CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El litio está de moda. Pero sin una discusión sobre sus implicaciones y viabilidad, la mayoría morenista en la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de reforma a la Ley Minera del presidente López Obrador que “estatiza” el litio.

La iniciativa que pasó al Senado de la República contempla cuatro aspectos: reconoce que el litio es patrimonio de la nación. Declara de utilidad pública la exploración, explotación y aprovechamiento del litio. No se otorgarán concesiones para estas tres actividades. Las tres cadenas de valor se administrarán y controlarán a través de un organismo público descentralizado.

El litio es un mineral estratégico para la transición energética: el cambio de sistema energético basado en combustibles fósiles, emisiones de carbono y altamente contaminante, a otro modelo basado en fuentes renovables como la energía solar y eólica. 

El litio también es estratégico para la fabricación de automóviles eléctricos y dispositivos electrónicos de alta tecnología. El principal uso del litio (39%) es para la manufactura de baterías eléctricas. Éstas se utilizan en smartphones, laptops y cámaras digitales. También para satélites y más recientemente para las baterías de los autos eléctricos, además de la energía nuclear y en medicamentos para el tratamiento de la depresión, porque el cerebro requiere de ciertas dosis de litio para no deprimirse.

Reconocer en la iniciativa que el litio es patrimonio de la nación era totalmente innecesario. El artículo 27 de la Constitución ya señala que corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales y minerales.

Declarar de utilidad pública la exploración, explotación y aprovechamiento del litio implica limitar la propiedad privada en beneficio de la colectividad. Sin embargo, la utilidad pública es el fundamento para la expropiación de un bien o recurso y requiere indemnización por mandato constitucional.

El litio será controlado por un organismo público descentralizado. Independientemente del enfoque estatista de la iniciativa, el principal despropósito de la reforma es que no se otorguen concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones para explorar, explotar y aprovechar el litio, incluso de propiedad estatal.

Las empresas públicas -controladas directamente por el Estado- que se creen para tal fin, requerirán necesariamente de una concesión para explorar yacimientos de litio y/o explotar el mineral.

El litio estaba mencionado en la reforma energética del presidente AMLO, rechazada por el bloque opositor. Los artículos transitorios de la fallida reforma constitucional señalaban que las concesiones mineras ya otorgadas por el Estado no amparaban la explotación y producción de litio. Pero aclaraba que a las concesiones ya otorgadas para exploración de litio no se les aplicaría esa restricción.

La iniciativa de Ley Minera es más radical y confusa. No habla de cancelar o retirar concesiones para exploración de litio, pero menciona la utilidad pública y que no se otorgarán concesiones.

Un documento de la Dirección General de Desarrollo Minero de la Secretaría de Economía explica que México no cuenta con ningún yacimiento de litio en explotación. Pero en Baja California, San Luis Potosí, Zacatecas y Sonora se encuentran en etapa de exploración tres yacimientos.

El Anuario estadístico de la minería mexicana 2019 detalla que en 2018 las exportaciones de litio realizadas por México ascendieron a 652 mil 472 dólares. En cambio, las importaciones fueron por tres millones 823 mil 898 dólares. Existe un déficit.

La empresa china Gangfeng Lithium opera en México y es el principal productor de litio del mundo. En 2021 adquirió la compañía inglesa Bacanora Lithium, que a su vez controla Sonora Lithium, un proyecto de arcilla de litio en ese estado de la República. En 2023 espera exportar litio a los fabricantes estadounidenses de autos eléctricos. ¿Qué pasará con esa empresa de propiedad china?

Gangfeng ha firmado acuerdos estratégicos de cooperación y contratos de suministro de litio con los fabricantes alemanes de automóviles VW, BMW y Tesla de EE. UU.

En su sitio en Internet, Gangfeng Lithium explica que “cubre una amplia franja de la cadena de suministro de baterías de litio, desde el desarrollo, la refinación y el procesamiento de recursos de litio hasta la fabricación y el reciclaje de baterías”.

México (todavía) no tiene esa capacidad y la iniciativa de reforma a la Ley Minera no viene acompañada de un plan estratégico para la exploración, explotación y aprovechamiento del litio.

El gobierno de Estados Unidos y varias empresas están invirtiendo en investigación y desarrollo de baterías recargables de litio de alta capacidad para vehículos eléctricos. Dichas baterías están en los albores de su desarrollo. Como toda tecnología emergente, requiere de cuantiosas inversiones públicas y privadas destinadas a su investigación.

Las empresas tecnológicas de EE.UU., Asia y Europa están preocupadas por la seguridad del suministro de litio. Su estrategia consiste en crear alianzas y empresas conjuntas con compañías de exploración para garantizar un suministro confiable y diversificado de litio para los proveedores de baterías y fabricantes de vehículos.

En América Latina las regiones y salares de Uyuni en Bolivia, Atacama en Chile y Hombre Muerto en Argentina son ricas en litio. Concentran entre 50 y 80% del mineral mundial. Los principales productores de litio son Chile, Australia, Argentina, China, Estados Unidos, Canadá y Zimbabwe.

El modelo más funcional es el siguiente: el litio pertenece 100% a la nación, el Estado otorga concesiones con una alta participación pública en las empresas productoras de litio, el sector privado participa activamente en asociación con el sector estatal y los ingresos estatales obtenidos de la explotación del litio se destinan directamente a educación pública de calidad, salud universal y pago de pensiones para personas vulnerables.

El problema de la exploración, explotación y aprovechamiento del litio no radica en su utilidad pública y estatización, sino en las inversiones que se requieren para desarrollar esas actividades y en la falta de visión estratégica del Estado, lo cual puede comprometer el desarrollo del mineral y México perder competitividad ante otros países que tomen la delantera en su producción.