplices de la destrucción, el saqueo y el vandalismo de bienes nacionales.

En suma, han actuado como subordinados de Fonatur, privilegiando las zona de monumentos por ser atractivos turísticos y han dejado expuestas las piezas, que “podrían terminar en subastas internacionales, como hemos visto que sucede en los últimos años”.   

Reportaje publicado el 17 de abril en la edición 2372 de la revista Proceso cuya edición digital puede adquirir en este enlace.