CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- No es el momento para que México tenga un lugar prioritario en la política exterior del gobierno de Estados Unidos. Hay problemas muy serios, externos e internos, en ese país que ocupan el centro de atención. La posición ante la invasión rusa de Ucrania y el resultado incierto para el Partido Demócrata de las elecciones intermedias, el próximo noviembre, son problemas de mayor urgencia.

Sin embargo lo que pase al sur de la frontera no puede ser indiferente. México es parte del perímetro de seguridad de Estados Unidos; es su segundo socio comercial y pieza central para las actividades de producción compartida que se dan, por ejemplo, en la industria automotriz.

Además, México se ha encargado, desde el año de 2019, de contener la migración que busca llegar a Estados Unidos por su frontera sur. Un fenómeno cada vez más complejo por las nuevas corrientes de migrantes que se han integrado al flujo y por las dificultades que se enfrentan para conceptualizar un fenómeno que difícilmente podrá manejarse bajo la premisa de que representa un peligro para la seguridad nacional estadunidense. Semejante aproximación, alentada por Trump y aceptada tácitamente por sectores demócratas, asegura que el fenómeno seguirá siendo uno de los problemas más perturbadores e insolubles para los dirigentes de ese país.

En los momentos actuales los temas que mayormente preocupan sobre lo que ocurre en México son de naturaleza muy variada. En primer lugar, la política energética del gobierno de López Obrador, cuyas propuestas al respecto entrarán pronto a discusión en el Congreso mexicano. La opinión existente en Estados Unidos fue muy bien puntualizada por la embajadora Katherine Tai, alta representante para asuntos de comercio del gobierno de Biden. En un documento fechado el 25 de marzo la funcionaria se refirió a una ­reunión que congregó a legisladores, empresarios e instituciones consagradas a la defensa del medio ambiente. En ella, informó de “las medidas tan inquietantes que se están llevando a cabo en México en el sector de la energía y sus implicaciones para los compromisos adoptados en el acuerdo México-Estados Unido-Canadá (T-MEC)”.

El documento no reflexiona sobre lo que se aprobará o no en el Congreso mexicano, sino sobre las medidas que ya se están adoptando y lo que éstas significan para la relación entre la empresa estatal, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y las empresas privadas. Lo que claramente preocupa a la representante comercial es el avance hacia un modelo económico que privilegia a la primera, discriminando a las segundas. Al hacerlo, deja a un lado, entre otras cosas, el papel que estas últimas desempeñan en la creación de energías alternativas.

En el párrafo final de su documento, la embajadora Tai insiste: “Las políticas en materia de energía en México perjudican el medio ambiente, los intereses de negocios e inversiones estadunidenses en múltiples sectores económicos y ponen en entredicho esfuerzos comunes para mitigar el cambio climático. Todo ello se toma en cuenta para determinar el cumplimiento de México con las obligaciones establecidas en el T-MEC”.

Mientras tienen lugar esos problemas en el ámbito del comercio y la inversión, otras circunstancias de carácter político han llevado a prender la alarma entre los funcionarios del gobierno y la opinión pública estadunidense. El motivo del ­desencuentro es la posición del gobierno de México ante la guerra de Ucrania.

Cierto que en el seno de las Naciones Unidas la posición de México ha sido no sólo muy clara al condenar la invasión por parte de Rusia, sino de intenso activismo. Ha correspondido al representante de México, Juan Ramón de la Fuente, junto con el representante de Francia, elaborar el proyecto de resolución que ha sido sometido a votación en el Consejo de Seguridad y, con posterioridad, en la Asamblea General condenando vivamente la invasión y exigiendo el cese inequívoco de las hostilidades.

Sin embargo, esa posición no está coordinada con lo que el presidente expresa en sus famosas mañaneras, en las que ha eludido la condena explícita de la invasión rusa y se ha pronunciado en contra de que México aplique unilateralmente sanciones económicas a Rusia.

Por otra parte, en el Congreso tuvo lugar un episodio irritante cuando la Cámara de Diputados, con la aprobación de legisladores del partido en el gobierno y ­representantes de la mayoría de partidos de oposición, ­decidió instalar la Comisión de Amistad México-Rusia. El invitado de honor fue el embajador ruso, que en un largo discurso se refirió, como era de esperarse, a la versión rusa de lo que ocurre en Ucrania.

No fue sorprendente que al día siguiente, al instalarse la Comisión de Amistad México-Estados Unidos, el embajador estadunidense, Ken Salazar, hiciera duros reclamos solicitando que México hiciese explícita su condena a las acciones de Putin en Ucrania y expresase abiertamente su solidaridad con la posición de Estados Unidos, como lo hizo durante la Segunda Guerra Mundial.

Las diferencias anteriores que dieron la nota en la prensa y redes sociales no son los únicos problemas que están presentes en la relación México y Estados Unidos. Se resiente la falta de institucionalización para conducir la relación al advertir que se decidió eliminar la Subsecretaría de América del Norte en la cancillería, se han trastocado las responsabilidades de las secretarías responsables de temas de seguridad y es difícil averiguar quiénes son los interlocutores para los temas de migración.

A todo lo anterior cabe añadir el problema del crecimiento del crimen organizado y la consiguiente violencia que permite hablar de la falta de control del Estado sobre amplios espacios del territorio nacional. Las consecuencias trascienden al país vecino, entre otros motivos por el alto número de muertos por sobredosis de droga que proviene de México. Poco se avanza en los compromisos de cooperación que se han fijado en el llamado acuerdo bicentenario para la acción conjunta en materia de seguridad.

Algunas voces de analistas y comentaristas políticos en México han sugerido la conveniencia de que el gobierno de Biden interfiera, con mayor decisión, para contribuir a detener las situaciones de riesgo presentes en México. Semejantes demandas ignoran la rapidez con la que puede gestarse un sentimiento nacionalista y antiyanqui en nuestro país que, a nombre de la defensa de la soberanía nacional, llevaría a un ambiente político poco deseable.

La mirada del vecino sobre México va acompañada de la cautela para no despertar al México de la soberanía y la no intervención. Ello no significa que no sea una mirada cada vez más atenta e interesada en identificar las líneas rojas de la llamada Cuarta Transformación que no pueden cruzarse sin provocar la abierta confrontación entre México y Estados Unidos.  l